Portugal se sumará en breve a los países europeos que prohíben el uso del burka en espacios públicos, tras la aprobación este viernes en la Asamblea de la República de un proyecto de ley presentado por la ultraderecha para vetar las prendas que oculten el rostro en lugares públicos. La iniciativa ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos de derechas, que disponen de una holgada mayoría en el Parlamento, aunque ahora podrá experimentar algunos retoques en la parte final de la tramitación legislativa. En cualquier caso, el respaldo de los partidos de la coalición de Gobierno, que lidera Luís Montenegro, a la restricción le garantiza el éxito.
André Ventura, el presidente y fundador de Chega, ha celebrado en sus redes sociales la votación con entusiasmo: “Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para la defensa de nuestros valores, de nuestra identidad y de los derechos de las mujeres”. El texto presentado por la formación populista no cita expresamente ninguna prenda, pero la intención de combatir el velo integral que usan algunas mujeres musulmanas era evidente. “Una mujer obligada a usar burka o una mujer que, por su cultura, ha sido obligada a usarlo, ha dejado de ser una mujer libre e independiente y ha pasado a ser un objeto”, ha afirmado Ventura en el Parlamento.
El proyecto de ley contempla la prohibición de prendas que oculten el rostro en lugares públicos, lo que también afectará a eventos deportivos o manifestaciones. Del veto se excluirán aviones, sedes diplomáticas y consulares, así como lugares de culto o por motivos sanitarios. El texto de la iniciativa se inspira en las leyes de Francia, el primer país europeo que legisló, en 2010, contra el uso del burka en la calle. Más tarde se sumaron Austria, Bélgica y Dinamarca, y es también un objetivo del Gobierno italiano. Hermanos de Italia, el partido de la primera ministra, Georgia Meloni, presentó a principios de octubre un proyecto de ley contra “el separatismo y el fundamentalismo islámico”, que contempla multas de 300 a 3.000 euros a quienes se cubran el rostro.
La iniciativa portuguesa propone sanciones que van de 200 a 4.000 euros y distingue entre infracciones por negligencia o con intención, que tienen las penalizaciones más elevadas. Los cuatro partidos de izquierdas, que no tienen mayoría parlamentaria desde las últimas elecciones, votaron en contra del proyecto de ley, que también recibió la reprobación de dos organismos consultivos. Tanto el Colegio de Abogados como el Consejo Superior del Ministerio Público redactaron informes contrarios al considerar que el texto podría vulnerar derechos y libertades constitucionales. El Consejo Superior del Ministerio Público aseguró que atenta contra la libertad religiosa y discrimina una confesión frente a otras.
