La batalla por la supervivencia del Gobierno francés, que dirige el macronista Sébastien Lecornu, se libra palmo a palmo estos días en la Asamblea Nacional en un complejo debate para consensuar una nueva Ley de Presupuestos. El primer ministro y su Ejecutivo hacen equilibrios para mantener dentro del perímetro de una posible mayoría al Partido Socialista (PS) sin provocar el enfado de Los Republicanos (LR) y parte del centroderecha, que no acepta muchas de las propuestas de la bancada progresista. Tiene que haber un texto antes de final de año y cada vez queda menos tiempo. No hay margen. En caso de descarrilamiento definitivo de las negociaciones, no quedaría más remedio que convocar unas elecciones legislativas anticipadas. Volver, definitivamente, al escenario del crimen, el lugar que provocó el bloqueo hace 16 meses.
Nadie recuerda a un primer ministro tan frágil, tan expuesto a los partidos. Sin la figura protectora del presidente de la República, un Emmanuel Macron retirado casi completamente de la política nacional. La única fortaleza de Lecornu es hoy el miedo de la mayoría de todas las formaciones —menos la ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) y la izquierdista La Francia Insumisa (LFI)— a pasar por las urnas. Tres semanas después de volver a ser elegido por Macron, Lecornu se encuentra atrapado en un laberinto parlamentario. Especialmente después de haber renunciado voluntariamente al artículo 49.3 de la Constitución, es decir, a la posibilidad de aprobar por decreto los textos.
Todo se acelera. El lunes tuvo que suspenderse el debate sobre la hacienda pública porque, de lo contrario, sería imposible cumplir los plazos con el resto de apartados. “Es una carrera de fondo muy incierta, en la que uno puede caer en cualquier momento”, confesó el primer ministro este domingo a Le Parisien, plenamente consciente de que la supervivencia de su Gobierno más allá del otoño pende de un hilo. “Si la oposición quiere censurar, que censure”, admitió a Le Monde el lunes, en un tono ya más desafiante.
La clave, sin embargo, no es la oposición, sino los socialistas, que se encuentran hoy en una suerte de limbo después de romper relaciones con la Francia Insumisa, pero necesitados de marcar perfil propio. “Son los idiotas útiles del macronismo”, les acusó el insumiso Éric Coquerel, tocando el nervio que más duele al PS y a su electorado. La suspensión hace dos semanas de la polémica reforma de las pensiones queda ya muy lejos y los socialistas necesitan más concesiones.
La mejor manera de plasmar la ideología que tiene un Gobierno es a través del presupuesto. Y los debates estos días, más allá de su éxito final, han puesto sobre la mesa las grandes fricciones entre los partidos de Francia: los impuestos a los ricos, las herencias, una deuda colosal —el 115% del PIB— que recae sobre las siguientes generaciones, la edad de jubilación o las necesarias concesiones a la ultraderecha, cada vez más cerca del Palacio del Elíseo.
Sin resultados concretos
El problema es que tras varios días de intensos debates en el hemiciclo —marcados por el rechazo de la conocida como “tasa Zucman” [un impuesto a los ultrarricos bautizado con el nombre de su promotor, el economista francés Gabriel Zucman] y por la aprobación de nuevos gravámenes a las empresas y grandes patrimonios— no hay en el horizonte ningún compromiso. Una situación que complica aún más la adopción definitiva del presupuesto antes de fin de año.
Lecornu ha demostrado en su segundo mandato —el primero duró 836 minutos— actitudes distintas respecto a sus predecesores. Escucha, toma decisiones consensuadas. No da la impresión de acudir al Parlamento con órdenes concretas y no suscita animadversión —o al menos no tanta como sus predecesores— entre sus oponentes. Pero no ha sido suficiente hasta ahora para frenar los malos augurios. El tiempo pasa. Y empieza a crecer el nerviosismo entre las filas del macronismo, que ve cómo la paciencia de los socialistas vuelve a agotarse. El lunes, Lecornu fracasó en su intento de reunir a todas las formaciones en torno a una mesa para consensuar nuevos pasos.
