Hace 44 años, una vuelta de tuerca mal pensada y peor gestionada por parte del Gobierno británico derivó en una crisis humanitaria que resonó en todo el mundo. Downing Street retiró a los presos del IRA la “categoría especial” que les permitía, entre otras cosas, vestir su propia ropa y no el uniforme carcelario, para pasar a tratarlos como presos comunes. Eso dio lugar a una huelga de hambre con un final trágico: Bobby Sands falleció en la prisión de Maze tras 66 días sin comer. Esa huelga, a la que se sumaron otros diez miembros de la organización terrorista, puso contra las cuerdas a la entonces primera ministra, Margaret Thatcher.
La decisión del actual Ejecutivo del laborista Keir Starmer de declarar organización terrorista al grupo Palestine Action (Acción Palestina), una organización que se dedicaba a sabotear intereses israelíes en suelo británico, ha provocado las críticas de políticos y juristas de izquierda y derecha, y su resultado último es que en este momento hay cinco reclusos en huelga de hambre, desde hace 50 días algunos de ellos, según las organizaciones que se han volcado en apoyarles. Comenzaron ocho, en la primera acción concertada de este tipo que ha vivido el sistema penitenciario británico desde la que protagonizaron los presos del IRA. Dos han sido ya hospitalizados.
Cuatro de los presos habían sido detenidos por su pertenencia al grupo Filton 24, acusado de daños a la propiedad, robo agravado y desórdenes violentos por los actos de sabotaje cometidos este año en la fábrica de armamento de propiedad israelí Elbit Systems UK, localizada en la localidad del mismo nombre. El resto de reclusos fue detenido después de rociar con pintura roja dos cazas de combate en la base aérea de Brize Norton.
La paradoja es que centenares de personas han sido arrestadas por la policía en los últimos meses en todo el Reino Unido, principalmente en Londres, por expresar su apoyo a Palestine Action, después de que el Gobierno de Starmer la declarara organización terrorista. Ninguna de esas personas ha ido a la cárcel. Los que están entre rejas fueron detenidos antes de aquella decisión, por lo que ninguno de los cargos presentados contra ellos es de terrorismo. La Fiscalía, sin embargo, ha señalado una posible “conexión” con actividades terroristas.
Una fecha histórica
Las edades de todos ellos van de los 20 a los 31 años. Amu Gib y Qesser Zurhah son los rostros más conocidos. Comenzaron la huelga el 2 de noviembre, para hacerla coincidir con el 108º aniversario de la Declaración Balfour, que expresó el apoyo del Gobierno británico a “un hogar nacional para el pueblo judío” en Palestina, y que muchos señalan como el origen de un conflicto enquistado en el tiempo y en la región.
Los otros seis reclusos, repartidos en distintas prisiones por todo el país, se sumaron después. Zurhah desfalleció finalmente este pasado viernes en la cárcel de Bronzefield. Los manifestantes congregados a las puertas del edificio para expresar su apoyo a los huelguistas pudieron ver la ambulancia que se la llevaba al hospital.
Entre ellos estaba Zarah Sultana, la diputada que abandonó el Partido Laborista para crear, junto al exlíder de la formación Jeremy Corbyn, una nueva organización política llamada Your Party. Fue ella la que exigió a través de la red social X una ambulancia que hasta entonces no había llegado.
Los huelguistas reclaman cinco condiciones: que se les conceda de inmediato la libertad bajo fianza; el derecho a un juicio justo que, según ellos, no van a tener (y que debería incluir, afirman, la publicación de documentos oficiales que revelarían la “caza de brujas” llevada a cabo contra activistas propalestinos); acabar con la censura de sus comunicaciones; anular la decisión de declarar organización terrorista a Palestine Action; y cerrar la fábrica de Elbit Systems.
“Fue la responsabilidad de liberar Palestina la que nos ha hecho acabar en prisión, y seguimos comprometidos con esa causa. Nuestra huelga de hambre es un modo de declarar que el Estado no puede detenerte aunque estés encarcelado, y que seguiremos centrados en ayudar a la gente, estemos en las condiciones que estemos”, explicaba Amu Gib a Ainle Ó Cairealláin, el activista irlandés, en su pódcast Rebel Matters.
Algunos de los miembros del IRA que participaron en las huelgas de hambre de la década de los ochenta, como Tommy McKearney (que estuvo 53 días sin comer), han expresado su apoyo a los seis presos y han participado en las asambleas celebradas en Londres para dar a conocer públicamente la situación.
Y Mary Lou McDonald, la líder actual del Sinn Féin, el partido considerado durante décadas el brazo político del IRA y hoy el más votado en Irlanda, ha escrito a Starmer exigiéndole que actúe. “He reclamado al primer ministro que se implique directamente en el asunto para encontrar el modo de acabar de inmediato con esta protesta. El derecho a un juicio justo y temprano, y el acceso a una fianza razonable, son cuestiones fundamentales en cualquier sociedad democrática, y deben ser defendidos sin excepción”, ha dicho McDonald.
El Gobierno de Starmer ha rechazado mantener una reunión para tratar el asunto con más de cincuenta diputados que lo solicitaron a través de una carta. El propio primer ministro, al ser interpelado sobre el asunto el miércoles pasado en la sesión de control del Parlamento, se limitó a señalar “que existen normas y procedimientos respecto a huelgas de hambre [dentro de prisión], y esas son las que estamos siguiendo”.
James Timpson, el empresario que durante años ha promovido un sistema penitenciario más justo y al que Starmer designó secretario de Estado de Prisiones para llevar a cabo esta reforma, se ha mostrado inflexible: “Tenemos mucha experiencia a la hora de tratar una huelga de hambre. En los últimos cinco años hemos tenido una media anual de 200 incidentes de ese tipo. Los procedimientos que tenemos están bien establecidos y funcionan. Las prisiones trabajan coordinadas con el Servicio Nacional de Salud cada día”, ha dicho.
Con el actual colapso que sufre el sistema judicial británico, algunos de los huelguistas no tienen fecha prevista para que su caso sea visto ante un tribunal hasta mediados de enero de 2027. Al menos 900 profesionales de la sanidad han firmado una carta solicitando que los presos sean controlados en un centro hospitalario.
