Israel ha impedido el acceso libre a Gaza a la prensa extranjera desde el ataque de Hamás y la consiguiente invasión de la Franja, en octubre de 2023. Se trata de una decisión inusual que dificulta notablemente la cobertura y traslada un peso desproporcionado a los periodistas palestinos en el terreno, de los que el ejército israelí ha matado al menos a 225, una cifra inédita en zonas de conflicto. El ejército solo permite la entrada a reporteros empotrados con las tropas, con criterios opacos de selección, en recorridos estrictamente delimitados y con las grabaciones revisadas por la censura militar, como a EL PAÍS el pasado martes.
Ante esta situación, la Asociación de la Prensa Extranjera (FPA, en sus siglas en inglés), que representa a más de 400 medios de 30 países, llevó el asunto al Tribunal Supremo, que en un año ha concedido siete prórrogas al Estado para presentar su posición. El pasado día 23, en una esperada vista a la que asistió este periódico, le concedió 30 días extra para actualizar sus argumentos, tomando en consideración que ahora rige un alto el fuego. El ejército ha respondido, de momento, aumentando los empotramientos.
El veto supone para los periodistas extranjeros un constante sobreesfuerzo desde hace dos años. Informar sobre Gaza implica comunicarse con las fuentes siempre desde la distancia, generalmente por WhatsApp y, por épocas, con frecuentes interrupciones de las líneas. También dificulta la tarea de verificación, la obtención de imágenes y la coordinación con corresponsales y colaboradores sobre el terreno.
En este contexto, los periodistas palestinos han cargado con un peso desproporcionado, al convertirse en los ojos y oídos de los telespectadores. Todo ello bajo un riesgo perpetuo: Israel ha matado de media a más de dos por semana desde octubre de 2023. En algunos casos, reconociendo que eran el objetivo.
En la vista en el Supremo, Gilead Sher el abogado de la parte demandante, la Asociación de la Prensa Extranjera, defendió que el Estado ha tenido mucho tiempo para reevaluar su prohibición, con motivo de anteriores altos el fuego o de reducción de los combates, pero ahora carece ya de “excusa alguna” para seguir impidiendo el acceso a los periodistas extranjeros, porque “la situación ha cambiado por completo” con el alto el fuego, iniciado el día 10.
La Asociación sustenta su petición en la importancia de la libertad de información y de prensa, y en que los “cientos de millones” de lectores y espectadores que suman en total sus medios tienen derecho a una cobertura libre en el terreno, como recordó Sher en la vista.
Los representantes políticos y militares de Israel defienden que la entrada libre pondría en peligro tanto a los periodistas (algo que en otros conflictos solo corresponde valorar a ellos mismos y a sus medios) como a las tropas ocupantes, al desvelar sus posiciones. Entre los motivos, también suelen mencionar la presencia de rehenes en Gaza. Volvió a hacerlo Shosh Bedrosian, portavoz del primer ministro, Benjamín Netanyahu, hace dos semanas, cuando solo quedaban ya cautivos sin vida en el enclave palestino. En una rueda de prensa en Jerusalén, le preguntaron cuándo podrán entrar los periodistas a Gaza. “No hay información adicional. Todavía hay rehenes dentro”, respondió.
“Situación dinámica”
En la vista del Supremo, el fiscal del Estado (que había presentado su posición al tribunal en junio) pidió 30 días más para actualizarla. Argumentó que “los cambios están todavía muy frescos” y la situación es “dinámica”. Los tres jueces lo interrumpieron para subrayarle que, en efecto, las circunstancias son distintas, pero admitieron la prórroga en su totalidad, ante las quejas de Sher, que recordó que el veto dura ya dos años y afecta “a los fundamentos de la libertad de expresión”.
Poco después, en un comunicado, la Asociación se mostró “decepcionada” con la decisión del Supremo y acusó a la defensa de recurrir “una vez más a tácticas dilatorias”. El tribunal falló a favor del Estado en una primera petición, en enero de 2024, al aceptar su argumento de que el ingreso de periodistas a Gaza podía “poner en verdadero peligro” a las tropas desplegadas.
Desde la vista, el ejército ha aumentado los empotramientos —también para periodistas extranjeros— al lado israelí de la denominada línea amarilla. Es el 58% de la Franja al que permanecen replegados los militares desde el inicio del alto el fuego gestado por el presidente de EE UU, Donald Trump. El Estado informó esta semana al Supremo de que va a reexaminar su política, como este le había pedido, según medios locales. La corte le dio hasta el 23 de noviembre para presentar su posición revisada.
Además de impedir el ingreso libre, el ejército argumenta problemas de espacio para empotrar con las tropas a periodistas extranjeros, pero no hay más que encender la televisión israelí para ver la diferencia de acceso que han obtenido estos dos años sus corresponsales militares. En cuanto a los extranjeros, viene dando prioridad a medios anglosajones, agencias de noticias y aquellos con posiciones editoriales más próximas a Israel. Uno de ellos ha sido invitado a entrar hasta ocho veces. EL PAÍS, solo esta semana, tras dos años de peticiones. El veto es responsabilidad del Ministerio de Defensa y del ejército israelíes.
Tania Kramer es la presidenta de la FPA desde 2023 y recuerda que “los empotramientos nunca pueden reemplazar al acceso libre” y el trabajo de los periodistas consiste en “estar en el terreno, ver y hablar directamente con la gente”. “Es, básicamente, una petición muy simple para hacer nuestro trabajo”, añade Kramer, corresponsal en Jerusalén desde hace una década de la cadena alemana Deutsche Welle, en una entrevista en la ciudad.
La presidenta de la FPA también critica la contradicción que contiene el discurso de las autoridades israelíes. “Por una parte, dicen que toda la información que sale de Gaza es parcial porque proviene de periodistas palestinos. Por otra, no dejan a los periodistas extranjeros verlo por sí mismos”, señala, antes de matizar: “No es que queramos entrar en Gaza porque pensemos que podemos hacerlo mejor que nuestros colegas palestinos, sino que todo el peso no puede recaer sobre sus hombros”.
Tras la vista, el abogado de la FPA se mostraba optimista. Consideraba que la corte reconoció implícitamente el derecho de los periodistas extranjeros a acceder a Gaza para informar, al “poner la carga de la prueba” en el Estado, y no en el demandante. “Es un tono ligeramente distinto decir que, a la luz de las nuevas circunstancias, el Estado no puede volver a la corte dentro de 30 días con la misma posición”.
Mijael Sfard, un conocido abogado de derechos humanos, también participó en la vista, porque representa a Reporteros sin Fronteras, que acaba de ser aceptado como amicus curiae. Aseguraba que Israel no abrirá Gaza a todos los periodistas por propia voluntad, dado que “uno de los principales rasgos de su ideología bélica” es “controlar el flujo informativo” en la medida de lo posible.
La portavocía de las Fuerzas Armadas de Israel ha dejado sin respuesta dos preguntas que le formuló este periódico: ¿Cuál es la justificación de la prohibición de libre acceso a periodistas extranjeros a Gaza?; si se trata de la seguridad de los periodistas, ¿por qué se permite el acceso a los israelíes con más frecuencia que a los extranjeros?
