Un pedazo de papel verde, con una frase escrita en mayúsculas, resumía esta semana los problemas de criminalidad que azotan a América Latina. Apareció en Guerrero, en el castigado litoral del Pacífico sur mexicano, pero podría haberlo hecho en realidad en Santiago de Chile, en Medellín (Colombia) o en cualquiera de los sectores de Guayaquil, en Ecuador. Era un aviso, una cuartilla pegada en esquinas y postes de luz, una amenaza a los comerciantes de un puñado de barrios, avisando de que a partir de diciembre deberán de empezar a pagar cuota. “Esta colonia tiene dueño”, concluía la advertencia, de autor desconocido.
La cuota, la vacuna, el piso, la mordida, todas variantes léxicas de la extorsión, un mal que golpea al continente como nunca antes, y que explica el presente de la región. El crimen florece en las Américas, particularmente el delito violento. La tasa de asesinatos se mantiene en cotas muy altas, más de 20 por cada 100.000 habitantes. La expansión del negocio del narcotráfico, fuerte como nunca, ha fertilizado el manto delictivo desde la antaño tranquila Uruguay a la siempre quejumbrosa Guatemala. Grupos armados que nacieron al calor del trasiego de drogas buscan negocios nuevos, a izquierda y derecha, arriba y abajo. Ninguno parece tan lucrativo como la extorsión, simple como pocos: o pagas o te mato.
América en general y América Latina, en particular, viven un momento delicado. Lo dicen los expertos que ha consultado EL PAÍS para este reportaje, que ven en la diversificación y la fragmentación del magma criminal un riesgo para los países de la región. El tráfico de drogas puso en marcha la fábrica delictiva, de la que han salido decenas de grupos de hampones que, instalados en lógicas de mercado, quieren su propio pedazo del pastel. La extorsión es lo más sencillo; la droga, una posibilidad, pero solo una de tantas. América custodia un impresionante almacén de recursos naturales y el crimen, sediento como nunca, pide turno. Como en una versión moderna de la mitológica hidra de Lerna, las bandas agitan las múltiples cabezas del monstruo para ampliar su negocio.
Foto: Antonio Lacerda (EFE)
Tendentes a mirarse el ombligo, los países de la región parecen ignorar que el empuje depredador de las mafias es el mismo en todas partes, de Los Andes al Amazonas. En México, criminales roban combustible de los ductos de la petrolera estatal o lo importan sin pagar impuestos, falseando declaraciones de aduanas; en Perú, Ecuador o Colombia, delincuentes saquean minas de oro y otros minerales sin permiso alguno; en Brasil, ladrones y contrabandistas talan árboles incansablemente, para alimentar la demanda mundial de madera… Y todo con el apoyo de actores estatales. “En los delitos ambientales, esto es muy evidente”, dice Cecilia Farfán, jefa del Observatorio para América del Norte de GITOC, una organización de la sociedad civil que investiga el crimen organizado transnacional.
Además de convivir con el narcotráfico y la extorsión, estas nuevas aventuras criminales comparten espacio con caminos algo más tradicionales, extraordinariamente lucrativos para las mafias: la trata de personas, migrantes o no, y el tráfico de armas. En su último informe sobre la situación global del crimen, presentado hace unas semanas, GITOC señala precisamente la prevalencia de las armas de fuego en la zona como instrumento para cometer homicidios. En ninguna otra región del mundo se cometen tantos asesinatos con armas de fuego como en América Latina y el Caribe. “Comparado con hace 20 años, el crimen organizado tiene más y mejores armas, hasta el punto de que la gente cree que son mejores que las de las Fuerzas Armadas”, señala Farfán.
En esta lógica, la violencia se asienta como herramienta y mensaje, un medio, pero también un fin en sí mismo. Con todas las excepciones necesarias –el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, en México, en la década de 1980; los años de plomo de Pablo Escobar, en Colombia, a principios de la década siguiente– el negocio del narcotráfico no empezó siendo violento. Para que la droga llegara a los grandes mercados, Estados Unidos o Europa, el sigilo era necesario. Soborno y orden, ese podría haber sido el lema gremial. Pero la desarticulación de los viejos grupos del narco y la fragmentación de sus redes de protección, siempre amparadas, o directamente ancladas, en las fuerzas de seguridad estatales, cambió el panorama.
