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Nora Sándigo, ‘la gran madre’ donde las familias de migrantes buscan refugio en Estados Unidos | Inmigración en Estados Unidos

Última actualización: diciembre 28, 2025 7:39 am
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Atender a quien lo necesite 24/7Familias separadas y niños solos

A una hora en coche desde Miami Beach, de camino a Homestead, está la sede de la Nora Sándigo Children Foundation, fundada por Nora Sándigo. Conocida como “la gran madre”, Sándigo es una leyenda local: desde que abrió su fundación en 2006, ha sido la guardiana legal de un total de 2.373 niños cuyos padres han sido deportados o están en riesgo de ser detenidos por las autoridades migratorias. Una cifra viva que se va adaptando a medida que los niños cumplen la mayoría de edad. Sándigo no los adopta; los padres siguen teniendo la patria potestad, pero se responsabiliza de las decisiones sobre su educación, salud o crianza, y los cuida en caso de la ausencia de los padres, evitando que queden a merced del Estado.

Con el recrudecimiento de la persecución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la vuelta de Donald Trump al Gobierno y el temor de muchos indocumentados a ser detenidos, las solicitudes que recibe Sándigo han aumentado considerablemente. La inmensa mayoría provienen de madres que temen por el futuro de sus hijos. Solo en los últimos 18 meses, Sándigo se ha convertido en la guardiana legal de 472 menores, que se suman a los que ya tenía a su cargo, alcanzando hoy alrededor de 700 niños bajo su protección.

La sede de la organización es una casa de nueve habitaciones que funciona a su vez como un centro de cuidados para la tercera edad, también a cargo de Sándigo y cuyos beneficios se destinan a financiar la Nora Sándigo Children Foundation. Un miércoles a principios de diciembre, Sándigo llega pasadas las dos de la tarde. Viste completamente de negro, lleva ropa cómoda y sneakers blancas, a juego con sus uñas. Lleva el pelo, largo y oscuro, suelto. Aún no ha comido pese a haberse levantado a las seis de la mañana. “Me alimento a base de café”, bromea.

La voz de esta migrante nicaragüense de 60 años es cálida, dulce. Cuenta que ha pasado la mañana trabajando desde su casa, adonde también llegan migrantes que necesitan su ayuda. Dice que las puertas de su hogar están siempre abiertas, sin horarios. “Tengo y no tengo casa, ¿entiendes? Yo no soy como esa gente celosa de su intimidad, que solo encuentra la paz cuando está sola”, puntualiza. “Mi vida es de servicio”.

Sándigo, divorciada y con dos hijas, que tienen ahora 27 y 28 años, también ha criado en su casa a varios niños, desde que tenían nueve años hasta que entraron en la universidad, cuando sus padres no pudieron hacerse cargo de ellos debido a su estatus migratorio. Llegó a cuidar de seis niños bajo el mismo techo.

Nora Sándigo conversa con mujeres immigrantes y sus hijos en Miami, el 3 diciembre.Marco Bello

Atender a quien lo necesite 24/7

“Hoy no voy a salir a hacer reparto. Hay tres familias que me han avisado que vendrán a verme”, comenta Sándigo. El miedo hace que cada vez más migrantes eviten salir de sus casas. La labor de la fundación se mueve en esa doble vertiente: recibir a las familias que acuden a su centro y acudir a las casas de quienes no se atreven a moverse. Sin embargo, la forma de trabajar de Sándigo no responde a ninguna estructura o metodología, sino que fluye orgánicamente en función de las necesidades del momento: “Cada día es distinto”.

En ocasiones reparte bolsas de comida con alimentos básicos (para Thanksgiving incluyó pavos); otras veces organiza eventos donde, además de comida, regala materiales escolares. El resto del tiempo se dedica a enviar y responder correos y llamadas de teléfono para gestionar los procesos abiertos de los migrantes que acuden a ella para que los ayude. La avalan años de experiencia frenando deportaciones, creando mociones de amparo y encontrando abogados.

Su teléfono no para de sonar. Tiene dos móviles que deja sobre la mesa, junto al ordenador. Va y viene entre la conversación y los mensajes; a veces atiende para disculparse y prometer una llamada más tarde.

Una de las familias la llama en cuatro ocasiones. Pese a haber venido varias veces a la fundación, se ha perdido al volante. Se trata de Marisol, una guatemalteca de 31 años que pide ocultar su nombre real, pues es indocumentada. La mujer llega con sus dos hijos, de 4 y 11 años, vestidos con el uniforme del colegio. Se acomodan en el sofá lentamente; los niños permanecen quietos, tímidos. El padre fue detenido hace dos meses y lo enviaron a un centro para migrantes en Texas. El pequeño cree que está de visita en casa de su abuela.

“Me llama todos los días y me dice que está bien, que no me preocupe por él y que me centre en los niños”, dice la mujer encogiéndose de hombros. Ha acudido a Sándigo para ver si ha recibido noticias de su abogado. Tiene una cita en el tribunal el próximo lunes y para entonces el abogado tiene que presentar un documento que certifica que Sándigo es la patrocinadora estadounidense del detenido, un requisito indispensable para liberarlo.

El marido de Marisol no tiene antecedentes penales y es un dreamer, acogido al programa DACA creado en 2012 para quienes llegaron al país siendo menores de edad. Aunque el programa les autoriza a vivir y trabajar en EE UU, no les concede estatus legal. El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que los dreamers “no están automáticamente protegidos frente a las deportaciones”. Aun así, Sándigo considera que la situación es solucionable y cree que con el patrocinio y el pago de la fianza, que oscila entre 1.000 y 20.000 dólares según el caso, el esposo de Marisol podrá salir de la cárcel.

