España es uno de los cuatro Estados miembros de la UE que, debido a la fuerte presión migratoria con un “número desproporcionado” de llegadas irregulares, podrá acceder el año que viene al fondo común de solidaridad previsto en el Pacto de Migración y Asilo de la UE que entrará en vigor a mediados de 2026, según ha anunciado este martes la Comisión Europea. Ello permitirá a las autoridades españolas bien solicitar la reubicación de parte de los solicitantes de asilo en otros países comunitarios o compensaciones económicas si un Estado se niega a aceptar su cuota de reparto.
Aunque el mecanismo, que busca redistribuir al menos a 30.000 demandantes de asilo por año, será obligatorio, Bruselas ha propuesto flexibilidades suficientes para aplacar, espera, a los más reticentes; especialmente a una Polonia que desde el principio ha advertido de que no está dispuesta ni a recibir a más migrantes ni a pagar los costes de su estancia en otro país. Para este caso, el Ejecutivo europeo ha ideado una exención que debería mitigar el rechazo de Varsovia.
Según el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, además de España, los primeros países que podrán beneficiarse de este fondo o reserva de solidaridad, si así lo desean, son Italia, Chipre y Grecia.
El mecanismo prevé diversas opciones de compensación por parte del resto de Estados: pueden aceptar reubicar en su territorio parte de los demandantes o pagar una “compensación” financiera. También ofrecer medidas “alternativas de solidaridad” de mutuo acuerdo con el país que busca aliviar su presión migratoria, que pueden ser tanto financieras como de ayuda material o personal, entre otros.
Aunque cuando culminaban las negociaciones para cerrar el pacto migratorio, en 2023, se llegó a hablar de imponer una cuota de hasta 22.000 euros por refugiado a los países que rechacen acogerlos, la Comisión ahora elude fijar una cifra. Eso será tarea del Consejo, es decir los Estados, que deben dar el visto bueno a la propuesta presentada este martes y convocar un “foro de solidaridad de alto nivel” que decida tanto el importe global del fondo común —que se cifraba hace dos años en al menos 600 millones de euros— como la contribución de cada país al mismo. Solo entonces, y sobre esa base, explica la Comisión, se establecerá el “importe global” de la solidaridad para el año siguiente y se aprobará formalmente el fondo o reserva común.
Muestra de lo complicado que sigue siendo hablar de migración en una UE donde cada vez más países piden medidas más duras y que plantean ya abiertamente crear centros para migrantes fuera de sus fronteras siguiendo el modelo albanés de Italia o hasta el ruandés que llegó a considerar Reino Unido, es el retraso del anuncio de Brunner. Inicialmente, la Comisión debía presentar su propuesta para el reparto de la carga de acogida de demandantes de asilo a mediados de octubre, pero la cita fue aplazada sin fecha —hasta ahora— debido a las reservas de varios países a ser parte de este fondo solidario, si bien fuentes de la Comisión alegan que también necesitaban más tiempo para trabajar el primer informe anual de migración y asilo sobre el que se basan las propuestas de los países beneficiados.
De acuerdo con este primer informe, la situación migratoria del bloque comunitario mostró una “mejora continuada” entre julio de 2024 y junio de este año. De hecho, las entradas irregulares se redujeron un 35%, gracias también, considera Bruselas, a la “mayor cooperación con países aliados”. Aun así, subraya, sigue habiendo desafíos, especialmente debido a la presión continua de las llegadas irregulares y los movimientos no autorizados dentro de la UE —los denominados movimientos secundarios—, pero también por la acogida de refugiados de Ucrania, la “instrumentalización” de la migración por parte de Rusia y Bielorrusia en las fronteras exteriores y en materia de cooperación para retornos y readmisiones en los países de origen, enumera el informe.
En función de estos desafíos, la Comisión ha elaborado una lista del “nivel de presión migratoria” de los 27 Estados miembros. En la categoría más alta están España y los otros tres países mediterráneos que podrán acceder al fondo de solidaridad.
La Comisión identifica, además, a 12 países bajo “riesgo de presión migratoria” por el elevado número de llegadas el año anterior o por “continuas tensiones en sus sistemas de acogida”. Un tercer factor reconocido para esta categoría es la “amenaza de instrumentalización de la migración”, como sucedió en la crisis migratoria de 2021, en la que el régimen del bielorruso Aleksandr Lukashenko envió (y ayudó a tratar de cruzar) a los países del flanco oriental a miles de migrantes, aprovechándose de su vulnerabilidad.
Estos países, entre los que se cuentan Bélgica, Francia, Alemania, Polonia o Finlandia, tendrán un “acceso prioritario” a los instrumentos de apoyo a la migración de la UE. Además, señala Bruselas, su situación se reevaluará “de manera acelerada” si se llega a deteriorar. Varios de estos países, especialmente Francia y Alemania, han endurecido su discurso migratorio ante el avance de la ultraderecha en procesos electorales.
La Comisión identifica a un tercer grupo de países ―Bulgaria, República Checa, Estonia, Croacia, Austria y Polonia— a los que considera en una “situación migratoria significativa” debido a presiones “acumuladas” en los cinco últimos años. Por ello, les concede la posibilidad de solicitarle al Consejo —que será el que tenga la última palabra en esto— que les conceda una “deducción total o parcial” de sus contribuciones fijadas al fondo de solidaridad para el próximo año.
El comisario de Migración ha calificado la propuesta de equilibrada para “restaurar la confianza” de los países y, también, “restaurar el control” de las fronteras en un sistema migratorio “justo y firme”.
“Estamos pasando página, mostrando control y unidad, y apoyando a los Estados miembros que se enfrentan a las presiones más desproporcionadas”, ha subrayado. “Mantener este equilibrio entre solidaridad y responsabilidad es clave para nuestro éxito. Debemos seguir avanzando en los controles y procedimientos en las fronteras, un proceso de asilo más rápido y retornos efectivos”, ha agregado.
En este sentido, el austriaco Brunner, que no oculta su preferencia por una vía migratoria más dura, ha recordado que todavía están por aprobar las propuestas de la Comisión para la reforma del reglamento de retornos, así como una lista común de “países de origen seguros” para agilizar —y potencialmente denegar también de forma más rápida— los procedimientos fronterizos de demanda de asilo de los solicitantes de esas naciones. También sigue pendiente la polémica lista de “terceros países seguros” que permitirá desarrollar la propuesta de crear centros de deportación en países extracomunitarios y ampliar la lista de terceros Estados a los que se puede deportar a los migrantes.
