Tres meses y once días después de haber sido indultado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, José Francisco Salgado llegó a la casa de su tía María Torrez Salgado, una anciana de 81 años, para asesinarla. Fue el sábado 27 de enero de 2024, a la seis de la mañana, cuando el convicto beneficiado con el régimen de “convivencia familiar” asfixiar a la víctima hasta dejarla inconsciente… Para perpetrar el crimen le amarró una soga y la apretó hasta el fondo. Luego huyó, robándose un televisor y un celular.
Salgado es uno de los 53.164 reos comunes puestos en libertad por el régimen copresidencial en la última década, en especial en los últimos años, cuando estas excarcelaciones han estado teñidas de propaganda sandinista, que las cataloga como “gestos de paz y bien”, pensados “en la unidad familiar”. “Las personas tienen derecho a oportunidades”, dijo la ministra del Interior, María Amelia Coronel Kinloch, el pasado 1 de noviembre, cuando fueron liberados mil reos comunes.
Los mil reos comunes alzaron sus actas de liberación con júbilo. Se tomaron fotos y agradecieron a los copresidentes Ortega y Murillo. Este grupo no ha sido ni el único ni el primero. Lo que va de 2025, 8.400 reos comunes han sido beneficiados con este “régimen de convivencia familiar”. Entre ellos figuran delincuentes de toda índole, desde atracadores hasta feminicidas que no llegaron a cumplir sus condenas. El caso más claro es el de Salgado, quien ni siquiera había cumplido el 50% de su pena por robo de motocicletas cuando fue indultado.
La excarcelación de convictos comunes antes de cumplir sus penas ha sido criticada, principalmente, por organizaciones feministas, bajo el argumento de que luego de esos beneficios se han incrementado los feminicidios en Nicaragua. Por su parte, la Fundación sin Límites, un think thank nicaragüense en el exilio, lleva años observando esta política gubernamental de liberar reos comunes, en específico el impacto que esto tiene en la seguridad ciudadana y el esquema político del régimen sandinista. Por un lado, alertan la alta probabilidad de reincidencia de estos presos comunes indultados.
“Los registros indican que un 7,18% de estas personas reincidió en la comisión de delitos, lo que evidencia que una proporción significativa de los liberados no logra reintegrarse plenamente a la sociedad ni abandonar conductas delictivas”, sostiene un análisis de la Fundación Sin Límites compartido a EL PAÍS.
Al margen de la reincidencia, las encuestas revelan un aumento de la sensación de inseguridad entre los nicaragüenses, asociada también a los indultos de los convictos. Un reciente sondeo de opinión de la organización Hagamos Democracia reveló que 97% de los nicaragüenses percibe un aumento de la criminalidad.
Según las autoridades del Sistema Penitenciario, la reinserción social de los reclusos se promueve a través de programas educativos, que abarcan desde alfabetización básica hasta estudios universitarios en coordinación con diversas universidades del país. Asimismo, destacan actividades productivas desarrolladas en los centros penitenciarios, incluyendo carpintería, soldadura, panadería y elaboración de placas para vehículos. “Sin embargo, la mencionada tasa de reincidencia pone de relieve limitaciones importantes del sistema: los cursos y herramientas ofrecidos podrían ser de baja calidad, y es posible que no se consideren adecuadamente necesidades individuales o tratamientos esenciales relacionados con salud mental y adicciones”, cuestiona el organismo en el exilio.
“Función estratégica” del régimen
La Fundación sin Límites destaca que estas liberaciones de reos comunes “están fuertemente cargadas de símbolos vinculados al sandinismo, donde es recurrente observar muestras de agradecimiento público hacia la pareja presidencial y al Gobierno en general”. Sin embargo, de manera subyacente, estas excarcelaciones también pueden estar cumpliendo “una función estratégica más amplia en el terreno político y social”.
“La puesta en libertad de miles de reos comunes, algunos de los cuales reinciden en actividades delictivas, crea un clima de inseguridad que preocupa a la ciudadanía. Ante el temor a ser víctimas de robos, asaltos u otros delitos, la atención pública se desplaza hacia los problemas de seguridad cotidiana, relegando a un segundo plano temas de gran relevancia política, como la situación de los presos de conciencia o la crítica al sistema autoritario”, continúa la ONG. “En ese sentido, estas medidas no solo tienen un impacto en la dinámica de la seguridad ciudadana, sino que también contribuyen a moldear la narrativa común, colocando las preocupaciones sociales inmediatas por encima de la discusión política estructural”.
En contraste, Ortega y Murillo han consolidado el sistema judicial como un instrumento político que limita derechos fundamentales y reprime la oposición política. “Las detenciones arbitrarias, la criminalización de personas consideradas de oposición y las violaciones a la integridad de las personas privadas de libertad reflejan la ausencia de independencia judicial y de mecanismos efectivos de protección ciudadana”, concluye la Fundación sin Límites.
