Eslovenia ha aprobado una ley profundamente discriminatoria contra la minoría romaní en el país. Denominada Ley Sutar, surge de un proyecto de ley anunciado por el primer ministro esloveno, Robert Golob, y aprobado en apenas dos semanas por el Parlamento, a raíz del asesinato de un ciudadano esloveno el pasado mes a manos de un grupo romaní. Si bien no menciona explícitamente a esa pequeña comunidad —representa el 0,5% del país—, sí especifica que se aplicará en las “zonas de alto riesgo”, entre las que figura el sureste del país, donde reside gran parte de los romaníes.
De implementarse la Ley Sutar —aún la tiene que aprobar la presidenta de la República de Eslovenia, Nataša Pirc Musar—, permitiría a la policía del país revisar hogares y vehículos sin orden judicial previa en “circunstancias específicas”; autorizaría la vigilancia audiovisual con drones y cámaras en “zonas de riesgo para la seguridad”, y restablecería el reconocimiento automático de matrículas (prohibido desde que el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional en 2018).
La norma incluye también cambios en materia judicial, entre ellos, permitir a los jueces que tomen en consideración pruebas inadmisibles si la gravedad del delito lo requiere; extender la duración de detenciones preventivas a hasta tres años, y limitar la asistencia jurídica gratuita. Prevé igualmente recortes en la ayudas sociales a las familias cuyos hijos no acuden a instituciones educativas y limitaciones en los derechos de madres menores de edad para las que, en caso de tener menos de 15 años, estarán obligadas a someterse a una evaluación del Centro de Trabajo Social y así determinar si el niño debe ser puesto bajo protección.
La Ley Sutar —cuyo nombre hace referencia a la víctima asesinada a finales de octubre, Ales Sutar, de 48 años, en Novo Mesto— llega pocos meses antes de las próximas elecciones parlamentarias en Eslovenia, previstas para marzo de 2026. En ellas, el actual partido gobernante, Movimiento por la Libertad (Gibanje Svoboda), de Golob, se arriesga a una posible derrota frente al Partido Democrático Esloveno (Slovenska demokratska stranka), de derecha nacionalista, encabezado por el ex primer ministro Janez Jansa.
Aunque no ha habido ninguna referencia explicita hacia la comunidad romaní, expertos y ONG consultados ven la nueva norma como una amenaza directa para esa población. Mensur Haliti, vicepresidente de la Fundación Romaní para Europa, sostiene que “no hace falta que la ley mencione los romaníes para dirigirse a ellos de manera desproporcionada”. El suceso del pasado mes, la delimitación territorial elegida y la imprecisión de los términos empleados en la norma bastan para deducirlo, según Haliti.
“Es obviamente una ley contra los romaníes”, coincide Jonathan Lee, director de defensa y comunicaciones en el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes (ERRC). “Las condiciones de vida en algunas comunidades romaníes, especialmente en el sureste, no tienen nada que envidiar”, argumenta. Lee explica que “el acceso al agua corriente limpia es limitado si no inexistente, [hay zonas] sin electricidad o con conexiones peligrosas realizadas con cables metálicos, faltan infraestructuras básicas para la recogida de basuras y alumbrado público. El acceso a una educación adecuada también es restringido”.
Otro eje discriminatorio en esas comunidades es, afirma el experto, la falta de legalización de las viviendas informales. “Ha hecho que estos lugares hayan ido empeorando cada vez más”, zanja.
Un informe de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), publicado el 30 de octubre de este año, subraya que “la discriminación y exclusión social de una gran parte de la población romaní perdura, especialmente en el sureste del país”, zona ya mencionada por el primer ministro Golob como una en la que el Gobierno debe actuar.
El informe de la ECRI resalta que, pese a la implementación de un programa nacional para la inclusión de los romaníes en la sociedad eslovena para 2021-2030, “no ha habido ningún o escaso progreso en la reducción del número de asentamientos romaníes que carecen de acceso a servicios básicos (como agua potable, saneamiento y electricidad)”. Añade que, “las disparidades sanitarias de los romaníes son motivo de preocupación” y “considera que la actual estrategia de integración de los romaníes carece de medidas específicas e indicadores claros en materia de salud”.
La asesora en campañas para Amnistía Internacional Slovenia, Kristina Bozic, considera que la situación “tan precaria” de los asentamientos romaníes o su falta de integración en la sociedad eslovena, así como “la segregación geográfica que se traduce también en los ámbitos social, económico y educativo” de esa comunidad, va en en contra de los valores y derechos fundamentales de la UE, de la que el país balcánico es miembro desde 2004. “Es algo del que Eslovenia no puede estar orgullosa”, condena.
Al presentar el nuevo paquete de medidas el pasado día 6, el primer ministro Golob concluyó el anuncio añadiendo que el Gobierno había activado el artículo 37 de la Ley de Defensa “sobre la base de un plan elaborado por la policía”, el cual permite a ese cuerpo solicitar apoyo a miembros de las Fuerzas Armadas del país para realizar “una serie de tareas muy limitadas en la frontera”. “Permitirá reforzar la policía con los recursos humanos de las Fuerzas Armadas de Eslovenia”, concluyó.
Si bien el Gobierno esloveno reitera que la norma no va dirigida a esa minoría de la población del país, sus críticos, como Haliti, piden garantías: “Ayer [martes] pregunté directamente al primer ministro a través de la televisión nacional si esta ley es realmente neutral y quién en el Gobierno [esloveno] puede garantizar de forma creíble que estos poderes policiales extraordinarios no se aplicarán de forma desproporcionada y selectiva en las comunidades romaníes, especialmente en las zonas que el Estado ya clasifica como ‘riesgos para la seguridad’. Y si no existe tal garantía, ¿qué salvaguardias impiden una aplicación discriminatoria en la práctica?”.
La comunidad romaní es oficialmente reconocida por la Constitución eslovena, y la ECRI cifra en entre 7.000 y 12.000 las personas perteneciente a esa minoría viviendo en la República de Eslovenia. Sin embargo, subraya que un sondeo realizado en 2022 muestra que alrededor del 10% de los encuestados en el país considera que los romaníes son los más discriminados. En una visita al país en 2024, una delegación de esa Comisión registró que varios encuestados consideran que existe un trato diferenciado injustificado hacia los llamados romaníes no autóctonos —es decir, los no nativos— que limita notablemente su participación en la vida política a nivel local.
