El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (GTDA) concluyó que 49 participantes de las protestas populares e inéditas que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021 —que convirtió automáticamente a los ciudadanos en presos políticos—, sufrieron detenciones arbitrarias, desaparición forzada, injustos juicios y condenas, tortura, aislamiento, y discriminación por motivos políticos y religiosos. Cuatro años después de la manifestación, que terminara con la encarcelación de más de 1500 personas, los cubanos y los organismos internacionales siguen exigiendo justicia. “Ha sido un largo camino, pero cualquier condena justa es positiva, por mucho que represente una ínfima parte de la realidad que viven los cubanos”, aseguró a EL PAÍS Javier Larrondo, director de Prisoners Defenders, la ONG que documentó y presentó los casos ante el Grupo de Trabajo, y que divulgó las conclusiones de la ONU este martes.
Los dictámenes del organismo de Naciones Unidas, expuestos durante su 103º período de sesiones, presentan cómo algunos de los detenidos no fueron informados de las razones de su detención, no se les presentó órdenes de arresto, ni estuvieron enterados de sus derechos ante la ley. También reflejan que no fueron llevados ante un juez para impugnar su detención dentro de las 48 horas siguientes a su privación inicial de libertad y que algunos, tras su detención, estuvieron incomunicados por varios días y semanas, sin que se les permitiera comunicarse con sus familiares. Varios casos, además, no tuvieron acceso a un abogado ni fueron presentados ante un juez “que velase por la legalidad del proceso”.
“En vista del contexto en que se produjeron estas detenciones, los casos descritos en la comunicación evidencian una violación sistemática de múltiples derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, especialmente del artículo 18, que garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión”, dictaminó el Grupo de Trabajo. También insistió en que las acusaciones penales a los manifestantes “tienen como fin coaccionarlos por sus opiniones y participación política, así como desincentivar nuevas protestas en ese ámbito”.
Prisoners Defenders, junto a un equipo de más de diez juristas, se dio al trabajo de recabar y analizar miles de documentos de los casos de 520 detenidos, del total de más de 1.180 prisioneros políticos que hay en Cuba. “Sin embargo, los recursos y normas del Grupo de Trabajo hacían complejo tratar todos, y nos pidieron ir haciéndolo por fases, por lo que se han ido adoptando, de esos 520 casos, 17 en 2024, y 49 en este 2025”, explica Larrondo. “Para un régimen dictatorial es muy fácil detener, hacer desaparecer, meter en prisión y torturar a miles de personas. Demostrar la inocencia de cada uno de ellos es una tarea titánica. El Grupo de Trabajo de la ONU ha demostrado ser altamente profesional en su cometido, a pesar de no tener recursos apenas para tratar una ínfima cantidad de los miles de casos que ocurren cada año en Cuba”.
Las conclusiones del GTDA sitúan a Cuba como el primer país en el mundo por número de condenas por detención arbitraria desde 2019, por lo que se trata de una “condena histórica” por parte de la ONU, de acuerdo con Larrondo. “Estos indicadores son importantes para que el debate con respecto a Cuba, en Europa y el mundo democrático, sea el adecuado. Hay que dejarse de fantasías; Cuba no es un régimen de izquierdas, es una dictadura totalitaria, criminal y fascista”, sostiene.
El organismo de la ONU no solo declaró “ilegal” la forma de proceder del Gobierno cubano, ampliamente expuesta por activistas, medios independientes y las voces de los propios familiares y detenidos; también insta al Gobierno de La Habana a que libere e indemnice a los 49 presos políticos analizados, y que se les conceda “otros tipos de reparación, de conformidad con el derecho internacional”. Incluso instó al Gobierno cubano a llevar a cabo una investigación “exhaustiva e independiente” de los casos expuestos, y que “adopte las medidas pertinentes contra los responsables de la violación de sus derechos”.
El pasado 7 de marzo de 2025, el Grupo de Trabajo comunicó al Gobierno cubano los alegatos y solicitó una respuesta antes del 6 de mayo, pidiendo información detallada sobre la situación de algunos detenidos. No obstante, hasta hoy La Habana no ha enviado “ninguna respuesta en el plazo concedido y tampoco ha solicitado una extensión de este”. “El Grupo de Trabajo lamenta que el Gobierno no haya dado respuesta a su petición en el plazo estipulado”, sostiene el organismo. Larrondo, por su parte, insiste en que seguirán con su labor de denuncia, aunque “actúen los políticos o no para frenar la masacre de libertades que ocurren en Cuba”.
