Julian Assange ha solicitado una pena de 20 años y medio de prisión para el exmilitar español David Morales por haberlo espiado durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres entre 2012 y 2019 y por entregar a terceros, supuestamente a la CIA, las grabaciones de sus reuniones con sus abogados. El letrado del fundador de WikiLeaks lo acusa de revelación de secretos, organización criminal, cohecho, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales.
Tras seis años de instrucción, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz acaba de terminar la investigación de este caso y conduce hacia juicio oral a su presunto responsable al apreciar indicios de delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas. La Fiscalía todavía no ha presentado su escrito de acusación.
El expresidente de Ecuador Rafael Correa fue una de las personalidades espiadas por los trabajadores de la empresa de seguridad de Morales UC Global S.L., y también se ha personado en la causa: reclama 13 años de prisión para el exmarine por varios delitos.
La compañía española de Morales, con sede en Jerez de la Frontera, se ocupaba de la seguridad de la Embajada entre 2015 y 2018 y había sido contratada por el Servicio de Inteligencia de Ecuador (Senain). Dos hijas del político ecuatoriano fueron también vigiladas cuando estudiaban en Francia por trabajadores de Morales. Se les instalaron troyanos en sus teléfonos móviles.
Assange pide, asimismo, cinco años de cárcel para Michel Wallemacq, el responsable de operaciones de la compañía, en su caso únicamente por descubrimiento y revelación de secretos. Solicita también una indemnización de 30.000 euros a favor de la organización Plataforma por la Libertad de Información (PLI). Según, el escrito de acusación presentado por el letrado Aitor Martínez, Morales suscribió acuerdos ilegales de colaboración con autoridades estadounidenses para nutrirles de información “sensible” sobre Assange y las reuniones con sus abogados.
Las diligencias judiciales se iniciaron en 2019, después de que una investigación de EL PAÍS publicara los audios y vídeos grabados por trabajadores de UC Global S.L. al ciberactivista australiano en los años en los que permaneció recluido en la Embajada de Ecuador en Londres. Semanas después de estas revelaciones, el exinfante de Marina fue detenido y ha permanecido desde entonces en libertad provisional.
Entre junio y julio de 2017, el dueño UC Global S.L. ordenó a sus trabajadores colocar nuevas cámaras con audio y micrófonos en la sede de la legación diplomática y grabar las conversaciones de Assange con abogados, médicos, periodistas y todas las personas que le visitaron. El material, incluidos informes de cada visita, se archivaba en un servidor central de la empresa. Morales creó una unidad especial de empleados encargada especialmente de estas labores de espionaje. Además, colocaron filtros de sonido para sortear los mecanismos que pudieran activar Assange y su equipo para provocar distorsiones.
Morales obligó a los técnicos a que habilitaran las cámaras en streaming (sistema de emisión en tiempo real) para que se pudiera acceder a controlar todo lo que sucedía dentro de la Embajada. Pretendía abrir dos canales para el acceso online, uno para Ecuador y otro “para los amigos de Estados Unidos”, según señaló Pedraz en un auto reciente con el que da por concluida la investigación.
La investigación judicial ha intentado determinar si el receptor de esa información era la CIA. Una querella presentada en Nueva York contra Mike Pompeo, exdirector de la agencia de inteligencia, por abogados y periodistas estadounidenses espiados cuando visitaron a Assange determinó que la CIA no podía responder a sus preguntas porque pondría en peligro la seguridad de Estados Unidos. El juez John G. Koeltl desestimó la demanda invocando el secreto de Estado y por el “grave daño para la seguridad nacional” del país si se revelara esa operación de inteligencia.
