El reloj del cierre de la Administración más largo de la historia de Estados Unidos marcaba 42 días, 23 horas y 24 minutos cuando el presidente Donald Trump firmó la ley que le ponía punto final. Fue el último trámite de una muerte a cámara lenta, que se prolongó durante días desde que el domingo pasado los republicanos en el Senado lograron los votos suficientes para reabrir el grifo del dinero público, parcialmente cerrado desde el 1 de octubre.
La norma había sido aprobada un par de horas antes por la Cámara de Representantes. Sus miembros se reunieron en pleno por primera vez desde el 19 de septiembre para votar la propuesta de financiación del Gobierno aprobada el lunes en el Senado tras la deserción el día anterior de siete demócratas y un independiente rumbo a las filas republicanas.
En la Cámara baja, hubo este miércoles 222 síes (216 republicanos y seis demócratas) por 209 noes (202 demócratas y 7 republicanos). Cumplido ese trámite, ya solo quedaba pendiente la firma de Donald Trump para poder dar por terminado el shutdown, que es como en Washington se llama al cerrojazo parcial del dinero público. Se trata de una amenaza recurrente que se materializa cuando ambos partidos no se ponen de acuerdo en materia presupuestaria.
Trump firmó en el Despacho Oval la propuesta de financiación, en vigor solo hasta el 30 de enero. Lo acompañaban Johnson y otros miembros del Congreso. El presidente no desaprovechó la oportunidad para repetir algunas de las mentiras que ha soltado sin cesar durante el prolongado cierre de la Administración. También, para cargar contra sus rivales y para advertir a los suyos en el Senado de que le urge que acaben con la regla del filibusterismo que exige una mayoría de 60 votos sobre 100 para sacar adelante la mayoría de las iniciativas legislativas.
Después, no aceptó preguntas de los reporteros, pero se las gritaron igualmente. Se referían al tema del día: la presencia constante de su nombre en una nueva remesa de papeles del caso del millonario pederasta Jeffrey Epstein.
Con la firma presidencial, regresará la normalidad poco a poco a decenas de agencias federales clausuradas y a museos, monumentos y parques nacionales cerrados o desatendidos, así como a los principales aeropuertos de Estados Unidos, que suman miles de vuelos cancelados y decenas de miles de retrasos por los efectos del shutdown en los controladores aéreos y empleados de seguridad, funcionarios considerados “esenciales” y, por tanto, obligados a trabajar sin cobrar. El resto, unos 750.000, han quedado durante estas más de seis semanas suspendidos de empleo y sueldo.
No está claro cuándo se podrán dar por desatascados todos esos problemas; especialmente, el de los aeropuertos, aunque la autoridad federal de aviación (FAA), que la semana pasada puso en macha un plan para evitar la saturación del tráfico aéreo, lo dejó en suspenso este miércoles por la noche.
Tampoco se sabe hasta qué punto se verán afectados finalmente los 42 millones de beneficiarios del sistema de cupones de alimentos (SNAP son sus siglas en inglés). La Administración de Trump ha tratado por todos los medios de no pagar las sumas correspondientes a noviembre, y el viernes pasado intervino el Tribunal Supremo para dar la razón a la Casa Blanca en ese empeño.
El acuerdo que reabre el grifo del dinero público incluye la previsión de la financiación de la Administración federal hasta finales de enero, cuando puede haber una nueva crisis; la cobertura de SNAP durante el curso fiscal de 2026; y el compromiso de que la Administración de Trump readmitirá a los funcionarios despedidos durante estos 43 días, de que pagará retroactivamente los sueldos no percibidos por los que mantuvieron sus trabajos y de que no echará a más empleados federales en los próximos dos meses y medio.