En la América de hoy en día prevalecen grupos criminales pequeños, dinámicos, ligados o no a grandes marcas delictivas que pueden dedicarse o no al tráfico de drogas y a su venta al menudeo. Qe extorsionan y que tratan de aprovechar el entorno y la naturaleza a su favor. Si hay minas, minerales; si hay bosques, madera; y si hay ciudades, comercios, oficinas de gobierno y rutas de transporte. Todo eso en escenarios altamente competitivos, donde la violencia, divisa imperante, se emplea en eliminar obstáculos empresariales, a un defensor de los bosques, por ejemplo, o para mandar mensajes a enemigos, reales o potenciales. “Esa es la gran amenaza en el continente, la diversificación criminal y la fragmentación de las bandas delincuenciales”, asegura Marcelo Bergman, profesor de la Universidad 3 de febrero, en Argentina, y uno de los principales expertos en las dinámicas criminales en la región.
Vuelve la coca
Sacos de papel de estraza, escondidos en un galpón cualquiera. Ese era el disfraz de las 14 toneladas de cocaína que las autoridades de Colombia decomisaron, hace apenas ocho días, en el Puerto de Buenaventura, sobre la costa del Pacífico. El valor de la droga en el mercado habría alcanzado más o menos los 400 millones de dólares, según la Policía Nacional, todo un hito en la historia reciente del país. El director de la corporación señaló que era la mayor incautación del estimulante de los últimos diez años. La mala noticia para las autoridades es que esas 14 toneladas apenas suponen el 0,4% de la producción anual de esta droga en la región, de acuerdo a los últimos cálculos de Naciones Unidas.
La coca está de moda, otra vez. Dejando de lado la polémica sobre los números, discusión acalorada en Colombia, cuyo Gobierno no está de acuerdo con las mediciones de la ONU, la producción del estimulante aumenta cada año, igual que aumentan las hectáreas cultivadas de hoja de coca, base de la droga. Colombia es el portaaviones de la flota, seguida muy de lejos por Perú y más lejos todavía por Bolivia. De las 3.708 toneladas de cocaína que la región produjo en 2023, según estimación de Naciones Unidas, Colombia fue el origen de 2.664. El año pasado, la cifra colombiana escaló a 3.001, número que adelantó este diario hace unos días, motivo –el número– de la discordia entre las partes.
El auge de la cocaína en Sudamérica y sus mercados, y el aumento de los decomisos en todo el mundo, de nuevo según Naciones Unidas, ilustra en realidad una tendencia regional: la expansión de la producción y el tráfico de drogas. De prácticamente todas, excepto de la obsoleta heroína y la legalizada marihuana. El resto viven un boom, enganchadas a la euforia de alcaloide prescrito, situación que recuerda a la época dorada del cartel de Medellín y el puente aéreo de la cocaína, vía el Caribe y Florida, a mediados de la década de 1980, los años de Scarface y Miami Vice.
Nuevas drogas alimentan el impulso, en geografías algo más norteñas, pocas tan presentes en el tráfico continental como el fentanilo y la metanfetamina. El opioide y el estimulante sustituyen los viejos cultivos de amapola y cannabis en México, e inundan de laboratorios el oeste del país, pendiente de la demanda del vecino del norte, insaciable, pese a las cinco décadas de guerra contra las drogas que han impulsado sus sucesivos gobiernos, de Richard Nixon a Donald Trump. El actual presidente estadounidense trata de poner firmes a los gobiernos del sur y acabar con el tráfico entre amenazas arancelarias y bombazos marítimos. Hasta ahora, los misiles de Trump en el Caribe y el Pacífico, para atajar el tráfico de cocaína, han dejado más de 80 muertos.
Además de ser una operación más que cuestionable desde el punto de vista de los derechos de las víctimas, la lógica de cerrar rutas de droga a bombazos hereda el espíritu del viejo dicho, aquello de matar moscas a cañonazos, solo que en una dimensión moderna y disparatada. ¿Cuánta droga han evitado esos bombazos que llegue a los consumidores estadounidenses? A falta de información oficial, resulta difícil saberlo. En todo caso, parece poco probable que esos operativos tengan un efecto en la demanda. “A pesar de las décadas que llevamos intentando pararlo, la coca ha llegado a su boom más alto en términos de demanda”, certifica Angélica Durán, profesora de la Universidad de Massachusetts, autora de varios estudios y libros sobre violencia y mercados ilegales.
El círculo se cierra. Mercados de drogas que en su origen no fueron violentos, o no tanto como hoy, empezaron a crear una demanda de nuevas redes de protección ante la competencia creciente y la decadencia o la incapacidad de las redes antiguas. Entremedias, los nuevos grupos empezaron a buscar otras ocupaciones, de ahí la diversificación, la extorsión, etcétera. Los gobiernos, caso de Colombia, México o Brasil, trataron de eliminar a estos grupos, caso de los violentos Zetas, con detenciones aquí y allá. Pero, en la práctica, los grupos se fragmentaron y los restos, con nuevos nombres, siguieron haciendo lo mismo. La demanda de drogas se mantuvo o aumentó. Y así llegamos a 2025.
