Condenados al ostracismo social. Obligados a pagar todos sus gastos en efectivo ante la imposibilidad de tener tarjetas de crédito u operar en el sistema bancario. Vetados en el uso de servicios digitales como Amazon, PayPal o Airbnb. Son los sancionados de Donald Trump, una nueva categoría de parias modernos. Jueces, fiscales y una alto cargo de la ONU que han visto cómo el presidente de Estados Unidos los incluía de forma arbitraria en una particular lista negra por hacer su trabajo.
Once juristas del Tribunal Penal Internacional —que investiga presuntos crímenes contra la humanidad cometidos por Israel en Gaza, así como los crímenes perpetrados por los distintos actores en la guerra de Afganistán— forman parte de ese grupo de damnificados de Trump. También Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos ocupados, que lleva meses denunciando el “genocidio” lanzado por Israel y se ha ganado por ello la ira del Gobierno israelí y de su aliado, el estadounidense.
“Es un escándalo internacional”, sostiene Domenico Gallo, exmagistrado del Tribunal Supremo italiano, que subraya que la UE puso el grito en el cielo cuando Trump anunció las sanciones, pero luego no se ha negado a aplicarlas en su territorio. Mientras, el día a día de los sancionados sigue siendo una pesadilla.
La vida de la jurista italiana Francesca Albanese, que desde 2022 es relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, comenzó a cambiar este verano, el día que presentó su informe De la economía de la ocupación a la economía del genocidio, en el que acusaba a grandes empresas de ser cómplices de la ofensiva de Israel en Gaza. Ya había recibido amenazas tras su informe de marzo, Anatomía de un genocidio, pero esta vez fue distinto. A los seis días, el pasado 9 de julio, el secretario de Estado de la Casa Blanca, Marco Rubio, anunció que también se le aplicarían a ella las sanciones ya impuestas en febrero a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por emitir mandatos de arresto contra Benjamin Netanyahu y su ministo de Defensa, Yoav Gallant. La acusación contra ella era, precisamente, de cooperar con el TPI y ser “una amenaza para la economía global”. Lea el artículo completo >
“Es la hora de la verdad”, dice Nicolás Guillou (50 años), juez francés del Tribunal Penal Internacional (TPI) y sancionado por el presidente estadounidense, Donald Trump, junto con otros siete magistrados y tres fiscales del organismo —procedentes de distintos continentes— por llevar a cabo investigaciones relacionadas con Israel y con Afganistán. El jueves de esta semana, Washington anunció las medidas contra los últimos dos jueces,y el tribunal lo calificó de “ataque flagrante” a su independencia. “Es un momento difícil, pero no hay que ceder ante las presiones”, añade. Guillou recibió a este diario en su despacho el pasado 10 de diciembre; apenas un día después se supo que Estados Unidos tiene en el punto de mira a toda la institución. Lea el artículo completo >