Marisol sigue preocupada. “¿Cómo vamos a conseguir el dinero que me pide el abogado? Creo que se están aprovechando de nuestra desesperación. Al principio me pidió 1.500 dólares y, al enterarse de que Nora me iba a ayudar, me subió a 8.000”, se lamenta, ya que trabaja en un vivero de plantas y apenas le da para pagar la renta.

Sándigo tranquiliza a la mujer. Tiene el tesón y la seguridad de haber resuelto situaciones peores. En 2022 ayudó a una familia que llegó a EE UU con dos niños. La madre se quedó con el bebé en Florida, al padre lo deportaron a Guatemala y a la hija de nueve años la enviaron a un centro en Texas y le perdieron el rastro. Sándigo “movió cielo y tierra” para encontrarla. Tras denunciar la desaparición de la niña, alguien llamó anónimamente para informar de dónde la tenían detenida, lo que facilitó que los abogados de Sándigo consiguieran que fuera devuelta a Florida con su madre y su hermano.

A Sándigo, que no soporta la separación de las familias, le advirtieron de que sería imposible traer al padre de vuelta. Pero ella no desistió: alegó que había sido deportado sin habérsele ofrecido el derecho de defensa y que debía ser devuelto al mismo lugar donde empezó el proceso. El 24 de diciembre de ese año, las autoridades aceptaron el recurso y enviaron al padre de vuelta a Florida.

Para la nicaragüense, que es profundamente religiosa, el hecho de que la familia se reuniera en un día tan señalado del calendario cristiano es una señal divina. “Esta maquinaria tiene que seguir. Es perfecta porque es espiritual, no material”, afirma.

Familias separadas y niños solos

La otra señora que acude al centro necesita comida. Ingrid, quien también prefiere ocultar su nombre real, llega sin prisa y se sienta en el sofá, como si estuviera en su casa. Conoce a Sándigo desde 2017, cuando su marido fue deportado y se quedó sola con sus hijos, que tenían 2, 11 y 15 años. La familia guatemalteca llegó a EE UU con asilo político, pero al cambiarse de casa perdieron una notificación que les obligaba a presentarse en la corte y desde entonces tienen una orden de arresto.

“Consulté el caso con cuatro abogados y todos me dijeron que no hay nada que hacer”, explica Ingrid. A la pregunta de si se plantea irse a otro lugar para evitar ser detenida y dejar a sus hijos solos, responde que adónde. “Si me toca, me toca”, asegura, dispuesta a jugársela. Cree que si la detienen, dejarán que su hija menor (que ahora tiene 10 años) se vaya con ella: “Si nos separan, se muere ella y me muero yo”, dice, sin contemplar la posibilidad de que la arresten cualquier día de camino al trabajo, como le sucedió a su marido. Es un caso que ejemplifica con qué facilidad un niño estadounidense puede convertirse en huérfano administrativo en cuestión de horas, aunque sus padres sigan vivos.

De momento, las familias con las que Sándigo está en contacto solo han sufrido el arresto o la deportación de uno de los padres, por lo que el progenitor que queda aún puede hacerse cargo de los niños, que son en su mayoría nacidos en EE UU. “Ha sido casualidad que solo hayan detenido a uno de los padres. Si los encontraran a los dos al mismo tiempo, ¿acaso crees que el ICE tendría compasión de los niños?”, apunta Sándigo. “Lo que está pasando es diabólico, cruel, insensible, inhumano”. Si se llevan a los dos padres, los niños se quedarán bajo su tutela. Pero la pregunta no es solamente cuántos niños puede asumir Sándigo, sino a cuántos menores puede el sistema migratorio estadounidense separar de sus padres.

Hasta finales de noviembre, más de 65.700 personas se encontraban bajo custodia del ICE en centros para migrantes a lo largo del país. El 73% de ellas no tenían antecedentes penales. Y todo ello pese a que Trump asegura que en su cruzada contra los migrantes está detrás de “lo peor de lo peor”.

Sándigo señala que la narrativa del Gobierno está influyendo en la gente, cada vez menos compasiva y más reacia a ayudar. “El año pasado recibíamos más ayudas por parte de la comunidad. Solo teníamos que postear en Facebook y recibíamos donaciones, pero ahora la dinámica ha cambiado”, explica. Añade que a veces las familias en riesgo la llaman para preguntarle si tiene comida y ella no tiene nada para darles. La fundación se mantiene gracias a las donaciones de iglesias, voluntarios y negocios locales, incluido el de Sándigo. “Mi intención al hablar con los medios de comunicación es contribuir a que haya más humanidad ante lo que está pasando, llegar hasta el corazón de la gente”.

El marido de Marisol ya está en proceso de ser deportado. El abogado que llevaba su caso no aceptó un pago a plazos y exigió el ingreso de 8.000 dólares el lunes, horas antes de la cita en el tribunal. La guatemalteca no tenía el dinero y el abogado abandonó el caso. “Este es un ejemplo de la monstruosidad que estamos viviendo”, señala Sándigo, frustrada. “El abogado solo tenía que enviar mi papel como sponsor para liberar a ese hombre. Era un caso fácil, pero la gente no tiene compasión”.

Para aquellos que quieran contribuir a la causa, se pueden hacer donaciones a través de la página web de la fundación.

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