Ahora, esa lógica trasciende a los países productores tradicionales y aparece, con resultados catastróficos, en países de tránsito como Ecuador, donde la tasa de asesinatos pasó de menos de ocho en 2020 a más de 45 en 2023, o los de la región Caribe. No hace tantos años, Ecuador, bisagra entre Colombia y Perú, se vendía con cierta razón como un oasis sin violencia en el subcontinente, sobre todo comparado con Colombia. Pero en los últimos cinco años se ha convertido en uno de los principales clústeres sudamericanos de la cocaína –cosa que ocurre también con Costa Rica– donde redes criminales dan salida a la droga que va hacia Europa, aprovechando que es el principal exportador de banano del mundo.
Principal productor global de cocaína, el caso de Colombia es paradigmático y complementa al de Ecuador, ya que condensa el ciclo entero. Tras la caída de los carteles de Medellín y Cali en la década de 1990, los grupos que heredaron el trasiego del enervante cambiaron de táctica. Dejaron de llevarla a México y empezaron a venderla en la frontera. La ganancia era menor, también los problemas. A la vez, Naciones Unidas registró un descenso sostenido de la producción de hoja de coca y cocaína hasta 2013. Pero el rebote desde entonces ha sido brutal: de las 50.000 hectáreas cultivadas entonces, a las más de 250.000 de ahora. En estos años, la fragmentación de los grupos criminales, llamados primero bacrim, bandas criminales, y más tarde GAO y GDO, grupos armados (o delictivos) organizados, ha sido constante. También la diversificación. “Ahora se pasan de la coca a la minería ilegal de oro, dependiendo de los precios”, asegura Daniel Mejía, doctor en economía por la Universidad de Brown y exdirector del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes.
Mejía, igual que Marcelo Bergman, señala el peligro extremo de situaciones como las que viven Colombia, México, algunas zonas de Brasil o Ecuador, donde las tasas de delitos violentos alcanza su equilibrio en pisos muy altos. “La expansión de los grupos criminales en América Latina ya no es solo para controlar el mercado de narco o la minería. Más bien crecen hacia una lógica de gobernanza criminal”, explica Mejía. “Cuando llegas a situaciones como la de México –30.000 asesinatos anuales, extorsión al alza, saqueo de minas y bosques, robo de combustible–, la actividad criminal se ha diversificado de tal forma, además con múltiples actores delictivos, que la capacidad disuasiva del Estado desaparece”, señala Bergman.
Venganzas y florestas
Una madrugada, a finales de octubre, los habitantes de una favela de Río de Janeiro fueron a cosechar cadáveres al bosque. Mientras la vida continuaba en la boyante zona sur de la ciudad, en las playas de Copacabana e Ipanema decenas de hombres y mujeres de la favela de Penha, en el interior de la ciudad, subieron a la floresta a buscar los cuerpos de sus familiares, muertos horas antes a manos de policías del Estado en un operativo que dejó ojiplático a medio mundo. Los reporteros que llegaron después a la plaza del barrio describieron imágenes terribles, decenas de cadáveres tirados en fila, los cuerpos maltratados, cubiertos con lonas improvisadas…
Aunque no ha quedado clara la cantidad final de víctimas que dejó el operativo policial, los cálculos más conservadores ascienden esa cifra a 121. En tiempos en que el presidente de una potencia mundial como EE UU califica el asesinato de un periodista como “cosas que pasan”, la respuesta a la masacre en las favelas del gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, siguió una línea parecida. Según Castro, lo ocurrido fue un éxito, porque 78 de las víctimas tenían antecedentes graves. Pese a lo que pueda parecer, las encuestas realizadas en los días siguientes apoyaron el operativo y las palabras del gobernador. La mano dura, política siempre problemática en la región, se impuso por goleada.
La matanza en las favelas de Penha y Alemao, la peor en la historia del país, refleja una tendencia en el continente: la desesperación de la población con la inseguridad y la violencia, la búsqueda de soluciones mágicas. A lo Nayib Bukele en el Salvador, que, hace unos años, de golpe y porrazo, acabó con la criminalidad –cuando las negociaciones con las pandillas no funcionaron– llevándose por delante el Estado de derecho. Ocurre en México o en Ecuador, pero ocurre también en países con niveles de delitos violentos muy inferiores, como Chile, que maneja una tasa de asesinatos en torno a seis por cada 100.000 habitantes, baja para los estándares de la región, el doble de lo que tenía el país diez años atrás.
