Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra tres sobrinos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro —Carlos Erick Malpica Flores, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas—, seis compañías navieras y media docena de buques, en un nuevo paso para elevar su presión sobre el régimen chavista.
El anuncio de este jueves llega 24 horas después de que Trump anunciara la incautación de un petrolero que transportaba crudo del país caribeño, en un suceso ocurrido frente a las costas venezolanas.
Las nuevas medidas, anunciadas en sendos comunicados de los Departamentos del Tesoro y de Estado, disparan las tensiones en el Caribe, donde Washington mantiene su mayor presencia militar en décadas. El presidente Donald Trump amenaza continuamente con atacar objetivos en territorio del país sudamericano.
“Como líder de la organización terrorista extranjera Cartel de los Soles, Maduro sigue desestabilizando nuestra región”, indica el Departamento de Estado. El Cartel de los Soles es una referencia que reúne a individuos y grupos corruptos dentro de las esferas de poder venezolanas y que se benefician de vínculos con el narcotráfico, aunque no actúan de manera coordinada, no existe una jerarquía y no consta siquiera que haya comunicación entre ellos. Washington incluyó el mes pasado a este supuesto cartel, del que considera a Maduro el máximo cabecilla, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.
“Él y sus compinches han hecho caso omiso de la voluntad del pueblo venezolano y han destrozado la economía del país”, indica el Departamento de Estado.
Dos de los tres familiares del líder chavista (Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas) ya habían sido condenados por narcotráfico, apunta este comunicado. El texto puntualiza que ambos fueron indultados por la Administración anterior como parte de un intercambio de prisioneros en el cual Estados Unidos recibió siete nacionales que habían estado detenidos en cárceles venezolanas.
“Los dos regresaron a Venezuela y, en 2025, continúan sus actividades del narcotráfico”, sostiene. Las sanciones también afectan a un empresario del sector petrolero, seis empresas navieras y seis buques mercantes.
“Estados Unidos seguirá negando salvavidas financieros al régimen ilegítimo, que Maduro sigue utilizando para oprimir al pueblo venezolano. Estados Unidos está comprometido con mantener al pueblo estadounidense a salvo, utilizando cualquier herramienta a su alcance para eliminar amenazas del narcotráfico y delincuencia en nuestro hemisferio”, señala.
Además de los familiares de Maduro, también queda sancionado Ramón Carretero Napolitano,” empresario panameño que ha participado en lucrativos contratos con el régimen de Maduro y ha mantenido diversos negocios con la familia Maduro-Flores”, indica por su parte el Departamento del Tesoro.
Junto a los cuatro individuos, Estados Unidos castiga también a seis empresas navieras que transportan petróleo venezolano, y a sus buques: el White Crane, registrado en las islas Marshall; el Kiara M, el Constance y el Lataffa, de bandera panameña; el Tamia, hongkonés, y el Monique, registrado en las islas Cook.
La confiscación del petrolero el miércoles, en la que participaron integrantes del Servicio de Guardacostas apoyados por la Marina de Estados Unidos y estuvo guiada por el FBI, era la primera de la que se tenía noticia desde que comenzó la crisis, y apuntaba a un giro en las tácticas de Washington para presionar a Maduro: el petróleo es la principal fuente de ingresos para el régimen chavista.
Previamente, en torno a la incautación del miércoles, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunciaba: “La Administración Trump cumple las políticas presidenciales de sanciones, y no vamos a quedarnos quietos mientras buques bajo sanción surcan los mares con petróleo de contrabando, cuyas ventas alimentarán el narcoterrorismo de regímenes ilegítimos y malvados en todo el mundo”.
La portavoz ha confirmado que se ha abierto un proceso formal de incautación del buque, identificado en medios de Estados Unidos como el Skipper, y Washington pretende hacerse cargo del petróleo confiscado una vez se hayan completado los pasos legales necesarios.
Estados Unidos mantiene un amplio despliegue militar en aguas internacionales del Caribe desde agosto, en el que participan 15.000 soldados y cerca del 20% de la fuerza naval que Washington tiene movilizada en todo el mundo. El objetivo declarado es desarrollar la lucha contra el narcotráfico en la operación “Lanza del Sur”, en la que ha bombardeado al menos 22 supuestas narcolanchas y ha matado al menos a 87 personas.
Pero Caracas, y numerosos expertos y legisladores estadounidenses, consideran que la verdadera razón de esa campaña es tratar de forzar la marcha de Maduro y el fin del régimen chavista, y que las compañías estadounidenses se hagan con el control del sector petrolero de Venezuela, el principal motor económico del país.
