El Gobierno de Keir Starmer se niega a aceptar los argumentos de sus críticos internos, dentro del Partido Laborista, que lo acusan de estar copiando la estrategia de la extrema derecha en su respuesta a la inmigración. “La inmigración ilegal (sic) está destrozando nuestro país. Nuestra tarea, como Gobierno laborista, es precisamente unirlo, y si no solucionamos este asunto estaremos cada vez más divididos”, ha defendido Shabana Mahmood, la ministra del Interior, que se dispone a anunciar este mismo lunes una revisión drástica e histórica de las condiciones de acceso a la residencia permanente en el Reino Unido.
La ministra ha comenzado a señalar gran parte de los detalles de la propuesta en una intensa ronda de entrevistas por distintos medios como el diario The Times o la BBC a lo largo del domingo, consciente de que el Ejecutivo de Starmer tiene por delante una intensa batalla parlamentaria para sacar adelante sus planes.
Con el nuevo modelo que se pretende impulsar, todos los que lleguen al Reino Unido de manera irregular y comiencen el proceso de petición de solicitud de asilo, así como aquellos que permanezcan en el país una vez que haya expirado su visado de entrada, deberán esperar un plazo de 20 años antes de poder adquirir la residencia permanente. Hasta ahora, ese plazo era de cinco años.
Además, una vez adquirido ese estatus legal de permanencia, no será definitivo. El Gobierno se reservará el derecho a revisarlo cada 30 meses, y si considera que las condiciones del país de origen son seguras de nuevo, podrá deportar a aquellos que obtuvieron en su momento el asilo.
Asegura la ministra, ella misma hija inmigrantes paquistaníes que llegaron al Reino Unido de manera irregular, y musulmana practicante, que el Gobierno se ha inspirado en el modelo danés, que ha logrado una drástica reducción de casi el 95% de la concesión de asilo a las personas que han accedido al país de modo irregular desde que lo aplica. Sin embargo, Dinamarca establece un plazo de ocho años para adquirir la residencia permanente, con lo que el Ejecutivo laborista de Starmer se convertirá, de salir adelante su propuesta, en el que más mano dura emplea a la hora de establecer condiciones de acceso.
Las nuevas medidas, en cualquier caso, solo se aplicarían a aquellos que entraran en el país una vez que hubieran entrado en vigor.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, un total de 111.000 personas solicitaron asilo en el Reino Unido entre junio de 2024 y el mismo mes de 2025. A su vez, entre marzo y marzo de esos dos años, 172.798 inmigrantes obtuvieron esa condición.
Menos ayudas
El Gobierno de Starmer se dispone incluso a elevar también de cinco a diez años el plazo exigido a las personas que han accedido al país de manera legal para que puedan adquirir la residencia permanente.
Pero en una vuelta más de tuerca que varios diputados laboristas y organizaciones humanitarias ven como un despliegue innecesario de crueldad, la ministra ha anunciado que también se recortarán severamente las ayudas económicas que reciben las personas que están a la espera de obtener su estatus de refugiados.
Todos aquellos que estén en condiciones de trabajar dejarán de percibir las aportaciones que hasta ahora se entregaban para vivienda y mantenimiento. Y aquellos que cometan un delito verán revocada su condición de asilados.
“En la actualidad hay personas que reciben apoyo [del Estado] por su condición de asilados que pueden trabajar, y que tienen el derecho legal de hacerlo”, ha explicado Mahmood. “Y el Gobierno quiere que trabajen”, ha añadido.
El Gobierno de Starmer persigue lograr un efecto disuasorio con sus medidas, que convenza a todos aquellos dispuestos a intentar llegar a territorio británico de que el viaje no les habrá merecido la pena. “Creo que es importante lanzar una señal clara a todos los que intentan llegar hasta aquí en la actualidad a través de múltiples rutas por países seguros de Europa, con la idea de embarcarse en un bote en el norte de Francia. Es un viaje que no merece la pena”, ha dicho la ministra en el diario The Times.
Downing Street ha hecho suyo el argumento esgrimido por la ultraderecha de Nigel Farage o por el propio Partido Conservador de que la inmigración irregular ha provocado una tensión insoportable entre los ciudadanos británicos. “Creo que la gente siente, de un modo que es justo, que el ritmo y la escala [de la inmigración] se ha descontrolado, y que como resultado de ello, se ha trasladado una enorme presión sobre las comunidades”, ha dicho Mahmood.
Frente a las críticas de compañeros de partido, como la diputada Nadia Whittome, que ha acusado al Gobierno de “copiar las políticas de la ultraderecha”, o de organizaciones como UK Refugee Council, cuyo director ejecutivo, Enver Solomon, considera las medidas “duras e innecesarias”, la ministra ha definido su tarea como una “misión moral”: “El sistema se ha quebrado. No se trata de airear argumentos de la extrema derecha o supuesta desinformación, sino de dejar claro que tenemos un problema”, ha dicho.
