El Gobierno de Estados Unidos está tratando desde el sábado de vender como un “acto de defensa propia” el hecho de que un grupo de agentes federales matara a tiros a un enfermero estadounidense llamado Alex Pretti en Minneapolis, cuya muerte ha desatado una fenomenal bronca política entre el Gabinete republicano y las autoridades demócratas del Estado de Minnesota. Pero incluso para el presidente Donald Trump, alguien que ha construido su carrera política sobre un muro de mentiras, esta vez no será fácil: el mundo entero ha visto ya millones de veces los vídeos de lo que sucedió. Y, a falta de conocer las revelaciones finales de la investigación, dejan lugar a pocas dudas.
No las tiene, desde luego, Keith Ellison, Fiscal General de Minnesota, Estado convertido en la diana de la ira autoritaria de Trump. Ellison declaró en un comunicado este domingo que a Pretti “lo asesinaron a plena luz del día”. “Fue ante nuestros propios ojos. Tanto el Estado de derecho como el sentido de justicia que todos llevamos dentro exigen una investigación completa, justa y transparente de su muerte”, remató.
De momento, las autoridades federales han tratado entorpecer esas pesquisas, como hicieron tras la muerte de Renee Good, otra ciudadana estadounidense a la que mató un agente del Servicio de Inmigración (ICE) el 7 de enero también en Minneapolis. En las horas que siguieron a la muerte de Pretti, impidieron a los agentes estatales y locales acceder al lugar del crimen para examinar las pruebas.
En la noche del sábado, un juez de ese Estado del Medio Oeste, que votó en las últimas elecciones por Kamala Harris y está gobernado por su candidato a la vicepresidencia, Tim Walz, prohibió a los agentes que destruyeran los indicios que obran en su poder. Este domingo, representantes del Estado se presentaron en el lugar de los hechos.
Así están las cosas en los Estados Unidos de Trump, un lugar en el que para la Casa Blanca cualquier motivo —cualquier tragedia, en este caso— sirve para atacar a sus adversarios políticos. En un mensaje en Truth, el presidente de Estados Unidos culpó este domingo de las muertes de Good y Pretti al “caos provocado por los demócratas”.
Pocas horas después de que uno o varios miembros de la Patrulla Fronteriza, aún no está claro, dispararan varias veces contra un hombre al que acusan de portar legalmente un arma —que, si llevaba, nunca sacó, según se deduce de las grabaciones de ese día, pese a que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró que la estaba “blandiendo”—, se supo que otra compañera de Gabinete, la fiscal general Pam Bondi, envió una carta a Walz. En ella lo culpa a él y a otros cargos electos de Minnesota de permitir la “anarquía” en Minneapolis. “Ha llegado el momento de que los funcionarios estatales y locales de su Estado cambien de rumbo”, exige la misiva, en la que le critica por haber llamado al ICE “la moderna Gestapo de Trump”.
Controlar las elecciones
Aunque la parte más “reveladora” para el senador Chris Murphy (Connecticut) viene después. Es en la que Bondi pide que se permita que “la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia acceda a los registros electorales para confirmar que las prácticas de registro de votantes de Minnesota cumplen con la ley federal, tal como lo autoriza la Ley de Derechos Civiles de 1960″. “Atender esta solicitud de sentido común garantizará mejor unas elecciones libres y justas y reforzará la confianza en el estado de derecho”, escribe Bondi.
Para Murphy, se trata de la prueba de que la Operación Metro, que es como la Casa Blanca ha bautizado el envío de 3.000 agentes federales a Minnesota para lanzar masivas redadas de inmigrantes, tiene un objetivo oculto, según declaró este domingo por la mañana a CNN: tomar el control del Estado, “y de otros Estados bisagra“, para poder supervisar el proceso electoral de la cita con las urnas del próximo mes de noviembre y alterar ese resultado en favor de los republicanos. Estos llevan las de perder en esos comicios, según las encuestas, sobre todo en la Cámara de Representantes.
Esa idea era compartida en los corrillos que en la noche del sábado, en una Minneapolis a menos de 25 grados bajo cero, se organizaron en torno a las hogueras prendidas por los vecinos. En uno de ellos, Alana, una joven que no quiso decir su apellido “por miedo”, se mostró de acuerdo con esa interpretación de que lo que busca Trump obedece a un cálculo político que va más allá de su objetivo de organizar “la mayor deportación de la historia”. “Ha amenazado con activar la Ley de Insurrección. Si lo hace, podrá convertir Estados Unidos en el Estado fascista con el que sueña”, agregó.
La memoria de Alex Pretti también ha desatado una pelea política en Washington, que este domingo soportó una nevada “histórica” y podría estar a unos pocos días de otra clase de tormenta, esta política. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció el día anterior que su partido se opondrá a la aprobación de una prórroga en los presupuestos, salvo que los republicanos, algunos de los cuales han empezado a expresar su disgusto por ver a los agentes federales matar a ciudadanos estadounidenses, se avengan a tocar el texto, que incluye una provisión de 10.000 millones de dólares para el ICE.
Por el horizonte asoma el 30 de enero, día en el que expira el último aplazamiento en la financiación de la Administración estadounidense. La ofensiva de Trump en Minnesota podría empujar por tanto a un nuevo cierre parcial de esta (que acarrearía la suspensión de servicios y de sueldos públicos, entre otros efectos traumáticos).
La ley ahora en liza se aprobó la semana pasada en la Cámara de Representantes con el apoyo de 10 demócratas. En el Senado son necesarios 60 de los 100 votos, y los republicanos solo cuentan con 53. De consumarse, ese pulso llegaría un par de meses después del último, cuando Estados Unidos vivió el cerrojazo de la financiación más largo de su historia, durante el cual faltó el dinero para casi todo pero no para el ICE. Trump se encargó personalmente de ello.
