Un hito importante pasó inadvertido esta semana extraordinariamente cargada incluso para los estándares actuales de la política estadounidense. Entre el aniversario de la victoria de Donald Trump, el triunfo electoral demócrata y el récord de duración del cierre de Gobierno más largo de la historia, no hubo manera de reparar en que el lunes empezó la cuenta atrás de un año para las próximas legislativas. En ellas, se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Pero, sobre todo, se dirime la viabilidad de la segunda mitad del mandato de Trump.
Consciente de cuánto se juega en esa cita con las urnas, el presidente estadounidense ya ha lanzado un asalto en diferentes frentes para −si todo va bien, con la ayuda del Tribunal Supremo− alterar las reglas del juego antes (manipulando el mapa del voto), durante (dificultando el sufragio de las minorías) o después de las elecciones (negando los resultados). ¿El objetivo? Que los republicanos no pierdan la Cámara de Representantes y que los demócratas no puedan poner coto a la agenda del presidente, y quién sabe si plantear un impeachment (juicio político) como los dos que le montaron en su primer mandato en la Casa Blanca.
La hipótesis del amaño no suena tan alarmista o exagerada si se piensa que en 2020, después de meses difundiendo sospechas por adelantado sobre el sistema electoral, Trump se aferró al poder tras perder las elecciones alegando un fraude inexistente, presionó al fiscal general de Georgia para que le buscara los votos que necesitaba, impugnó recuentos por todo el país y, cuando vio que nada de todo eso no le funcionaba, arengó a una turba de sus seguidores para que asaltaran el Capitolio.
Aunque tal vez no haga falta remontarse tanto: en verano de 2024, en un mitin en Florida de la campaña que lo devolvió a la Casa Blanca, el candidato se dirigió a los cristianos de Estados Unidos para decirles: “Lo arreglaremos tan bien que no tendréis que votar nunca más”.
La parte del plan referida al antes empezó en verano, cuando el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, anunció que redibujaría los distritos electorales de su Estado para quitar a sus rivales cinco escaños. Lo hizo mediante la táctica del gerrymandering, un deporte tan estadounidense como poco democrático. Lo practican políticos de ambos signos y consiste en crear unidades de votantes demográficamente artificiales y geográficamente imposibles (tanto como una salamandra, animal al que se debe la segunda parte del neologismo) que benefician a quien está en el poder. La Constitución obliga a ese redibujo, por Estados, cada 10 años, cuando, tras darse a conocer los nuevos censos, se rehacen los mapas electorales para reflejar los cambios poblacionales.
Lo que hizo Abbott se conoce como gerrymandering de medio mandato, porque se practica antes de las elecciones legislativas que parten la presidencia en dos y que suelen ser adversas para el inquilino de la Casa Blanca. Que ya estaba muy tocado el mapa de Texas, territorio mucho más diverso de lo que el tópico pinta, lo demuestra el hecho de que los republicanos se hicieran en 2024 con el 67% de los escaños en Washington cuando solo obtuvieron el 52% de los votos en la elección por representación directa del Senado. Con la nueva manipulación, aspiran a un 80% de la tarta.
Respuesta en California
El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó al anuncio de Texas proponiendo un nuevo mapa en su Estado que asegura a los demócratas cinco escaños. Como el suyo es uno de los pocos territorios en los que los distritos los diseña una comisión independiente, tuvo que someter su plan a referéndum, que salió adelante con un 64% de síes el martes pasado, un resultado que afianzó las credenciales de Newsom como posible candidato a las presidenciales de 2028.
“Paradójicamente, Newsom tuvo que saltarse a esa comisión, que es el sistema ideal”, reconoce al teléfono Ricardo Ramírez, consultor político de Los Ángeles experto en derecho al voto. “Al principio, me pareció problemático, pero no había otra opción: jugar de acuerdo a las reglas en este caso habría sido como ir con un vaso de agua a apagar un incendio forestal”.
