Keir Starmer tiene un punto débil que la oposición conservadora explota a conciencia. La mentalidad de abogado y fiscal, que fueron sus profesiones durante décadas, lleva al primer ministro británico a responder con lentitud y matices a las emboscadas políticas. Han pasado varios días de confusión y titulares escandalosos en los medios hasta que el jefe de Gobierno del Reino Unido ha anunciado este miércoles, durante la sesión de control parlamentaria, que hará públicas las declaraciones testificales de altos funcionarios de su Administración ante la Fiscalía, por el llamado caso de los espías de China. El Partido Conservador acusa a Downing Street de haber permitido que la acusación haya decaído y que el proceso se haya sobreseído, para no perjudicar a Pekín.
La Fiscalía de la Corona (CPS, por sus siglas en inglés) acusó e intentó procesar a Christopher Cash, un exasesor e investigador parlamentario, y a Christopher Berry, un profesor universitario, de recabar y trasladar al Gobierno de China información que afectaba a la seguridad nacional entre diciembre de 2021 y febrero de 2023.
Sin embargo, para que ambos sospechosos, que en todo momento proclamaron su inocencia, pudieran ser juzgados y condenados bajo las premisas de la Ley de Secretos Oficiales de abril de 2024, el Gobierno debía establecer claramente que en el momento en que presuntamente cometieron el delito China había sido declarada oficialmente una “amenaza a la seguridad nacional”.
La semana pasada, en una declaración explosiva que anticipó un choque institucional sin precedentes entre la Fiscalía y el Gobierno, la CPS anunció que había decidido sobreseer el asunto. El director de Procesamientos Públicos, Stephen Parkinson, aseguró que llevaban meses intentando obtener pruebas concretas de Downing Street, pero que los testimonios recabados no habían superado el umbral necesario para abrir un procedimiento judicial.
La declaración clave procedía de Matthew Collins, alto funcionario de carrera y actual viceconsejero de Seguridad Nacional del Gobierno de Starmer. Al parecer, Collins se negó en todo momento a definir claramente a China como una amenaza a la seguridad nacional, algo imprescindible para que la acusación contra los dos sospechosos siguiera adelante.
¿Cómo definir a China?
A pesar de que el desafío que plantea el gigante asiático para la seguridad y para la economía del Reino Unido lleva años siendo debatido, y tanto ministros como jefes de los servicios de inteligencia no han tenido reparo en usar la palabra “amenaza”, lo cierto es que ni el anterior Gobierno conservador ni el actual laborista han querido dar a esa palabra un rango oficial en sus Estrategias de Seguridad Nacional. A diferencia de la Rusia de Vladímir Putin, que es claramente definida como un enemigo, China sigue siendo una mezcla de desafío y oportunidad, de amenaza y de factor de crecimiento económico que lleva a los diferentes primeros ministros a realizar un calculado ejercicio de ambigüedad. El Ejecutivo laborista de Starmer ha realizado ya varios viajes a Pekín en busca de alianzas empresariales, y fue el Gobierno del conservador David Cameron el que habló de inaugurar una nueva “edad de oro” en la cooperación chino-británica.
Sin embargo, la actual oposición conservadora ha olido la sangre y se ha lanzado a degüello contra Starmer. En primer lugar, porque el argumento legal por el que no se ha colaborado con la fiscalía resulta dudoso para muchos expertos, que creen que se puede perfectamente construir una argumentación convincente sobre el peligro que supone China.
Pero sobre todo porque en medio del asunto ha surgido un personaje tan eficaz como oscuro: Jonathan Powell. El actual Consejero de Seguridad Nacional de Starmer es un agente político de virtudes reconocidas. Fue el arquitecto de Tony Blair para diseñar el Acuerdo de Viernes Santo, que llevó la paz a Irlanda del Norte, y ha sido fundamental en la construcción del plan de paz para Gaza impulsado por Trump (y Blair, que se ha reservado un papel relevante). El consejero es un hombre muy válido para la llamada “diplomacia de sofá”, ese tipo de acuerdos que un alto funcionario no tiene ni la flexibilidad ni la discrecionalidad para llevar a cabo.
Un informe del Sunday Times publicado el pasado domingo asegura que Powell fue el responsable de frenar cualquier declaración de su número dos, Collins, ante la fiscalía que pusiera en peligro unas relaciones con Pekín que él se ha encargado de cultivar.
“Una grave acusación que afecta a la seguridad nacional ha acabado en el cajón porque este Gobierno es demasiado débil como para plantar cara a China. Si el primer ministro no puede siquiera proteger a los diputados, ¿cómo va a proteger al país?”, ha acusado este miércoles a Starmer la líder de la oposición conservadora, Kemi Badenoch.
El primer ministro ha decidido finalmente publicar la declaración de Collins, después de que la fiscalía haya dicho que no pondrá obstáculo alguno a esa publicación, una vez sobreseído el caso. Starmer confía en demostrar, al sacar a la luz ese testimonio, que los conservadores están intentando embarrar un asunto de seguridad nacional que ocurrió precisamente durante el mandato de ellos.
