Una congresista demócrata ha defendido las acciones de una turba insurgente y coordinada que irrumpió en el servicio religioso de una iglesia de Minnesota para protestar por la detención de inmigrantes ilegales con antecedentes penales por parte de las autoridades federales en el estado.
El 18 de enero, una multitud de manifestantes, incluidos miembros de la Red de Justicia Racial y Black Lives Matter Minnesota, entró en el santuario de la iglesia Cities Church, coreó consignas como “¡Fuera ICE!” y exigió justicia para Renee Good, una mujer de 37 años que fue abatida de un tiro el 7 de enero por un agente federal de inmigración cuando ella lo embistió al volante de su Honda Pilot.
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La protesta, coorganizada por Black Lives Matter, también provocó un enfrentamiento entre el pastor principal de Cities Church, Jonathan Parnell, y el experiodista de CNN Don Lemon. Los manifestantes estaban molestos porque uno de los pastores de la iglesia, David Easterwood, dirige una oficina local del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).
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En una aparición el 19 de enero en CNN, la representante Adelita Grijalva, demócrata por Arizona, dijo que las personas que irrumpieron en la iglesia Cities Church “no fueron violentas” y tenían “todo el derecho” a interrumpir el servicio religioso tras enterarse de que “alguien que se supone que habla en nombre de la comunidad en la iglesia” es “un agente federal que dirige el ICE en sus comunidades”, en referencia a Easterwood.
“Las iglesias siempre han sido una puerta abierta”, dijo Grijalva, de 55 años, al presentador del programa “The Source” de CNN, Jim Sciutto.
Cuando se le preguntó si creía que los activistas habían ido demasiado lejos al interrumpir el servicio dominical, Grijalva respondió: “No lo creo. … Creo que cuando se enteran de que alguien que se supone que habla en nombre de la comunidad en la iglesia resulta ser un… un agente federal que dirige el ICE en sus comunidades, tienen derecho a entrar allí”.
La irrupción en la iglesia provocó la condena de algunos funcionarios del gobierno, incluida la fiscal general Pam Bondi, quien anunció el jueves pasado el arresto de tres personas implicadas en la irrupción y su acusación en virtud de la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas (FACE, por sus siglas en inglés).
Bondi y el director del FBI, Kash Patel, anunciaron que dos de los activistas llamados Nekima Levy Armstrong y Chauntyll Louisa Allen, habían sido acusados en virtud de la Ley FACE, que prohíbe “lesionar, intimidar o interferir intencionadamente con… [cualquier persona] que busque ejercer el derecho a la libertad religiosa de la Primera Enmienda en un lugar de culto religioso”.
El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) acusó a Grijalva de obstaculizar la detención de 46 inmigrantes ilegales en Tucson, Arizona, incluidos algunos que tenían arrestos previos por agresión sexual. El DHS también la acusó de afirmar falsamente que fue rociada con gas pimienta por agentes del ICE.
Según el DHS, la turba se tornó violenta, agredió a los agentes del ICE, cortó los neumáticos, y Grijalva “se unió a la multitud amotinada e intentó obstaculizar a los agentes del orden, para luego recurrir a las redes sociales para difamar a las fuerzas del orden afirmando falsamente que había sido rociada con gas pimienta”.
