Jair Messias Bolsonaro, 70 años, expresidente de Brasil y golpista convicto, ha sido trasladado este sábado de su chalé, donde estaba en arresto domiciliario, a la principal sede de la Policía Federal en Brasilia por orden del juez ante “el elevado riesgo de fuga” y por haber violado la tobillera electrónica. Los agentes han tocado la puerta poco después del amanecer. El ultraderechista llevaba desde agosto confinado en su casa por orden judicial. Y en septiembre fue condenado a 27 años de cárcel por liderar un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022. La prisión preventiva se produce cuando Bolsonaro apura su último recurso de apelación y horas después de que su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, convocara a sus seguidores a unirse a una vigilia esta noche a las puertas del chalé familiar.
La policía ha constatado que minutos después de la medianoche del viernes al sábado, la tobillera que vigilaba cada uno de los movimientos del expresidente fue manipulada. El juez que lleva el caso, el ya famoso Alexandre de Moraes, lo considera prueba evidente de que la intención de Bolsonaro era “garantizar la fuga” aprovechando la confusión que crearía la protesta convocada por su hijo. Añade el togado que la Embajada de Estados Unidos queda a 15 minutos en coche y recuerda que Bolsonaro ya sopesó pedir asilo político en Argentina a su aliado Javier Milei antes incluso de ser juzgado. Él se considera víctima de una persecución política.
El magistrado ha solicitado que, en atención a su calidad de antiguo presidente, Bolsonaro no sea esposado ni expuesto públicamente. Y que, dados sus problemas de salud, haya un equipo médico de guardia. Este lunes la primera sala del Tribunal Supremo analizará la prisión preventiva adoptada por el juez Moraes, al que suele arropar. El capitán del ejército en la reserva permanece en una sala para autoridades de la superintendencia de la Policía Federal, donde dispone de cama, cuarto de baño privado, una mesa, televisor y aire acondicionado.
El llamamiento del hijo del expresidente ultra para que los bolsonaristas salieran a la calle y se reunieran en una vigilia por su salud a las puertas de su chalé fue realizado en un vídeo divulgado en redes sociales anoche. “¿Vas a luchar por tu país o vas a verlo todo desde el móvil en el sofá de casa?”, arrancaba Flavio Bolsonaro. “Te invito a luchar con nosotros”. El mensaje era de un marcado tono bélico y mesiánico, con invocación al “señor de los ejércitos” y versículos bíblicos.
La última decisión judicial sobre Bolsonaro coincide con la recta final de la cumbre climática COP30, en la ciudad amazónica de Belém, y mientras el presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa en el G-20, en Sudáfrica.
Este viernes, los abogados de Bolsonaro solicitaron al Tribunal Supremo que le permita cumplir la pena “en prisión domiciliaria humanitaria” porque su traslado a una prisión “tendría graves consecuencias y representa un riesgo para su vida”. La defensa citó como argumentos diversos problemas de salud. Bolsonaro sufre secuelas por una puñalada que recibió en 2018 y crisis periódicas de vómitos e hipo. El recurso de apelación que les resta a Bolsonaro y al resto de los condenados con él no puede revertir la condena, según los juristas.
Uno de sus compañeros de banquillo, el diputado brasileño Alexandre Ramagem, condenado a 16 años, se ha fugado a Estados Unidos pese a la prohibición de salir de Brasil y la orden de entregar el pasaporte. Ese es otro de los motivos citados por el juez para endurecer las condiciones del expresidente ultra. Ramagem, que es comisario de policía de profesión y en los tiempos de Bolsonaro dirigía la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN), es el cuarto parlamentario bolsonarista que huye al extranjero para evadir a la justicia.
Entre ellos, destaca el diputado Eduardo Bolsonaro, que escapó a Estados Unidos y al que el Supremo brasileño ha imputado por coacciones al tribunal. El diputado Bolsonaro maniobró allí hasta lograr movilizar al presidente Trump y a su Gobierno en defensa del patriarca del clan brasileño.
Ni siquiera la extraordinaria campaña de presión lanzada por Trump, su aliado más poderoso, impidió que Bolsonaro fuera juzgado y condenado. Los jueces ignoraron el castigo impuesto por Trump como medida de presión efectiva más allá de la retórica: el tarifazo —un golpe a las exportaciones brasileñas— y sanciones económicas contra varios de los jueces del Supremo de Brasil. Trump acaba de suavizar los aranceles tras reunirse por primera vez con el presidente Lula en un encuentro cordial, pese a las enormes diferencias ideológicas.
Bolsonaro, que también está inhabilitado, lleva más de tres meses sin poder comunicarse con sus fieles porque el juez le prohibió usar redes sociales. Ese silencio ha mermado su influencia en el debate público y desdibujado su figura como jefe de la oposición, aunque se da por seguro que él decidirá el candidato de la derecha a las elecciones de 2026, donde Lula buscará un cuarto mandato.
El favorito para suceder a Bolsonaro, el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ha tuiteado: “Bolsonaro es inocente, y el tiempo lo demostrará. Seguimos firmes a su lado y lucharemos para que esta injusticia sea revertida cuanto antes”.
Las circunstancias en las que ha quedado detenido ahora Bolsonaro recuerdan a las que le brindaron los jueces en 2018 al actual presidente, Lula, cuando cumplía condena por un caso de corrupción que después fue anulado. Estuvo año y medio encarcelado en una comisaría de policía en Curitiba. La prensa brasileña lleva semanas especulando sobre en qué régimen y dónde cumplirá Bolsonaro la condena.
Un asunto delicado porque sobrevuela el temor a la reacción de los seguidores más fanáticos del ultraderechista. En la memoria colectiva, la vigilia pacífica que militantes del Partido de los Trabajadores mantuvieron durante 580 días ante la comisaría donde Lula estuvo recluido y, cinco años después, con Lula de regreso, los dos meses de acampada bolsonarista ante los cuarteles, pidiendo una intervención militar, que precedieron el asalto a las sedes de los tres poderes.
Existen varias opciones: una comisaría, prisión domiciliaria, el penal de máxima seguridad de Brasilia, donde están recluidos los jefes del crimen organizado, una cárcel militar… Junto al expresidente Bolsonaro, por primera vez en Brasil varios generales fueron condenados por golpismo. Ellos también están a las puertas de empezar a cumplir condena.
A medida que avanzaba el caso judicial, Bolsonaro ha ido perdiendo gradualmente la libertad: tuvo que entregar el pasaporte, le prohibieron viajar al extranjero -por eso no pudo ir a la toma de posesión de Trump—, la tobillera electrónica, prisión domiciliaria en el chalé donde vive con su esposa y su hija pequeña, vigilancia policial en la puerta… y ahora, ante las sospechas agravadas de una fuga, prisión preventiva en una comisaría.
