Marine Le Pen se juega su carrera política desde este martes, a la una del mediodía, hasta el 12 de febrero. La última bala. La líder ultraderechista y candidata mejor situada para ganar las elecciones presidenciales de 2027, asistirá durante varias semanas a la vista del proceso de apelación de la sentencia que el Tribunal Correccional de París le impuso en marzo de 2025 tras un desvío de fondos europeos originalmente destinados a pagar asistentes parlamentarios en Bruselas. Le Pen fue condenada a cuatro años de cárcel —dos firmes con un brazalete electrónico— y la inhabilitación política de cinco años. La sentencia le impide presentarse a cargos públicos en unas elecciones.
Su formación, el Reagrupamiento Nacional (RN), lleva meses preparándose para lo peor y el presidente del partido, Jordan Bardella, ha sido señalado ya como candidato en caso de que el recurso de Le Pen no prospere. Él se deja querer, aunque en público critique duramente la situación que podría producirse si Le Pen no pudiera concurrir. “Sería inquietante. La democracia es la libre elección del pueblo, sin trabas ni actos de deslealtad”, señaló este lunes. La líder del RN, de 57 años y candidata en las últimas tres presidenciales, se aferra a su última carta, la de una improbable absolución o el levantamiento de la inhabilitación provisional que validaría una cuarta carrera por el Elíseo. “Tengo la impresión de que habrá una visión menos severa”, explicaba hace unos días a este periódico Louis Aliot, vicepresidente del partido y también condenado en el mismo caso.
El denominado escándalo de empleos ficticios fue, según la sentencia, una estrategia de la cúpula del partido de Le Pen para utilizar la financiación que recibía de Bruselas entre 2004 y 2016, un periodo en el que el partido tenía mucha más presencia en Europa ―y, por tanto, subvenciones― que en Francia, para funciones fuera de su perímetro legal. Una práctica extendida, en mayor o menor medida, a otros partidos en Francia, como el ex primer ministro, François Bayrou. El entonces presidente de la Eurocámara, el socialista alemán Martin Schulz, presentó una denuncia en 2015 que desembocó en casi 10 años de investigación y acabó en el juicio.
Bruselas elevó entonces a 6,8 millones de euros —aunque el tribunal lo haya ahora rebajado sensiblemente— el montante del que se benefició el RN a través de un “sistema fraudulento de desvío de fondos” que, fundamentalmente, utilizaba el dinero destinado a pagar asistentes en el Parlamento Europeo para asuntos domésticos de la formación en Francia. Durante sus alegatos, según publicó el diario Le Monde, los dos fiscales describieron, uno tras otro, la estructura de un “sistema” consistente en contratar “falsos” asistentes parlamentarios europeos que, en realidad, trabajaban para el partido.
El veredicto señaló que, aunque no haya habido un “enriquecimiento personal”, el delito se produjo para beneficio del “confort de los dirigentes del partido”. El tribunal considera que el daño total es de 4,1 millones de euros y, en el caso de Le Pen, la cuantía de su malversación ascendería a 474.000 euros. Sobre la existencia de un “sistema” que organizaba el desvío de fondos públicos, el tribunal considera que “realmente no ha tenido dudas” a la vista de los elementos de la investigación. Un sistema, señala la sentencia, en cuyo “corazón se encontraba Marine Le Pen desde 2009″. “Marine lo sabe”, señalaba uno de los correos electrónicos intervenidos. El partido deberá también pagar una multa de dos millones de euros.
Le Pen ha dejado claro que en caso de otra condena no esperará a un nuevo recurso ante el Supremo y cederá el testigo a Bardella, disparado en las encuestas (incluso más que ella), pero que concurrirá a la presidencia si la justicia se lo autoriza. Si cuando se anunció la sentencia en primera instancia pareció un terremoto político, la potencia electoral que ha demostrado desde entonces Bardella ha mermado algo su incidencia en la vida política del país.
