La justicia griega ha sentado este jueves en el banquillo a 24 rescatistas por presuntos delitos vinculados a la llegada de migrantes a la isla de Lesbos. Se les acusa de pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración irregular, transporte de extranjeros sin derecho de entrada y blanqueo de capitales, delitos por los que la Fiscalía solicita penas de hasta 20 años de prisión. Los hechos investigados corresponden a operaciones de rescate realizadas entre 2015 y 2018. Tras siete años de instrucción, los acusados ya fueron absueltos de otros delitos menos graves en una vista celebrada en 2023.
La sala se ha visto abarrotada en la primera jornada de un juicio que continuará este viernes y que, si se alarga, se aplazará hasta enero de 2026. Pese a las sillas adicionales, mucha gente ha tenido que quedarse de pie.
En el centro de las acusaciones figura la ONG Emergency Response Centre International (ERCI), aunque no todos los acusados formaban parte de ella. Otros pertenecían a organizaciones como la española Proactiva Open Arms o Campfire, un colectivo formado por voluntarios de varios países. ERCI, más profesionalizada y jerárquica, operaba en la misma zona de costa que Campfire. Las ONG coordinaban sus movimientos para evitar naufragios y asistían a los desembarcos. ERCI llegó incluso a asumir tareas que antes realizaba la agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur), como avisar a las autoridades marítimas y transmitir coordenadas de embarcaciones.
La primera testigo en declarar ha sido Erasmia Roumana, responsable de Acnur en Lesbos, que ha descrito el desbordamiento que vivió Lesbos entre 2015 y 2016. “Había muchos días en que llegaban 3.000 refugiados; ibas a la playa y veías varias barcas llegando a la vez. Por eso se crearon tantas ONG de rescate, porque las autoridades locales no daban abasto”, ha declarado Roumana, que ha añadido que Acnur creó un grupo de WhatsApp llamado South Lesvos Response para coordinar las labores de rescate entre las diferentes organizaciones. La acusación se apoya en la participación en ese grupo y en unas capturas de pantalla. Según la policía, los mensajes con posiciones marítimas no solo sirvieron para rescatar a los pasajeros, sino también para que las ONG facilitaran su entrada ilegal en territorio europeo.
Los abogados de los activistas subrayan que las acusaciones son vagas e imprecisas. En varios casos, el nombre del acusado solo aparece una vez en los autos y no se concreta ninguna acción más allá de figurar en un grupo de WhatsApp con 116 números. “No había, ni hay, ninguna prueba de nada, pero el fiscal instructor se empeñó en armar un espectáculo para llamar la atención internacional”, ha asegurado a EL PAÍS un miembro del equipo defensor.
Entre 2015 y 2017, la relación entre las ONG y los guardacostas griegos fue correcta, sin fricciones relevantes, según varios agentes. El clima cambió a comienzos de 2018. La policía intensificó los controles. Las solicitudes de documentación, los registros de vehículos y los traslados a comisaría para verificar pasaportes se convirtieron en habituales. “Algún día acabaremos detenidas”; lo que empezó como broma interna acabó siendo una premonición, ha recordado Nora Bauckhorn, una de las acusadas de Campfire.
En febrero de 2018, durante un control nocturno, la policía detuvo a la socorrista siria Sarah Mardini y al irlandés Sean Binder, de ERCI, tras descubrir que el vehículo en el que viajaban tenía dos matrículas superpuestas: la nueva, civil, y debajo una antigua placa militar no retirada tras la compraventa de segunda mano. Aunque quedaron libres al día siguiente, el hallazgo se convirtió en la base de una investigación mucho más ambiciosa.
En agosto de 2018, Mardini y Binder volvieron a ser arrestados y esta vez fueron enviados a la cárcel. El caso se amplió a otras 22 personas. Las acusaciones eran graves: espionaje, favorecimiento de la inmigración irregular, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. El instructor sostuvo que la doble matrícula demostraba la intención de penetrar en zonas militares y recabar información para una potencia extranjera. El planteamiento era frágil, en la medida en que el vehículo estaba rotulado con logotipos visibles de ERCI.
Mardini se había hecho conocida cuando ella y su hermana Yusra, nadadora olímpica, se lanzaron al agua para evitar el hundimiento por exceso de peso de la barca en la que viajaban. Remolcaron la embarcación durante más de tres horas y lograron que todos alcanzaran la costa de Lesbos. Su historia se convirtió en la película Las nadadoras en 2022. Yusra siguió su camino hacia Alemania; Sarah se quedó en Lesbos para salvar otras vidas trabajando en ERCI.
Mardini y Binder pasaron más de 100 días en prisión preventiva antes de quedar en libertad bajo fianza. A Mardini, que no es ciudadana comunitaria, se le prohibió regresar a Grecia, lo que le impidió asistir a su propio juicio en enero de 2023. Entonces, el Tribunal de Apelaciones de Lesbos archivó los cargos de espionaje, pero mantuvo los relativos al transporte de migrantes y a la organización criminal.
Criminalizar la solidaridad
El juicio generó campañas de apoyo por parte de numerosas entidades de derechos humanos, que reclamaron la absolución. Amnistía Internacional envió una delegación de 12 personas. También acudieron Human Rights Watch, Community Peacemakers Team y otras entidades internacionales.
Para muchas organizaciones humanitarias, el caso ERCI marcó el inicio de una estrategia más amplia para limitar la presencia de testigos independientes en el mar Egeo y desincentivar el rescate civil. Desde 2018, medios conservadores griegos publicaron reportajes que señalaban a las ONG como colaboradoras de redes de tráfico de personas. Grupos de extrema derecha comenzaron a hostigar a los voluntarios con intimidaciones nocturnas, deslumbramientos con focos y maniobras para bloquear sus vehículos. En un episodio especialmente tenso, la policía retuvo a dos integrantes de Campfire al mismo tiempo que un grupo de ultraderechistas, armados con bates y con la cara cubierta, las buscaba por las playas en las que trabajaban. ERCI suspendió sus operaciones en 2018; Campfire, la última en seguir activa en Grecia, dejó de operar en 2020.
Contrasta la atención que ha recibido el juicio de Lesbos con la indiferencia hacia otros procesos similares. Mientras se celebraba la vista en Mitilene, en la isla de Creta un migrante egipcio fue condenado a 1.000 años de cárcel por pilotar la embarcación con la que él y dos centenares de refugiados llegaron a Grecia para pedir asilo.
