Un revés importante e inesperado para el Gobierno de Donald Trump. El Tribunal Supremo bloqueó este martes el intento del presidente de desplegar la Guardia Nacional en Chicago para apoyar su ofensiva migratoria en dicha ciudad. Se trata de la primera vez que los jueces —que en los últimos meses han otorgado a la Casa Blanca victoria tras victoria— se pronuncian sobre los esfuerzos del republicano por utilizar a las tropas para hacer cumplir las leyes de inmigración y combatir lo que él insiste es delincuencia en grandes ciudades gobernadas por los demócratas.
El Supremo rechazó de manera preliminar y temporal la solicitud de emergencia de la Administración Trump para revocar un fallo de una jueza federal de distrito que había bloqueado el despliegue de cientos de soldados en Chicago. Un tribunal de apelaciones se había negado a intervenir después de que el Departamento de Justicia recurriera, y los jueces del Alto Tribunal tardaron más de dos meses en emitir una decisión.
“En esta etapa preliminar, el Gobierno no ha logrado identificar una fuente de autoridad que permita a las fuerzas armadas ejecutar las leyes en Illinois”, opinó la Corte. “El presidente no ha invocado ninguna ley que establezca una excepción a la Ley Posse Comitatus”, añaden los magistrados, en referencia a la legislación, firmada en 1878, que prohíbe a las tropas desempeñar funciones de mantenimiento del orden.
La ley federal contiene varias excepciones a la Posse Comitatus. Por ejemplo, el presidente puede federalizar a la Guardia Nacional —es decir, tomar el control de las tropas de un Estado, que normalmente están bajo el mando del gobernador— en caso de una rebelión contra el Gobierno o cuando ya no puede hacer cumplir las leyes con las “fuerzas regulares”. Esta segunda excepción fue la que el presidente citó para justificar el despliegue en Chicago.
Sin embargo, el Supremo considera que “al menos en esta etapa procesal, el Gobierno no ha cumplido con su carga de demostrar” que esa excepción aplica en este caso. Los jueces consideran que las “fuerzas regulares” mencionadas en la ley “probablemente se refieren a las fuerzas regulares del Ejército de Estados Unidos”. Por tanto, antes de que el presidente pueda federalizar a la Guardia conforme a lo que establece la ley, “probablemente deba contar con autoridad legal o constitucional para ejecutar las leyes con las fuerzas militares regulares y, además, ser ‘incapaz’ de cumplir esa función con dichas fuerzas”, consideran los jueces.
La decisión dividió a los seis jueces conservadores del tribunal, con tres en la mayoría y tres en desacuerdo, mientras que los tres magistrados liberales formaron parte de la mayoría. “Discrepo firmemente de la manera en que el tribunal ha resuelto esta solicitud”, escribió el juez Samuel Alito en una opinión disidente. “No existe fundamento para rechazar la determinación del presidente de que no pudo ejecutar las leyes federales de inmigración utilizando los recursos de las fuerzas del orden civiles a su disposición”, añadió.
A principios de octubre pasado, Trump ordenó el envío a Chicago de cientos de tropas de la Guardia Nacional tanto de Illinois como de Texas para proteger al personal y propiedad federal, en particular a los agentes e instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza, que en septiembre lanzaron un operativo a gran escala para detener migrantes en la ciudad. Las operaciones fueron recibidas con protestas ciudadanas.
El presidente ha intentado desplegar la Guardia Nacional en varias ciudades gobernadas por el Partido Demócrata, siempre con la excusa de que estas urbes están plagadas de delincuencia y violencia. Esto a pesar de que las cifras demuestran lo contrario y pese a que los funcionarios locales y estatales se han opuesto a ello.
El verano pasado, el republicano empezó enviando tropas a Los Ángeles. También intentó enviarlas a Portland (Oregón), pero un juez federal se le impidió definitivamente en noviembre; a Memphis (Tennessee), donde se espera que patrullen hasta marzo mientras el tribunal de apelaciones considera la apelación del Estado contra la decisión de un juez de Nashville de bloquear temporalmente el despliegue; y a Washington D. C., donde están desde agosto. En la capital, dos miembros de la fuerza armada fueron tiroteados a finales de noviembre; una soldado murió y el segundo fue herido gravemente.
Es probable que la decisión de este martes del Supremo refuerce impugnaciones similares presentadas contra los despliegues de la Guardia Nacional en otras ciudades, ya que el dictamen limita la capacidad del presidente para justificarlos.
