El régimen de Vladímir Putin ha recrudecido su persecución de la oposición rusa en el exilio con la imputación del delito de terrorismo contra algunas de sus figuras más conocidas. El Servicio Federal de Seguridad (FSB, el antiguo KGB) ha comunicado este martes la apertura de una causa penal contra el fundador del Comité Antibélico de Rusia, Mijaíl Jodorkovski, el ajedrecista Garry Kaspárov, y 21 miembros más de la plataforma. Entre ellos están los disidentes Ilia Yashin y Vladímir Kara-Murza, presos políticos hasta su canje por espías rusos el año pasado, y la conocida politóloga Ekaterina Shulman.
Los servicios secretos de Putin han abierto dos casos penales contra los disidentes. Uno por intento de toma violenta del poder, sirviéndose del artículo 278 del Código Penal ruso, y otro por organizar y participar en una organización terrorista (artículo 205.4).
El FSB señala en comunicado que el documento fundacional del Comité Antibélico de Rusia establece “la necesidad de eliminar el actual Gobierno ruso”. Además, Moscú les acusa —sin presentar ninguna prueba— de “financiar y realizar actividades de reclutamiento de unidades paramilitares nacionalistas ucranias”.
La plataforma, fundada al inicio de la invasión de Ucrania en el 2022, explica en su página web ―solo accesible a los rusos a través de una VPN por haber sido bloqueada por las autoridades― que su objetivo es la paz: “Coordinamos esfuerzos, apoyamos a los rusos pacifistas y creamos un espacio de solidaridad, acción y apoyo mutuo para quienes se oponen a la guerra desatada por el Kremlin”, manifiesta. “Esta guerra no la inició el pueblo ruso, sino un dictador que ha perdido el contacto con la realidad”, agrega el Comité Antibélico, que advierte a sus compatriotas que “el silencio o la disidencia pasiva son inaceptables ante tal tragedia”.
Otros críticos con el régimen sobre los que pesa la nueva amenaza del FSB son el político Leonid Gozman, el galerista Marat Gelman y el editor jefe de Nóvaya Gazeta Europa, Kirill Martynov, cuyo diario es una escisión en el exilio del histórico periódico ruso. También ha sido acusado de terrorismo el escritor Víktor Shenderóvich, una de las primeras voces a las que trató de silenciar el putinismo al apartarle de su programa de guiñoles Kukly en el año 2000 por haber satirizado con un muñeco al presidente ruso.
Todos estos opositores estaban ya proscritos por las autoridades rusas bajo la etiqueta de “agentes extranjeros”, una marca negra que nada tiene que ver con la ley estadounidense del mismo nombre. Además de estar obligados a declarar el origen de todos sus ingresos, tienen prohibido participar en política, trabajar en la Administración o dar conferencias. Publicar sus libros lleva, además, al ostracismo a las editoriales.
Los políticos Yashin y Kara-Murza pasaron varios años en la cárcel hasta su canje en 2024 con Occidente por espías rusos. Ambos fueron acusados de “desacreditar al ejército ruso” al denunciar la masacre de Bucha y los bombardeos de colegios ucranios. Horas antes de conocerse la acusación del FSB, Yashin denunció que había sido incluido en la lista de “extremistas y terroristas” de la agencia rusa Rosfinmonitóring.
“No tengo ni una gota de sangre en las manos. Mientras tanto, Vladímir Putin y sus generales matan gente a diario, bombardeando ciudades pacíficas y convirtiéndolas en ruinas. Pero, de alguna manera, el terrorista soy yo, no ellos”, lamentó Yashin a través de su cuenta personal de X.
El promotor del Comité Antibélico de Rusia, el empresario Mijaíl Jodorkovski, era el hombre más rico de Rusia hasta 2004 gracias a su petrolera Yukos. Crítico con el régimen, fue acusado de evasión de impuestos y posteriormente condenado a nueve años de prisión. Tras abandonar la cárcel, acabó en el exilio mientras su compañía era absorbida por la petrolera estatal Rosneft.
Jodorkovski ha enfatizado estos años que “para lograr un cambio en Rusia, la gente tiene que estar preparada para luchar”, y animó a sus compatriotas a apoyar al dueño de Wagner, Yevgueni Prigozhin, durante su fallida rebelión del 23 y 24 de junio de 2023. Sus palabras abrieron un agrio debate con otros opositores que denunciaron que Prigozhin no dejaba de ser un criminal y su sustitución de Putin no traería la democracia a Rusia.
“Lo que podemos hacer para ayudar a nuestro país es ayudar a que se escuche a Prigozhin mientras dice la verdad. Y si va a Moscú, evitar que se detenga, ayudarle con gasolina y diésel, convencer a los que serán enviados para detenerlo de que ahora tenemos un enemigo común”, dijo Jodorkovski en su canal de Telegram durante el fallido golpe.
