La muerte de la ciudadana estadounidense Renee Good, de 37 años, a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por las siglas en inglés) en la ciudad de Minneapolis el pasado miércoles ha llevado a un punto álgido la indignación de una parte de la población, que asiste con frustración a la campaña antiinmigración del presidente Donald Trump. Manifestaciones y vigilias se han multiplicado por todo el país desde el suceso, la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de tantos ciudadanos que se oponen a las políticas de una Administración que justifica los abusos del ICE.
Las autoridades, principalmente las demócratas, han llamado a la calma y a protestar de forma pacífica ante el temor de que las demostraciones se conviertan en violentas. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha anunciado que la Guardia Nacional está preparada para intervenir en caso de que sea necesario. “Va a ser un desafío porque puedo sentir su ira. El deseo humano de reaccionar con violencia en este momento es muy real”, dijo Walz el jueves, para añadir: “Perdemos si esto deriva en violencia y les permite intensificar la situación”.
La tensión, que se ha ido gestando durante meses por las agresivas políticas de la Administración y la brutalidad e impunidad con la que los agentes migratorios realizan redadas y detienen a inmigrantes, ha llegado a su máximo nivel con la muerte de Good.
Políticos demócratas exigen una investigación imparcial de los hechos y la dimisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y, de acuerdo a informaciones en medios nacionales, republicanos admiten en privado su conmoción por lo sucedido y por la reacción del Gobierno. Nada más suceder el tiroteo que acabó con la vida de Good, que estaba presente en una redada como observadora, Noem se apresuró a asegurar que el agente había actuado en defensa propia y acusó a la víctima de ser una terrorista por usar su automóvil para intentar atropellar a los agentes federales. Vídeos difundidos masivamente, publicados en medios de comunicación y redes sociales, ponen en duda esa versión. No hay evidencia de que el coche de Good tocara al agente que la mató y parece que intenta alejarse de ellos cuando fue disparada.
No obstante, la voz oficial del Gobierno ha sido una sola. Trump respaldó la versión de Noem el miércoles y sin pruebas acusó a la víctima de ser “muy conflictiva, obstruccionista y resistente”. El vicepresidente, J. D. Vance, dijo que pertenecía a un grupo de izquierda radical; cuando se le preguntó cuál y que aportara pruebas, no supo contestar. Quienes la conocían la definen como una mujer “cariñosa, comprensiva y afectuosa” y “un ser humano increíble”. Good deja tres hijos, de 15, 12 y 6 años.
El viernes se hizo público un nuevo vídeo grabado desde el celular del agente que la mató. En él, se escucha a Good decirle: “No estoy enfadada contigo”, segundos antes de que la disparara tres veces. Vance usó el vídeo para insistir en que el agente actuó en defensa propia ante una amenaza de muerte, un argumento que ha usado la Administración en los últimos meses para presentar a los agentes como víctimas de agresiones de los manifestantes.
Good pertenecía al grupo de quienes defienden a los migrantes y denuncian una política sin precedentes que ha propagado el terror en las comunidades extranjeras. La ira que causó su muerte se reflejó en la respuesta inmediata de los ciudadanos. “Fue increíble. Llegaban vecinos de todos los lados que mostraban el rechazo a los agentes”, afirma a EL PAÍS Rico Durán, miembro de la Red de Defensa del Inmigrante (IDN), que se creó el año pasado como resistencia a las redadas. Él mismo acudió en seguida al lugar de la muerte de Good y sostiene que sufrió los ataques con gas lacrimógeno que lanzaron los agentes contra los ciudadanos que protestaban.
Una investigación sospechosa
La indignación también ha aumentado porque hay muchas dudas de que las investigaciones sobre lo ocurrido se hagan de forma imparcial. El FBI ha vetado la participación de los profesionales locales en las pesquisas, elevando más la tensión entre el Estado de Minnesota y la Administración de Trump. “La Oficina de Investigación Criminal de Minnesota dedicó el día de ayer a intentar lograr esa rendición de cuentas. Hemos sabido que la Administración de Trump ha negado al Estado la posibilidad de participar en la investigación. Y quiero dejar esto lo más claro posible para todos: Minnesota debe formar parte de esta investigación”, declaró Walz.
También el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, denunció el viernes en una comparecencia ante la prensa la resistencia federal a compartir las investigaciones con las autoridades locales y puso en duda su transparencia. “Este es el momento de cumplir la ley”, dijo Frey. “Este no es el momento de ocultar los hechos”. El fiscal general de Minnesota, Keith Ellison, anunció que realizarían sus propias pesquisas.