El martes fue también el día de las contundentes victorias demócratas en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. Han devuelto al partido la fe en su capacidad para ganar tras un año de crisis de identidad y liderazgo, y aumentan las posibilidades de recuperar la Cámara de Representantes en las midterms (con el Senado, lo tendrán más difícil). Trump reaccionó en la derrota presionando en la red social Truth al Capitolio para que apruebe reformas del sistema electoral que atiendan a sus obsesiones con el voto por correo y con la obligación de aportar una prueba de ciudadanía en las urnas. [La idea de que los inmigrantes indocumentados, pagados por los demócratas, votan en masa es una de las conspiranoias favoritas de los republicanos].
En marzo, Trump emitió un decreto que, en nombre de la seguridad electoral, recogía esas dos medidas y otras como la que pide que solo cuenten los votos por correo recibidos antes del día de las elecciones independientemente de las normas estatales. Dos jueces federales le pararon los pies porque, le recordó uno de ellos, “la Constitución no otorga al presidente ningún poder específico sobre las elecciones”.
A Texas y California le han seguido por el lado de los republicanos Misuri (donde estos se garantizan un representante adicional tras el rediseño), Carolina del Norte (otro) y Ohio (dos más). En todos los casos, el partido de Trump aprovechó su control de los parlamentos estatales para sacar adelante distribuciones en las que la representación de las minorías, con su voto potencialmente demócrata, queda concentrado en menos distritos, que ya dan por perdidos, o diluido en otros de dominio conservador.
El líder de la mayoría republicana en el Senado estatal de Carolina del Norte, Phil Berger consideró en un comunicado remitido esta semana por su oficina que el gerrymandering en su Estado era necesario “para proteger la agenda del presidente Trump, que está dándole a los estadounidenses una serie de victorias sin precedentes”. “No podemos permitir que Newsom decida la mayoría en el Congreso”, añadió.
“Las guerras del gerrymandering no han terminado aún”, advierte en una entrevista telefónica Michael Li, de la entidad no partidista de referencia en derecho electoral Brennan Center for Justice. Perdida en 2022 la oportunidad de haber terminado con la manipulación electoral con el proyecto de la Ley de libertad de voto −no salió adelante pese a que los demócratas dominaban ambas cámaras−, Li enumera otros Estados que podrían seguir ampliando el campo de batalla (del republicano Florida al demócrata Illinois) y aclara que aún hay tiempo para nuevas manipulaciones hasta poco antes de las primarias. En algunos lugares empiezan tan pronto como en marzo y se extienden hasta el final del verano.
Y en mitad de ese proceso, el Supremo fallará en junio en el caso Louisiana vs Callais, uno de los más importantes del curso judicial. Sus nueve magistrados, seis de los cuales son conservadores y han dado una victoria tras otra a Trump desde su regreso a la Casa Blanca, ya lo estudiaron el año pasado, pero decidieron en junio que lo examinarían de nuevo para aprovechar la oportunidad para meterle mano a la sección segunda de la Ley del Derecho al Voto de 1965. Es una norma trascendental de la democracia estadounidense porque ilegalizó prácticas discriminatorias para garantizar a los votantes de minorías étnicas o lingüísticas la igualdad de acceso a las urnas.
Esa sección segunda establece que las autoridades locales y estatales no pueden redibujar los distritos si esa manipulación “resulta en la denegación o restricción del derecho al voto de cualquier ciudadano por motivos de raza”. La mayoría conservadora del Supremo, que en 2023 ya tumbó la discriminación positiva en las universidades, escuchó los argumentos orales del caso el pasado 15 de octubre, y dio la impresión de estar dispuesta a debilitar esa parte de la ley.
“En la práctica, es posible que los republicanos ganen casi 20 escaños en la Cámara de Representantes”, explica el profesor de la Universidad de Massachusetts Paul Collins, autor de varios libros sobre la politización del Supremo. Todos ellos están en el Sur. Además, abonaría un círculo vicioso: al verse excluidas, las minorías no tienen incentivos para implicarse políticamente porque no se reconocen en sus representantes, así que dejan de votar. También está comprobado que alentaría el extremismo: con la competencia, desaparece también la necesidad de encontrarse en el centro para buscar consensos.
