La Comisión Europea está poniendo todo de su parte para que el acuerdo comercial con Mercosur salga adelante ya. Su presidenta, Ursula von der Leyen, ha propuesto este martes mejoras en la Política Agraria Común (PAC) del próximo presupuesto plurianual de la UE para convencer a Francia y, sobre todo, a Italia de que den el visto bueno al acuerdo alcanzado hace algo más de un año. Esta oferta se suma a las salvaguardas para el sector agrícola aprobadas el pasado diciembre y ha sido acogida “con satisfacción”, por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, cuyo visto bueno al pacto con el bloque comercial sudamericano resulta clave para que pueda salir adelante.
En una carta remitida al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, la alemana ofrece adelantar pagos de la PAC a los Estados justo un día antes de que se reúnan en Bruselas los ministros de Agricultura de los Veintisiete para tratar este asunto y en una semana decisiva para saber si la UE da un paso clave para aprobar el pacto comercial. En concreto, lo que plantea Von der Leyen consiste en que los Estados puedan recibir hasta dos tercios del dinero previsto para la política agraria a mitad del próximo periodo presupuestario (2028-2034). Eso supone que llegarán antes al campo europeo unos 45.000 millones de euros, según los números de la Comisión.
La oferta que lanza el Ejecutivo de la UE busca, principalmente, convencer a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, de que acepte el acuerdo con el bloque sudamericano integrado por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. El sí del presidente francés, Emmanuel Macron, también sería importante, sobre todo por su simbolismo. Francia es el segundo país más grande de la UE y tradicionalmente mantiene una posición muy proteccionista, amparada en argumentos de que se perjudica al sector agrícola.
Pero el sí más necesario es el de Italia. El calendario inicial previsto para llevar al Consejo de la UE el pacto con Mercosur era el pasado diciembre. En Brasil estaba todo listo para la ceremonia de la firma del acuerdo. Pero Meloni, con los agricultores protestando en la calle en Bruselas al mismo tiempo que los líderes se reunían, no dio su brazo a torcer. Incluso habló con el irritado presidente de Brasil, Lula da Silva, para hacerle explicar sus motivos. En Bruselas, pidió gestos y tiempos.
Ambas condiciones están llegando: la votación en el Consejo de la UE se retrasó y este martes ha llegado esta oferta de mejora para la política agraria. En concreto, lo que plantea Von der Leyen consiste en que los Estados puedan recibir hasta dos tercios del dinero previsto para la política agraria a mitad del próximo periodo presupuestario (2028-2034). Eso supone que llegarán antes al campo europeo unos 45.000 millones de euros, según los números de la Comisión.
A Meloni esto le suena bien, como ha dejado claro en X. “El nuevo marco financiero plurianual propuesto para poner a disposición 45 000 millones de euros adicionales para la Política Agrícola Común ya en 2028. […] Esta iniciativa no solo logra el objetivo de mantener el nivel actual de financiación en el futuro, tal como lo solicitan los agricultores italianos y europeos, sino que también proporciona recursos adicionales”, ha explicado la italiana sin aclarar si se conforma ya y respalda el pacto comercial.
Accolgo con soddisfazione la decisione della Commissione Europea di modificare, come richiesto dall’Italia, la proposta di nuovo quadro finanziario pluriennale per rendere disponibili, già dal 2028, ulteriori 45 miliardi di euro per la Politica Agricola Comune.
Assieme alle…
— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) January 6, 2026
El sí de Italia es clave para superar un escollo muy importante para que el pacto comercial con Mercosur se aprobara. El Consejo de la UE debe dar su visto bueno al texto para que, al menos, el acuerdo pueda firmarse −algo que estaba previsto en diciembre−. Esto permitiría, en teoría, la entrada en vigor del acuerdo de forma interina siguiendo el diseño del acuerdo alcanzado con Chile que ya está en marcha. No obstante, fuentes comunitarias apuntan que la Comisión prefiere esperar a que también llegue la aprobación del Parlamento, algo que podría pasar en los próximos meses.
Italia es clave por el juego de mayorías del Consejo de la UE. El pacto precisa del respaldo de una mayoría cualificada de Estados miembros, es decir, un 55% de países que representen al menos al 65% de la población. Esta última cifra no se alcanzaría si Italia se suma a los que están por el no: se descuenta la negativa de Hungría y Polonia, y también son pocos los que creen que se pueda superar el rechazo de Francia.
París, precisamente, ha dado varios pasos en los últimos días para proteger más, dice su primer ministro, Sébastien Lecornu, al sector agrícola, el que más ha mostrado su rechazo al pacto comercial con Mercosur. El lunes escribió un mensaje en la red social X anunciando que iba a emitir una orden en la que suspendería de productos que contengan residuos de sustancia ya prohibidas en Europa. Y para hacer efectiva esta orden, que a priori parece redundante con las normas de la UE, “se realizarán controles reforzados por una brigada especializada para garantizar el cumplimiento de las normas sanitarias”.
A pesar de esto, el Ejecutivo galo sigue inclinándose por el no. Este mismo martes fuentes el Ministerio de Asuntos Exteriores francés añadían una nueva condición para cambiar su postura. Ahora París pide que los países de Mercosur asuman las cláusulas de protección al sector agrícola que la UE aprobó en diciembre por si la entrada en vigor del acuerdo provoca algún tipo de distorsión en el mercado interior, según recoge la agencia Efe.
Estos temas se verán este miércoles en la reunión que los titulares de Agricultura mantendrán con la Comisión. Dos días después, el viernes, está previsto que los Estados voten los textos legales de Mercosur. Esto sería una aprobación interina por parte de los países de la UE, puesto que después debe iniciarse el proceso de validación en cada Estado según el procedimiento que tenga determinado cada uno. Esta parte puede durar años. Este es el caso del acuerdo con Canadá, el llamado CETA, que se alcanzó en 2013, entró en vigor provisionalmente en 2017 y todavía no está ratificado definitivamente por todos los países de la UE.