Casi más importante es lo que no incluye ese pacto. Sobre todo, en el caso de los demócratas, que vuelven a enfrentarse a una crisis interna solo una semana después de las contundentes victorias electorales en Nueva York, Virginia y Nueva Jersey que les habían permitido superar la anterior. Los republicanos no se comprometen a prorrogar una parte de las coberturas sanitarias incluidas en el programa Obamacare (ley así bautizada por el presidente que la inspiró). Son subsidios aprobados durante la pandemia, y su previsible final disparará el precio de los seguros médicos de 24 millones de estadounidenses. La bancada conservadora sí ha aceptado votar sobre esos subsidios próximamente, aunque todo indica que la iniciativa está condenada en el Capitolio.
El presidente de la Cámara baja, el speaker Mike Johnson, la ha mantenido en receso durante 54 días para, con ese gesto sin precedentes, dedicar todo su tiempo a tratar de culpar a los demócratas de los efectos del cierre de la Administración. Lo último que hicieron los congresistas antes de recibir vacaciones indefinidas fue aprobar el plan presupuestario que luego no consiguió en el Senado los apoyos necesarios, esa mayoría cualificada de 60 que no llegó hasta el domingo, tras 14 votaciones fallidas.
Durante el cierre, Johnson también se ha negado −todo indica que por un cálculo político basado en su inquebrantable lealtad a Trump− a permitir que la congresista electa Adelita Grijalva (Arizona) jurase su cargo tras ganar una elección especial el pasado 22 de septiembre para suceder a su padre, Raúl Grijalva, fallecido en enero.
El voto de Grijalva
Lo logró finalmente este miércoles por la tarde. Lo primero que ella hizo fue firmar con los suyos una petición para forzar una votación en el Congreso. Si sale adelante, cosa también poco probable, obligaría a la Casa Blanca a la publicación de todos los archivos que tiene el Departamento de Justicia relativos a Epstein, que murió en 2019 en una celda de máxima seguridad cuando esperaba juicio. Johnson ha fijado esa votación para la semana próxima.
Los demócratas y un puñado de republicanos que les permiten sumar los 218 votos necesarios (son cuatro: Thomas Massie, Marjorie Taylor Greene, Lauren Boebert y Nancy Mace) quieren conocer el contenido de esos papeles que el Departamento de Justicia prometió durante meses que verían la luz hasta que en julio pasado la fiscal general Pam Bondi emitió un comunicado, firmado junto al director del FBI, Kash Patel, en el que cambiaban de opinión y anunciaban que ya no los difundirían.
Este miércoles se conocieron nuevos correos de Epstein, publicados por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara, en los que este nombra en múltiples ocasiones a Trump. Ambos fueron amigos durante 15 años, hasta su separación en 2004. Es decir, antes del primer juicio contra el financiero y antes también de que el magnate inmobiliario y estrella de la telerrealidad se convirtiera por primera vez en presidente.
La súbita negativa de la Casa Blanca a arrojar luz sobre esos archivos ha encendido lógicamente las sospechas de que contienen algo que Trump no quiere que se conozca. Esas maniobras le provocaron al principio del verano la crisis más seria hasta la fecha entre sus fieles del mundo MAGA (siglas del lema trumpista Make America Great Again). Los militantes en las teorías de la conspiración creen desde hace años que esos archivos traen una lista de ricos y famosos implicados en los delitos de Epstein y que no se hace pública para protegerlos. También que el financiero no se suicidó, como concluyó el forense.
Hasta ver si logran que la Administración de Trump suelte todo ese material, el Congreso está obteniendo papeles de la familia de Epstein por oleadas desde agosto. Los correos difundidos este martes corresponden al último envío, de la semana pasada. Bondi tiene el dosier completo, según ha declarado, “sobre la mesa” de su despacho.
Trump mantiene que no sabía nada de los crímenes de su viejo amigo. Este miércoles desdeñó las nuevas revelaciones como otra manifestación de lo que viene definiendo como un “bulo de los demócratas” para desviar la atención del fin del cierre de la Administración que llegó después de todo, y tras una muerte a cámara lenta.
