“Una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios públicos”, fue lo que hallaron los investigadores judiciales en un caso que toca directamente al Gobierno de Javier Milei. De acuerdo con la imputación del Ministerio Público Fiscal –la parte acusatoria en el sistema jurídico argentino–, una organización delictiva que operaba en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) sustrajo al menos 43.000 millones de pesos (unos 30 millones de dólares) de las arcas públicas: dirigía las compras de medicamentos e insumos con sobreprecios y pagaba sobornos a altos funcionarios.
Uno de los principales acusados es el exdirector de Andis Diego Spagnuolo, quien hasta el estallido del escándalo era abogado personal de Milei. La lista de 15 imputados incluye a exfuncionarios, empresarios e intermediarios, quienes desde este martes deben presentarse ante la justicia para prestar declaración indagatoria.
El caso toca aún más de cerca al presidente ultra de Argentina. Su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, es mencionada en grabaciones y mensajes que constan en el expediente como presunta destinataria de sobornos por un porcentaje de las operaciones ilícitas.
Las irregularidades en la Andis, el organismo que provee atención a personas con discapacidades, se hicieron públicas en agosto pasado, cuando se filtraron audios en los que, en diferentes diálogos, una voz que sería la de Spagnuolo detallaba un esquema de contratos amañados con empresas farmacéuticas y proveedoras de insumos para la salud. Como retorno, las firmas beneficiadas pagaban sobornos del 8%: 5% para distribuir en el primer nivel de involucrados y 3% para el vértice superior. Allí involucraba a Karina Milei, al influyente subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Lule Menem, y a otros funcionarios de la Agencia a su cargo. La misma voz aseguraba que había alertado al presidente sobre lo que estaba ocurriendo, sin resultados.
El Ejecutivo de Milei reaccionó a la difusión de los audios negando los hechos y despidiendo a Spagnuolo y otros funcionarios de la Andis. El presidente ultraderechista defendió a su hermana y acusó al kirchnerismo de “sembrar el caos de manera descarada”, en el periodo previo a las elecciones legislativas.
Después de tres meses de investigación, el fiscal federal Franco Picardi elaboró un detallado dictamen de 276 páginas, que se conoció en las últimas horas, tras levantarse el secreto de sumario en la causa. Para darle sustento, no se basó en los audios filtrados sino en las pruebas recabadas en el registro de propiedades y dispositivos electrónicos de los acusados, entre otras medidas.
La fiscalía determinó que, entre 2024 y 2025, la Andis “estuvo abocada a fungir como el centro de operaciones de diversas actividades ilícitas”. Actuó como “una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados, adjudicados en procedimientos fuera del marco legal”, abonando “sobreprecios en beneficio de proveedores con vínculos con los funcionarios al mando”. Según el fiscal, la Andis “se puso al servicio del interés privado de un grupo de empresarios y funcionarios públicos”, “en una enorme trama de corrupción y un aceitado esquema de pagos indebidos a funcionarios que debían velar por los intereses de las personas con discapacidad y de gran vulnerabilidad social”. Para los investigadores, entre julio del año pasado y agosto último, las adjudicaciones irregulares desviaron más de 43.000 millones de pesos.
El dictamen de la fiscalía acusó a 15 personas: Spagnuolo, los exdirectores de Acceso a los Servicios de Salud Daniel Garbellini y Pablo Atchabahian, y empresarios de las firmas Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, entre otros. El juez de la causa, Sebastián Casanello, ya dictó una detención —la de Atchabahian, el viernes pasado— y citó a declaración indagatoria al resto de los acusados. Desde este martes comenzarán a desfilar por los tribunales.
