La Comisión Europea busca fórmulas in extremis para salvar el acuerdo de la UE con los países del Mercosur. Tras aplazar la votación final por las dudas de Italia y el rechazo de Francia, impulsados por las protestas de los agricultores, Bruselas analiza qué más puede ofrecer a Roma para facilitar a la primera ministra Giorgia Meloni la decisión política de respaldar el texto. En este contexto, se barajan nuevas subvenciones para los agricultores, así como aumentar la participación asignada a agricultura en el nuevo marco financiero plurianual de la UE que ha empezado a negociarse, explican fuentes europeas.
Tras más de 25 años de negociación, el proteccionismo de la Administración estadounidense de Donald Trump y la conciencia de la gran dependencia de China, que han provocado que la UE se afane por buscar nuevos socios comerciales fiables, dieron un gran impulso al pacto con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Este era mayúsculo desde el punto de vista geopolítico, que crearía la mayor zona de libre comercio del mundo, con 720 millones de personas y que produce más del 20% del PIB global.
“La UE ha perdido cuota comercial en América Latina frente a China. Y Estados Unidos ha declarado en su Estrategia Nacional de Seguridad que América Latina constituye una prioridad”, dice Judith Arnal, investigadora del Instituto Elcano, que señala la urgencia geopolítica de la UE en impulsar estas negociaciones. También tiene una gran necesidad de diversificar suministros y mercados.
“Para la Unión, el acuerdo con Mercosur implica mejor acceso a materias primas, oportunidades para la industria, servicios e inversión (la UE es el mayor inversor extranjero en Mercosur) y reglas que favorecen a sus empresas frente a competidores sin acuerdo preferencial”, explica la también investigadora del Centre for European Policy Studies (CEPS). En un contexto de fragmentación interna, el club comunitario también está presionado para demostrar que sigue siendo capaz de cerrar grandes tratados comerciales.
Sin embargo, todo puede saltar por los aires de nuevo, advierten fuentes diplomáticas, que señalan que todavía no está del todo claro el compromiso italiano y que el gran pacto vaya a tener el respaldo suficiente en la última votación. Este debe aprobarse por mayoría (en términos de población). Teniendo en cuenta que Polonia ya ha dicho que votará en contra, las cuentas no salen si otros dos grandes tampoco respaldan el acuerdo que sí apoyan férreamente Alemania y España.
“El Gobierno italiano está listo para firmar tan pronto como se proporcionen las respuestas necesarias a los agricultores, que dependen de las decisiones de la Comisión Europea; y se pueden finalizar rápidamente”, dijo el Gabinete de Meloni este mes.
Todos los ojos en Italia
Italia puede ser uno de los más beneficiados: exporta a esos países maquinaria, equipo eléctrico y equipo de transporte por valor de unos 3.742 millones de euros al año con aranceles de hasta un 35% que con el acuerdo se limitarían mucho; también, instrumentos ópticos, acero, hierro, productos químicos y productos de plástico por valor de unos 2.400 millones de euros al año (cifras de 2024) con aranceles de hasta el 18% que pasarían a cero. Sin embargo, se unió a Francia tras la negativa del primer ministro, Sébastien Lecornu. “No se dan las condiciones para ninguna votación del Consejo de la UE sobre la autorización de la firma del acuerdo”, dijo el jefe de Gobierno francés.
El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen quiere completar la firma antes de final de enero. Ese fue el pacto con los países latinoamericanos tras el fiasco de hace dos semanas. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que ostentaba la presidencia semestral del grupo del Mercosur, tenía preparada una gran ceremonia de firma en Foz de Iguazú, durante la cumbre del grupo de países latinoamericanos. Ahora, si finalmente se llega a un consenso, ya no será bajo su batuta. El brasileño es el líder latinoamericano que más se ha movido para impulsarlo. “Sin la voluntad política y el coraje de sus líderes, no será posible concluir una negociación que se ha prolongado durante 26 años”, dijo Lula en Foz de Iguazú. “Mientras tanto, Mercosur continuará trabajando con otros socios”, incidió. El grupo de países ha intensificado sus conversaciones con Emiratos Árabes, Canadá y la India. “El fiasco europeo puede contribuir a que estos países, que también tienen materias primas esenciales, refuercen sus lazos con China”, advierte una alta fuente comunitaria.
Bruselas asegura que la eliminación de los aranceles para las empresas europeas hacia el Mercosur (un 20% para la maquinaria, un 18% para los productos químicos, un 14% para los farmacéuticos o un 35% para componentes de automóvil y vehículos) permitirá a los exportadores de la UE ahorrar más de cuatro mil millones de euros en derechos de aduana al año. Además de tener acceso preferencial exclusivo a algunas materias primas críticas.
Con el trasfondo de las protestas de los agricultores y ante los reclamos de países como Francia, Italia y Polonia, la Comisión ha ido añadiendo cláusulas y salvaguardas para proteger los productos europeos. En noviembre y diciembre, para tratar de apuntalar el acuerdo en su recta final, Bruselas aprobó nuevos controles y auditorias fitosanitarias, de residuos y plaguicidas a los productos que entren en el club comunitario.
Además, el Parlamento Europeo y los Estados miembros acordaron nuevas salvaguardas vinculantes que obligarían al Ejecutivo comunitario a investigar si las importaciones de sectores protegidos aumentan o los precios bajan en un solo país en un 8%. Si fuese así, se podrían volver a imponer aranceles.
La intención de la Comisión Europea es rubricar el documento final a mediados de enero. Sin embargo, advierten fuentes diplomáticas, el pacto ahora se sustenta en cimientos frágiles por la negativa política de ciertos sectores.
Según estos planes, el Parlamento Europeo votará en enero sobre esas nuevas salvaguardas que podrían allanar el camino para que Meloni construya el mensaje que dé luz verde al pacto. Pero aún se puede enfrentar a otro gran escollo. Unos 150 eurodiputados, de un amplio espectro desde la ultraderecha a la izquierda, han amenazado con llevarlo al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) para que dictamine si cumple con los tratados fundacionales de la Unión Europea; un dictamen que podría tardar hasta dos años.
Si la alianza se frustra de nuevo, supondría para Europa un enorme coste político y económico. “Un nuevo bloqueo tras el último acuerdo político se leería como derrota de la política comercial común frente a vetos nacionales y presiones domésticas (sobre todo agrícolas), erosionando la credibilidad de la UE como actor estratégico capaz de equilibrar apertura comercial, clima y estándares sociales”, advierte Judith Arnal. Además, de cara a América Latina, confirmaría la imagen de una UE que promete mucho y entrega poco. Eso, añade la experta, dificultaría futuras negociaciones con otros socios del conjunto de países conocidos como Sur Global, que observarían el caso Mercosur como termómetro de la fiabilidad europea.
