En medio de un enorme despliegue militar, Estados Unidos sigue incrementando sus medidas de presión sobre Nicolás Maduro. El Gobierno de Venezuela —que permanece en máxima alerta— busca argumentos legales y aliados políticos dentro y fuera del país para contener la arremetida. Este domingo, ha anunciado que abrirá investigaciones sobre las “ejecuciones extrajudiciales” en el marco del ataque a supuestas narcolanchas que está ejecutando Washington en el Caribe. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó de una reunión sostenida este domingo con familiares de personas asesinadas durante los ataques.
El principal operador político del chavismo no precisó a qué ataques correspondían las denuncias ni quiénes eran los asesinados. Mostró una fotografía en la que aparecen seis personas de espaldas durante el encuentro con los diputados y aseguró que resguardaba sus identidades porque han recibido amenazas “por sectores y personas que tienen un máximo interés en que ellas no digan la verdad”.
Tres meses después de que comenzaran los sucesivos ataques militares, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano, se espera que este lunes el Parlamento venezolano celebre una sesión extraordinaria para conformar una comisión de investigación que apoye al Ministerio Público. “A través de los mecanismos que tiene la Asamblea Nacional, vamos a activar la acción de la Fiscalía General de la República”, dijo Rodríguez en un mensaje en sus redes sociales. “Estos groseros ataques vulneran la carta de Naciones Unidas, los derechos humanos y, además, atentan contra las leyes relacionadas con la navegación y las leyes del mar”, añadió.
La semana pasada, el fiscal general del régimen chavista, Tarek William Saab, declaró que en estas embarcaciones no había drogas, como han afirmado las autoridades de los Estados Unidos, sino “peces y bolsas”. Saab agregó que “el uso de la fuerza letal contra un buque civil en aguas internacionales está generalmente prohibido”, a menos que sea “en defensa propia” o “esté autorizado” por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. “Nada de eso ha ocurrido. Han quemado en una hoguera todos los libros de derecho”, sentenció.
El 2 de septiembre, Estados Unidos difundió imágenes de una embarcación desapareciendo tras un estallido. Así comenzaba sobre el terreno la ofensiva militar, en la que se cuentan ya más de 20 lanchas destruidas y más 80 tripulantes asesinados. Para justificar estas maniobras, Trump se ha escudado en su lucha contra los carteles de drogas y, en particular, contra los que operan desde Venezuela, con la mira puesta sobre el Gobierno de Maduro.
La opacidad total sobre las personas que iban en esa primera lancha destruida —que Washington asegura que pertenecía al Tren de Aragua— y el detalle de la carga que transportaba ha sido la constante en los demás ataques. De este caso se supo que la embarcación, con 11 tripulantes, había salido de San Juan de Unare, en el extremo oriente de Venezuela, un antiguo pueblo pesquero empobrecido que se ha convertido en un enclave para bandas dedicadas al tráfico de drogas y la trata de mujeres.
En noviembre, una investigación de la Associated Press reveló las identidades de algunas de las personas asesinadas en estos ataques, residentes en distintos pueblos costeros del oriente del país. Entre los muertos, según la AP, estaba un pescador que se vio en la necesidad de buscar nuevos ingresos participando en el envío de un alijo y otro que tenía antecedentes por delitos menores. También había un excadete militar y un conductor de autobús. La mayoría hacía el viaje con las drogas por primera o segunda vez para ganarse unos 500 dólares, según relataron familiares a la agencia. No eran las cabezas de un cartel.
Medios estadounidenses han revelado en la última semana que en una de las operaciones ejecutadas en septiembre quedaron sobrevivientes y que se atacó de nuevo porque tenían la orden de no dejar tripulantes con vida. Las dos cámaras del Congreso estadounidense, el Senado y la de Representes, han advertido que pedirán explicaciones por la polémica operación militar.
El Gobierno de Nicolás Maduro nunca ha confirmado que las lanchas atacadas hayan salido de Venezuela, como ha asegurado Estados Unidos en varios casos. Hasta ahora, los altos mandos revolucionarios han denunciado las muertes de estas personas en alta mar, pero de manera ocasional, sin demasiada continuidad ni intensidad. Ahora, el chavismo busca aliados políticos para hacer frente a la presión estadounidense con la denuncia de las ejecuciones extrajudiciales.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha respaldado algunos de los planteamientos de Maduro y de la dirigencia chavista sobre las personas asesinadas en operativos antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico. El mandatario colombiano los ha calificado, así como la ONU, como “ejecuciones extrajudiciales”. Petro también cuestionó el anuncio hecho por Trump en torno al cierre del espacio aéreo en Venezuela. “Quiero saber ¿bajo qué norma de derecho internacional un presidente de un país le puede cerrar el espacio aéreo a otra nación?”. Venezuela ha denunciado ante la Organización de Aviación Civil (OACI) la “violación de su soberanía” tras el mensaje del republicano.
La batalla también se libra en otras instancias. Rodríguez adelantó que un grupo de parlamentarios ha propuesto que Venezuela se retire de la Corte Penal Internacional. “Esta Corte Penal Internacional no sirve para nada. Venezuela debería salirse de esa instancia porque se tragó la lengua en el caso de las ejecuciones extrajudiciales en el Mar Caribe”. El chavismo batalla desde hace un par de años contra la CPI, que mantiene abierta una investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad desde 2014, incluyendo persecución política contra opositores, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
Venezuela también envió este fin de semana una carta a la Organización de Países Exportadores de Petróleo y países miembros (OPEP y OPEP+), en la que denuncia que Washington busca quedarse con sus recursos petroleros mediante el uso de su “fuerza letal militar”.