“La cosa va mucho más allá de una maniobra de debilitamiento”, opina Lydia Ozuna, que fundó en 2017 una organización llamada Tejanos contra el gerrymandering. “La ley del derecho al voto sobrevive con respiración asistida. Lo del Supremo sería como quitarle el oxígeno”. Ozuna atiende por teléfono a EL PAÍS desde la gran conurbación de Houston, que los cambios de población han convertido en los últimos años en un verdadero experimento demográfico dividido en partes casi iguales en cuatro: blancos, negros, asiáticos y latinos. Los nuevos mapas del gobernador Abbott convierten uno de sus distritos, demócrata, en republicano.
Colas para votar
“El éxito de esa manipulación electoral dependerá también de la participación”, argumenta la activista, que sugiere no perder de vista los planes que Trump puede poner en marcha para las elecciones del año que viene: “Básicamente, obstáculos para acudir a las urnas, como reducir el número de centros para hacerlo, lo que podría derivar en más colas”.
Esas colas nunca son un problema en las zonas rurales, de mayoría republicana. También está el empeño de Trump de limitar la votación a la jornada electoral, frente al sistema actual, a menudo poco comprensible desde la óptica europea, en el que los colegios pueden estar abiertos durante semanas. Cambiar eso entorpecería el sufragio de millones de ciudadanos. A diferencia de lo que sucede en España, las elecciones siempre caen en martes, que nunca es un día festivo, así que muchos tendrían que cogerse vacaciones en un país rácano con ellas.
La suma de esos obstáculos busca establecer un tablero de juego en el que la “competencia es real, pero injusta”. Es lo que los politólogos Steven Levitsky y Lucan Way definieron por primera vez en 2002 en un artículo científico como “autoritarismo competitivo” para describir un sistema que otorga a un resultado poco menos que predeterminado la apariencia de una elección democrática. Levitsky también es coautor del influyente ensayo Cómo mueren las democracias, que argumentaba convincentemente que los autócratas contemporáneos adoran las elecciones, siempre que las puedan manipular.
La teoría de Levitsky y Way aparece mencionada en un artículo reciente de The Atlantic titulado El plan de Trump para socavar las elecciones ya está en marcha, cuyo autor, David A. Graham, empieza pidiendo al lector un ejercicio de imaginación sobre el después. Propone un viaje al futuro, hasta la noche del 3 de noviembre de 2026, al final de la jornada electoral de las midterms. El escenario es el siguiente: los republicanos han ganado el Senado, pero el control de la Cámara de Representantes “parece que se decidirá en dos distritos del condado de Maricopa, en Arizona”.
“Agentes de migración y miembros de la Guardia Nacional llevan desplegados allí desde el verano [anterior], en busca de inmigrantes con antecedentes penales”, escribe Graham, que imagina a Trump adjudicándose la victoria antes de tiempo y atacando a sus adversarios en Truth; a sus fieles aliados presionando a las autoridades electorales de Arizona; y a los medios de ultraderecha esparciendo el bulo del fraude demócrata. “A pesar de la presencia de marines en las calles, estallan pequeñas pero intensas protestas en Phoenix y otros lugares”, agrega Graham, “Trump las utiliza como pretexto para invocar la Ley de Insurrección y decreta la ley marcial en las ciudades gobernadas por demócratas”.
Y de nuevo, podría sonar demasiado alarmista, si no pareciera una secuela, mejorada y aumentada, de la película de las elecciones de 2020. Hasta el escenario es familiar: Maricopa fue hace cinco años la zona cero de la Gran Mentira de Trump.
Entonces, simpatizantes crédulos del aún presidente, muchos de ellos armados, se presentaron en Phoenix para impugnar los resultados al inicio de una secuencia de acontecimientos que desembocó, dos meses después, en el asalto al Capitolio. Unos 1.600 insurrectos fueron condenados a la cárcel por sus actos de aquel 6 de enero.
En su primer día de vuelta en el poder, Trump los indultó a todos. No parece descabellado pensar que muchos de ellos estarán dispuestos, llegado el caso, a devolverle el favor en las próximas elecciones.
