El Tribunal Supremo de Estados Unidos, que este lunes, el primero de octubre, abre uno de los cursos judiciales más trascendentales (otro) de su historia reciente, estudia cada año unos 70 casos. Solo un puñado tiene papeletas para atraer la atención mediática. Menos aún cambian el curso de las cosas, como el que en 2022 acabó con el derecho federal al aborto o Citizens United contra la FEC (2010), que trastocó las reglas de financiación electoral.
Este año, hay un caso que eclipsará el resto, aunque en realidad no existe, porque es la suma de muchos otros. Se podría llamar Donald Trump contra la democracia estadounidense, y resulta de juntar todas las peticiones que los nueve magistrados del Supremo han recibido de la Administración para que revisen resoluciones de los tribunales inferiores que han detenido el avance de decisiones ejecutivas potencialmente inconstitucionales de la Casa Blanca.
El curso pasado, Trump echó mano de esas peticiones de emergencia en 19 ocasiones solo en cinco meses, las mismas que la Administración de Biden en cuatro años. Hasta finales de septiembre, la cuenta continuó creciendo hasta 28, que ya son más que las que salen de sumar las peticiones de Biden, Barack Obama y George W. Bush.
Esas resoluciones urgentes no gozan de buena fama entre los juristas: sus críticos se refieren a ellas como “expedientes en la sombra” (shadow dockets); suelen implicar escasa deliberación y a menudo no incorporan argumentación o vienen sin firmar. En el caso de Trump, obedecen al patrón con el que está tratando de ampliar su poder por la vía de los hechos.
Funciona del siguiente modo: el presidente dicta un decreto u otra decisión ejecutiva y esta es impugnada en los tribunales de inmediato. Las instancias inferiores adoptan medidas cautelares que ponen en suspenso su aplicación, y la Administración de Trump recurre al Supremo para, con suerte, obtener ese permiso y sentar un precedente que allane el avance de su agenda autoritaria. Hasta ahora, se han puesto de su parte en el 85% de las oportunidades.
El actual Supremo, al que se le supone una independencia del poder político, está dominado por una supermayoría conservadora de seis jueces (tres de los cuales nombró Trump en su primera presidencia) frente a las tres liberales. Este año, el alto tribunal marcó un mínimo histórico con un 39% de aprobación entre los estadounidenses, según la encuestadora Gallup. Cuando John Roberts, que este lunes cumplirá 20 años en el cargo, se estrenó como presidente del Supremo, ese porcentaje era del 56%.
La constitucionalidad de los aranceles
El caso más importante relacionado con el presidente de Estados Unidos del nuevo curso resolverá por la vía rápida, antes de fin de año, la constitucionalidad de los aranceles que Trump ha impuesto desde su regreso al poder a decenas de países en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que desde 1977 permite al presidente regular las importaciones en circunstancias excepcionales. Los demandantes son una coalición de cinco pequeñas empresas y una docena de Estados demócratas cuyos negocios consideran afectados por la agresiva agenda comercial de Washington.
El Supremo también decidirá sobre dos despidos de alto perfil de la Administración de Trump: el de la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook, a la que acusan de un fraude hipotecario que ella niega, y el de Rebecca Slaughter, funcionaria demócrata del regulador del comercio (FTC son sus siglas en inglés). Ambos casos pueden cambiar las reglas sobre la independencia de las agencias federales de los caprichos de quien esté en la Casa Blanca.
Más allá de Trump, omnipresente en todos los órdenes de la vida pública estadounidense, el Supremo tiene previsto examinar un variado muestrario de asuntos: desde si una ley que prohíbe la “terapia de conversión” de la orientación sexual viola la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda a si los candidatos pueden impugnar el recuento de las papeletas de voto por correo hasta dos semanas después del día de las elecciones, o si una disposición de la Ley de Derecho al Voto constituye una salvaguardia contra la manipulación racial de los distritos electorales.
El alto tribunal, que este viernes aceptó un último caso, que se pregunta si Hawái puede regular la posesión de armas en una propiedad privada, también ha aceptado otros dos sobre la participación de atletas trans en el deporte, uno de los asuntos favoritos de la guerra ideológica del movimiento MAGA (Make America Great Again), que ha logrado colocar en el centro del debate una polémica que afecta a un ciertamente limitado número de personas.
La primera vista oral importante llegará este martes. Tiene su origen en la demanda de una consejera profesional cristiana que considera que una ley demócrata de Colorado viola su derecho a la libertad de expresión. ¿El motivo? Le prohíbe abogar ante los menores a los que aconseja por la “terapia de conversión” destinada a cambiar la orientación sexual o la identidad de género de estos.
La semana siguiente, el Supremo escuchará por segunda vez los argumentos (la primera fue en marzo pasado) en un caso sobre un mapa electoral de Luisiana que aumentó el número de distritos de mayoría negra en las elecciones para el Congreso. Con este, los seis magistrados conservadores, que hace un par de años ya dieron un golpe mortal a la discriminación positiva en las universidades, tendrán la oportunidad de desmantelar una disposición de la Ley de Derecho al Voto (1965) destinada a combatir la supresión del voto de las minorías que ha definido desde entonces el Estados Unidos que emergió de la era de los derechos civiles.
No es ese el único caso electoral del curso. El Supremo también estudiará la demanda que el vicepresidente, J. D. Vance, interpuso en la campaña en las que conquistó en 2022 su escaño como senador de Ohio. Si le dan la razón, el dinero tendrá aún menos límites para influir en la política estadounidense.
Es una vieja aspiración republicana (otra) que podría cumplir el Supremo actual, que este lunes comenzará el quinto año de su revolución conservadora. En el pasado curso, concedieron una victoria a Trump detrás de otra. Sus nueve magistrados cerraron el anterior, concediendo al entonces candidato una ampliación de su inmunidad como presidente en el desempeño de su cargo —concretamente, en las decisiones que tomó en los meses que condujeron al asalto al Capitolio—.
Aquello allanó su camino de vuelta a la Casa Blanca. Ahora, el éxito de su agenda política y el futuro de la democracia estadounidense están en las manos de esos mismos jueces.
