Los alrededores de decenas de prisiones en toda Venezuela se han convertido en campamentos de familiares que esperan a que les toque a ellos la buena noticia. Una parte de los presos políticos han sido encarcelados fuera de sus estados de residencia, lo que obliga a sus allegados a trasladarse entre ciudades para poder visitarlos o seguir sus casos en la Fiscalía. En estos días, cuando esperan que este sea el último viaje, se desvelan sobre colchonetas o directamente en las aceras frente a las cárceles, hasta que el anuncio del Gobierno de liberar a “un gran número” de prisioneros se concrete. Así ha pasado en El Rodeo I, en las afueras de Caracas los últimos dos días, y a una cuadra del Helicoide, la temida y enorme prisión de Caracas, donde han puesto velas y se han hecho vigilias para sobrellevar la incertidumbre.
Entre las salidas, destacan las de Enrique Márquez, excandidato presidencial, y Rocío San Miguel, una académica hispanovenezolana especialista en las Fuerzas Armadas venezolanas que viajó a España.
Las excarcelaciones de presos políticos parecen estar trabadas. No hay claridad sobre quién sale y cómo. Ocurren de a poco. El gesto hacia la paz que anunció el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a mitad de la semana, se ha traducido en menos de una veintena de salidas en un país que mantiene cerca de 1.000 personas encarceladas por motivos políticos. Hasta la noche de este sábado, la ONG Foro Penal había confirmado la liberación en distintos estados de Venezuela de 16 ciudadanos. Otras organizaciones cuentan 23, entre los que hay cinco españoles y tres italianos.
Mientras se esperan más confirmaciones, las ONG que acompañan a los familiares han informado de la muerte bajo custodia policial de Edison Torres Fernández, de 52 años. Torres, funcionario en una policía regional, fue detenido y recluido en un calabozo en Caracas a principios de diciembre por publicar en sus redes sociales mensajes críticos con el Gobierno de Maduro. No se conocen las causas ni circunstancia de la muerte, pero familiares y abogados han denunciado constantemente la falta de atención médica a los detenidos.
Justicia, Encuentro y Perdón contabiliza 90 presos políticos con enfermedades graves que requieren atención médica urgente. “La única medida realmente efectiva para proteger sus vidas es la liberación inmediata de todos ellos”, advierte la organización. “El tiempo importa: el lapso que transcurre entre un anuncio y una liberación concreta puede ser determinante entre la vida y la muerte, y mientras este proceso avanza con lentitud, otras personas podrían morir en prisión”, dice en un comunicado. El Foro Penal también ha advertido sobre 21 presos políticos que tienen más de 70 años. Por ley no deberían ser detenidos o estar sometidos a prisión domiciliaria.
La realidad en Caracas y otras ciudades del país no se corresponde con el anuncio de Rodríguez, hermano de la presidente encargada, y tampoco con las expectativas expresadas por el presidente Donald Trump, que este sábado dijo que Venezuela había iniciado “a lo grande” el proceso de liberación de sus presos políticos. El mandatario estadounidense dejó claro que espera que esos presos nunca olviden “la suerte que tuvieron de que Estados Unidos interviniera e hiciera lo que debía hacerse”. Rodríguez, por su parte, no ha dado informaciones sobre el proceso.
Entre las últimas liberadas está la enfermera Yanny Esther González Terán. La mujer de 55 años fue arrestada el 22 de julio de 2025. Se desempeñaba como presidenta del Colegio de Enfermeras del estado de Barinas, en los llanos venezolanos, y un mes antes, en mayo, había denunciado el supuesto hostigamiento por parte de la Dirección Regional de Salud en Barinas para obligarla a sumarse a la campaña electoral del candidato a gobernador chavista. Constantemente informaba sobre la precariedad de los centros de salud de su localidad.
También fue liberado Vicente Laverde, coordinador regional juvenil del partido Vente Venezuela, detenido luego de las elecciones de 2024 y acusado de terrorismo e incitación al odio. Didelis Corredor, arrestada desde 2023, también ha salido. Era la asistente del periodista y activista de Voluntad Popular, Roland Carreño, quien también se encuentra preso por segunda vez. A Corredor le allanaron su vivienda, apuntaron con armas de fuego a los menores de edad que la acompañaban y se la llevaron descalza. Este sábado también ha salido Antonio Buzzeta, venezolano con ciudadanía italiana, privado de libertad desde 2024.
Los defensores de derechos humanos se mantienen en alerta. Han denunciado que las excarcelaciones arrastran irregularidades, tal como ha ocurrido con las detenciones. En todos los casos han implicado libertades condicionadas, no una amnistía general, como han pedido opositores y familias. En la cárcel de El Rodeo I, de acuerdo con testimonios de familiares de presos, los excarcelados fueron sacados encapuchados y por la parte trasera del edificio, bajo amenazas y advertencias de no declarar ni ofrecer información sobre lo ocurrido.
“Estas prácticas son inaceptables y vulneran principios básicos de legalidad, dignidad humana y transparencia”, expone el Comité de Familiares de los Presos Políticos. “Instamos de manera urgente a las autoridades competentes a que los procesos de excarcelación sean transparentes, verificables y públicos, tal como corresponde en un Estado que respete los derechos humanos”.
A Enrique Márquez, excandidato presidencial y figura de la oposición al chavismo, y Biaggio Pillieri, periodista y dirigente opositor, los sacaron en camionetas con vidrios oscuros del Helicoide la noche del jueves. Fueron liberados por agentes de inteligencia en una urbanización del este de Caracas. En el caso de Rocío San Miguel, una de las primeras excarceladas y enviada a España con otros cuatro españoles, también se han denunciado limitaciones a su libertad. Su hermano José Manuel San Miguel informó este sábado que la abogada y activista recibió una medida cautelar sustitutiva de la prisión con prohibición de declarar públicamente.