En Portland, los ciudadanos también salieron a las calles para reclamar justicia después de que otro tiroteo a manos de agentes migratorios dejara dos migrantes venezolanos heridos en esa ciudad el jueves por la noche. El Gobierno afirmó sin pruebas que los heridos forman parte de la banda criminal Tren de Aragua y también los acusó de haber intentado atropellar a los agentes. El alcalde de Portland, Keith Wilson, pidió a la agencia de inmigración que suspendiera todas sus operaciones en la ciudad hasta que se complete una investigación exhaustiva.
La tensión causada por la campaña de Trump para conseguir el mayor número de deportaciones de extranjeros de la historia ha profundizado la polarización de los ciudadanos entre quienes se creen la versión, desmentida por las estadísticas, de que los agentes migratorios están retirando de las calles a los criminales y quienes denuncian la brutalidad de los agentes durante las redadas y las injusticias cometidas en las detenciones. Más de 600.000 personas han sido deportadas, según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), y unas 60.000 se encuentran detenidas en los centros del ICE en todo el país.
Minneapolis, como ya lo fueran antes otras ciudades como Chicago, Los Ángeles, Charlotte, Washington D. C. y Nueva Orleans, se convirtió en objetivo del Gobierno, que ha enviado a más de 2.000 agente a las Ciudades Gemelas (Minneapolis y Saint Paul) para lo que ha calificado como la mayor operación contra la inmigración. Desde la Administración se ha justificado el despliegue por un supuesto fraude masivo de desvío de fondos destinados a guarderías que denunció un influencer de extrema derecha en un vídeo que ha sido desmentido. Varios de los acusados son de origen somalí, país del cual hay una nutrida comunidad en el Estado de Minnesota y que ha sido víctima de ataques racistas incentivados por el propio Trump, que los ha insultado en numerosas ocasiones y los ha calificado como “basura”.
Protestas y ciudadanos entrenados
La Red de Defensa del Inmigrante (IDN) se encarga de dar entrenamiento a las personas que no quieren quedarse de brazos cruzados ante las detenciones de sus vecinos. La red, que agrupa a más de un centenar de organizaciones, da cursos de entrenamiento para que los voluntarios realicen una labor de alerta y observación de las operaciones del ICE en todo el país. Les enseñan a ser testigos y grabar las operaciones, a explicar sus derechos a los detenidos y hacerlo siempre de forma pacífica.
La demanda de las clases se ha multiplicado en Minneapolis con la llegada de los primeros agentes migratorios a finales de diciembre. Cientos de personas acuden a los entrenamientos para hacer frente a los funcionarios del ICE. “La violencia extrema con la que se han presentado los agentes del ICE ha hecho que la gente responda”, dice Durán.
Pero la respuesta no llega solo de quienes defienden a los migrantes. Hay grupos de extrema derecha que les envían amenazas e incluso publican los nombres de los integrantes de la IDN. Sus miembros, explica, tienen que estar preparados porque espera que en algún momento los ataques que hasta ahora son verbales se vuelvan físicos.
El miedo a una escalada de violencia es particularmente sensible en Minneapolis, pues suscita recuerdos del pasado, no muy lejano, de las protestas que sacudieron Estados Unidos en 2020 por la agónica muerte de George Floyd a manos de un policía, a solo unas cuadras de donde falleció Good esta semana. “Simplemente, fue una coincidencia, pero la gente responde para protegerse a sí misma y proteger a sus vecinos”, dice Durán.
La muerte de Good ha provocado una masiva respuesta de organizaciones civiles y políticas, muchas de ellas alertando sobre el riesgo de que los enfrentamientos sirvan al Gobierno para aumentar la represión. El grupo de legisladores demócratas latinos, reunidos en el Caucus Hispano, lanzó un comunicado pidiendo: “La gente debe mantener la calma. La Administración Trump busca la violencia para justificar más violencia. No debemos darles lo que quieren”.
Las repercusiones políticas están por ver, pero los efectos de la muerte de Good llegarán al Capitolio. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) envió un mensaje en el que sostiene que “el Congreso debe poner freno al ICE antes de que lo sucedido en Minneapolis vuelva a repetirse” y pide a los ciudadanos que soliciten a sus representantes “que se opongan a cualquier nueva financiación para la aplicación de las leyes de inmigración y exijan el fin de estos abusos”.
La tragedia de Minneapolis intensificará el debate en el Congreso sobre la financiación del DHS, que es una de las pocas agencias que solo cuenta con fondos hasta finales de este mes, a falta de un acuerdo bipartidista para renovar el presupuesto. El senador Chris Murphy, demócrata por Connecticut, instó a sus compañeros de partido a tomar medidas: “Los demócratas no pueden votar a favor de un presupuesto para el DHS que no ponga freno a la creciente ilegalidad de esta agencia”, señaló en X.