“En América Latina siempre ha habido una demanda de respuestas de mano dura, baúl en el que caben muchas cosas”, dice Angélica Durán, de la Universidad de Massachusetts. Ejemplos no faltan. Los hubo en el triángulo norte de Centroamérica, en Honduras y El Salvador, a principios de siglo. Fueron acercamientos reactivos al crimen que no respondían a una planeación, sino a alguna crisis. “Hay una tendencia de que, cuando se percibe que hay crímenes fuertes e impunidad, aumenta la demanda de estas políticas. Y es más fácil usarlas para los Estados, aunque no sean efectivas, porque dan la sensación de que algo se hace en el corto plazo”, añade la experta.
En un momento en que los populismos ganan terreno en la región, sobre todo los populismos de derechas, con los bolsonaros, mileis, bukeles y compañía en la proa de su portaaviones ideológico, la tentación de ofrecer soluciones mágicas aumenta. Todos los expertos consultados advierten lo mismo: el modelo Bukele es irreplicable. “Ellos pudieron hacerlo porque es un país chiquito, que tomó control muy rápido de las pandillas”, dice Bergman. De intentar hacer algo parecido, países con 10, 15 o 20 millones de habitantes deberían encarcelar a más de 100.000 personas. En el caso de México, sería millón y medio; en el de Brasil, más de dos millones.
Efectiva desde el punto de vista mediático —¿qué aspirante a autócrata no hiperventila con la idea de crear cárceles gigantes, donde abandonar a cientos de miles de presuntos criminales, vestidos con unos miserables calzoncillos blancos?—, la idea podría ser contraproducente. En su libro El negocio del crimen, obra paradigmática, Bergman señala que en las últimas dos décadas, casi tres, la población carcelaria en América Latina prácticamente se ha duplicado y los delitos no han disminuido. Por dos motivos: primero, porque los eslabones interceptados de la delincuencia son fácilmente reemplazables, y segundo, por el carácter formativo de las prisiones que, lejos de reformar a los internos, los prepara para volver con fuerza al mundo del hampa.
Pero entonces, ¿qué hacer? Daniel Mejía apunta una posible respuesta. Carne de universidad, Mejía se convirtió en el primer secretario de seguridad de Bogotá en 2016, en un momento en que, en el centro, empezaba a formarse un enorme foco de criminalidad, conocido como El Bronx que, de crecer aún más, podía convertirse en un problema importante. “Esto eran cinco manzanas, pero cerca de las Cortes, la alcaldía, donde no podían ni entrar la policía. Y nuestro principio básico era que no podíamos tener zonas vetadas”, explica el experto. Mejía infiltró agentes en el Bronx, coordinó tareas de inteligencia durante medio año y, cuando atacó, lo hizo con toda la fuerza disponible.
“Mandamos 2.500 policías, además de personal del ejército, que se encargaron de los anillos perimetrales”, detalla. “No era cosa de hacer uso excesivo de la fuerza, sino para evitar hacerlo. Es decir, llevar tanta gente que no se les ocurriera responder”. Y así fue. No hubo balaceras ni muertos. En pocos minutos, la policía ocupó los más de 140 establecimientos del lugar donde se vendía droga, etcétera. Aunque lo particular del escenario complica sus aplicaciones, la lección parece evidente: inteligencia, preparación y mucha fuerza para evitar que el crimen responda. Mejía lanza una advertencia: “Usar la fuerza sin inteligencia lleva a cometer muchos errores”.
El pronóstico no es bueno, pero tampoco es terrible. “El crimen no va a desaparecer, pero hay que aspirar a limitarlo”, defiende Cecilia Farfán. Es una frase que esconde cierta complejidad. No es fácil limitarlo si la inercia de los gobiernos durante décadas ha sido, simplemente, reaccionar. Y no solo eso. “El gran problema es que, en América Latina, los Estados tienen en general el poder muy fragmentado y hay muchos grupos criminales, entonces cualquier política es muy complicada. Además, por la posible conexión de grupos con parte del poder político”, dice Angélica Durán. Culturalmente, además, la batalla es igualmente complicada. Palabras como gobierno o política han perdido buena parte de su capacidad de seducción. Impera la desafección y, en un contexto así, otros actores entran en escena.
Lo malo atrae, no hay más que ver los éxitos de los corridos bélicos, subgénero de la música regional mexicana, que se han convertido en un fenómeno global. El crimen ya no se elige tanto por necesidad, sino que, muchas veces, se elige por venganza. “Hay como una decepción generalizada de que el camino legal, de la educación, del trabajo, no ofrece respuestas”, dice Bergman. “Y así, estos caminos nihilistas, contestatarios, violentos… Bueno, hoy parece que el gran atractivo es conseguir un arma, lastimar, vengar la infancia terrible, lo que me hicieron. Es un problema serio la cantidad de gente lista a vincularse a una vida criminal porque no encuentra respuesta en otras vidas”, zanja.
