El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, denunció el jueves por la noche haber sido víctima de un intento de envenenamiento. Su equipo halló tres sustancias químicas tóxicas en unos obsequios (unos productos de tamarindo, cacao y chocolate) recibidos durante un encuentro con agricultores la semana pasada. “Es imposible que haya sido accidental”, declaró el mandatario a la cadena CNN.
Poco antes, y tras 31 días de protestas, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) había decidido poner fin al paro nacional que se desató en respuesta a la eliminación del subsidio a los combustibles. El presidente de la organización, Marlon Vargas, anunció en un mensaje grabado el levantamiento de las movilizaciones, sin conseguir revertir la medida y sin acuerdos en las otras demandas que los llevó a las calles. “El Gobierno ha demostrado que la violación de los derechos humanos no representa un límite para sus decisiones”, sentenció.
La decisión de la Confederación de Nacionalidades Indígenas llega tras intensos enfrentamientos con la fuerza pública, la muerte de tres manifestantes y cientos de heridos también coincidió con un mensaje de Daniel Noboa. El presidente había declarado horas antes que las vías bloqueadas serían despejadas por completo, tras la ruptura del diálogo que parecía haberse conseguido el viernes pasado. Así, el país vio el regreso a la calma, pero sin perder de vista el hecho de que las tensiones políticas y sociales no desaparecen con la disolución del paro.
Aunque las protestas fueron intensas y dejaron heridas visibles en la sociedad, el impacto en la imagen del presidente Noboa fue sorprendentemente limitado. Según los últimos sondeos de la consultora CIEES, la valoración positiva del mandatario se ha incrementado en cuatro puntos desde septiembre, a pesar de la crisis. Esto se debe, en parte, a que la percepción general fue que el paro no tuvo un efecto tangible en la vida cotidiana de los ciudadanos, señala Pedro Donos, analista político.
En las calles de Quito y Guayaquil, las dos ciudades más pobladas y políticamente cruciales, los 31 días se vivieron en total normalidad. La eliminación del subsidio al diésel, que en teoría desataría una ola de descontento popular, no causó los estragos que se temían. “El transporte público no sufrió aumentos en las tarifas, lo que permitió al gobierno desactivar las movilizaciones sin los efectos que había anticipado la oposición”, añade Donoso, quien resume que el paro fue percibido como una “ficción”, una protesta desconectada de la realidad diaria del país.
Los datos del CIEES dan muestra de eso: en septiembre, el 82% de los encuestados manifestaron que la eliminación del subsidio al diésel iba a tener mucha o algo de afectación en su vida, para octubre el 54,7% afirma tener una repercusión. Para los encuestados, los principales problemas siguen siendo la violencia y la inseguridad. Y esto es porque se lo compara con las manifestaciones de los años 2019 y 2022, que también detonaron por la eliminación del subsidio a los combustibles. Esas manifestaciones duraron menos tiempo que en esta ocasión, pero lograron paralizar la capital y terminaron porque los mandatarios retrocedieron en su decisión y revirtieron el precio de los combustibles.
Respecto al apoyo o rechazo a la movilización, el estudio revela que el 44,7% de los encuestados rechazan la movilización, un 31% manifestó estar en contra por la forma y un 13,7% lo rechazó. Reconoce, sin embargo, que el Gobierno está tomando malas decisiones.
Las razones son variables y complejas, porque van desde la estructura organizativa de los movimientos indígenas, que tienen que consensuar las decisiones. En caso de que alguno no esté de acuerdo, la cadena se debilita. A eso cabe añadir las estrategias que empleó el Gobierno para neutralizar la protesta, desde geolocalizar el paro en la provincia andina de Imbabura, sin permitir que llegara a Quito, y la entrega agresiva de bonos económicos que fragmentó aún más a las comunidades indígenas y campesinas que decidieron no salir a apoyar las manifestaciones.
Desconfianza
Con el fin del paro, el presidente Noboa comienza a centrarse en su principal objetivo: la consulta popular que propone una nueva constituyente. Este proceso, que podría redefinir la estructura política del país, es visto como una oportunidad para consolidar su poder y pasar por encima de las críticas. A pesar de la desconfianza que aún existe en ciertos sectores (el 51% de los ecuatorianos sigue cuestionando su gestión), Noboa ha logrado mantener el control político, impulsado por un discurso que busca vender estabilidad y continuidad.
La estrategia del Gobierno, basada en una centralización del poder y en una narrativa en la que se presenta como el garante del “nuevo Ecuador” ha sido efectiva para suavizar la percepción de fracaso tras el paro y encaminarse a ganar la consulta popular y referendo. Según la misma encuesta, un 70% de los consultados votarán sí por la instalación de una Asamblea Constituyente aunque un 49,5% sostiene que una nueva Constitución no resolverá los problemas del país. Así, mientras la oposición sigue criticando lo que consideran una “represión” del Gobierno, la consulta popular del 16 de noviembre se erige como la próxima batalla decisiva en el horizonte político de Ecuador, con Noboa buscando capitalizar este momento de relativa calma para cimentar su proyecto de reestructuración constitucional.
