El Gobierno de Donald Trump ha dado un paso más en su cruzada contra las autoridades de Minnesota y la ciudad de Minneapolis, donde mantiene un enorme despliegue de agentes de inmigración desde comienzos de enero. Este viernes, el Departamento de Justicia ha abierto una investigación penal contra el gobernador del Estado, Tim Walz, y el alcalde de la ciudad, Jacob Frey, ambos demócratas, por una supuesta conspiración para obstaculizar a los agentes.
Según reportan varios medios nacionales, la investigación se basa en las declaraciones que Walz y Frey han hecho sobre los miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza que el Gobierno de Trump envió a la región de las Ciudades Gemelas, como se le conoce a Minneapolis y la vecina St. Paul.
La apertura de una investigación contra los funcionarios supone una escalada importante en la batalla política que Trump ha desatado contra el Estado de Minnesota. Se produce después de que el presidente amenazara el jueves con invocar la Ley de Insurrección, que le permite desplegar al ejército estadounidense en territorio nacional, para aplacar las protestas diarias que se llevan realizando en Minneapolis desde que un agente del ICE mató a tiros a una ciudadana estadounidense el pasado 7 de enero.
El gobernador Walz reaccionó rápidamente a la noticia de que estaba siendo investigado a través de una publicación en X. “Utilizar el sistema judicial como arma contra tus oponentes es una táctica autoritaria. La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renee Good es el agente federal que le disparó”, manifestó Walz, quien fue el candidato vicepresidencial que acompañó en la papeleta a la derrotada Kamala Harris en las elecciones de 2024.
Las manifestaciones han derivado en enfrentamientos también casi diarios entre los agentes y los participantes, que exigen que la policía migratoria se marche de la ciudad. Una semana después de que Jonathan Ross, agente del ICE, matara a tiros a Renee Good, madre de tres y poeta, otro oficial de inmigración estuvo involucrado en un segundo tiroteo, en este caso contra un migrante venezolano, que recibió un disparo en una pierna tras resistirse a ser arrestado y atacar al agente, según la versión del Departamento de Seguridad Nacional.
En la ciudad se encuentran más de 3.000 agentes migratorios, y tanto los líderes estatales como los locales han reiterado que no son bienvenidos. Después de que Trump anunciara que estaba considerando enviar tropas a la ciudad, el alcalde Frey escribió en sus redes sociales: “Minnesota necesita que el ICE se vaya, no una escalada que traiga tropas federales adicionales”. El regidor ha descrito la situación en su ciudad como “insostenible”.
El gobernador Walz, por su parte, pidió al presidente “bajar la temperatura” y poner “fin a esta campaña de represalias” tras su amenaza de aplicar la ley de 1807. También hizo un llamamiento a los ciudadanos a continuar sus protestas de forma pacífica, algo que ha venido repitiendo desde que comenzaron las manifestaciones.
La Administración Trump, sin embargo, acusa a Walz y Frey de agitar las protestas y promover la violencia contra los agentes migratorios. Y ahora, con esta investigación, el Departamento de Justicia busca determinar si sus declaraciones públicas han constituido una interferencia delictiva en la labor de las fuerzas del orden.
De acuerdo a la cadena CBS, que adelantó la noticia de la pesquisa penal, Walz y Frey están siendo investigados por el delito de conspirar para impedir que los agentes federales desempeñen sus funciones oficiales mediante “la fuerza, la intimidación o las amenazas”.
Las autoridades de Minnesota y las ciudades Minneapolis y St. Paul demandaron al Gobierno de Trump el pasado lunes por lo que llamaron una “invasión federal”. Según argumentan, el despliegue de agentes migratorios ordenado por el presidente es inconstitucional porque viola la ley de soberanía estatal garantizada por la Constitución de EE UU.
En respuesta a otra demanda presentada por activistas que alegan que los agentes han violado sus derechos durante la represión de las protestas, una jueza federal impuso este viernes restricciones a las acciones que los oficiales pueden emprender contra las manifestaciones.
En una orden de 80 páginas, la magistrada Kate Menéndez ordenó a los agentes no tomar represalias contra las personas “que participaran en actividades de protesta pacíficas y sin obstrucciones” y les prohibió usar gas pimienta u otras “herramientas de dispersión de multitudes”. La jueza también dijo que los agentes no pueden detener o arrestar a individuos que no estén “obstruyendo o interfiriendo por la fuerza” con los agentes.