A falta de un acuerdo, este bloqueo podría obligar al Gobierno a recurrir a ordenanzas— instrumentos legislativos especiales mediante los cuales el Gobierno puede dictar normas con fuerza de ley— o a presentar una ley especial para prorrogar, de forma transitoria, las disposiciones presupuestarias de 2025, mientras se espera un texto aprobado [ya se hizo el año pasado]. Dos escenarios que expondrían aún más al jefe del Ejecutivo a una moción de censura, que podría ser votada por los socialistas. Y ahí se acabaría todo. Aunque eso no sea lo que más convenga ahora mismo al PS, desorganizado y débil en los sondeos.
El líder de los socialistas, Olivier Faure, quiso templar los ánimos el lunes por la mañana. El dirigente consideró que, aunque el camino sea “estrecho” hacia una adopción del Presupuesto, aún es “posible” hallar una vía para eliminar las “atrocidades” que todavía contiene el texto. “Que por ahora no estemos satisfechos no significa que no haya un camino”, suavizó en France Inter, mientras los diputados se disponían a concluir ocho días de debate sobre la parte “de ingresos” del Presupuesto del Estado.
Faure quería matizar la posición del presidente del grupo socialista, Boris Vallaud, que había afirmado que, en su estado actual, el grupo votaría en contra del texto. Además, el líder del PS sugirió que la “trayectoria del déficit” podría “corregirse”. “Si no logramos que se acepten nuestras propuestas, empezaremos por votar en contra de este proyecto de Presupuesto; y si votamos en contra, este Presupuesto no saldrá adelante. La historia aún no ha terminado”, puntualizó. El problema, sin embargo, es que sin concesiones, sin recortes, el agujero en las cuentas públicas sigue agrandándose.
Mientras los diputados comenzarán este martes el examen del proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social para el próximo año, los magistrados del Tribunal de Cuentas consideraron el lunes que, vistas las discusiones llevadas a cabo en el hemiciclo, “aumenta el riesgo de que el saldo de los regímenes sociales sea en 2026, una vez más, más deficitario de lo previsto”. De hecho, se prevé que será el mayor de la historia, el doble que el año pasado.
La situación está lejos de poder ser compensada. Las medidas de ahorro previstas, por otro lado, han sido rechazadas. La congelación de las pensiones y de las prestaciones mínimas, que debía aportar 3.500 millones de euros, no fue aprobada. Lo mismo ocurrió con el aumento de tres puntos en la cotización de jubilación de las administraciones locales, decidido por el Gobierno de François Bayrou cada año hasta 2028, que debía generar 1.800 millones de euros. También se anuló la creación de una cotización patronal sobre los vales de comida y los cheques-vacaciones, que debía aportar 1.000 millones de euros. El agujero, en el esfuerzo sobrehumano de este Gobierno por mantenerse en pie, se sigue agrandando.
Las medidas aprobadas, además, tienen un carácter más bien simbólico. Los diputados aprobaron el lunes el restablecimiento del “exit tax” (impuesto de expatriación), tal como existía entre 2012 y 2019, en el marco del examen en primera lectura de la parte correspondiente a los ingresos del presupuesto del Estado. Este impuesto había sido creado por Nicolas Sarkozy con el objetivo de frenar la evasión fiscal de los empresarios, pero fue considerablemente suavizado durante el mandato de los macronistas.
La Asamblea aprobó una enmienda presentada por el diputado lepenista Jean-Philippe Tanguy que restaura la versión original del impuesto. El RN votó a favor, mientras que la derecha y los macronistas votaron en contra, y la izquierda se abstuvo mayoritariamente. Según la ministra de Cuentas Públicas, Amélie de Montchalin, la medida debería aportar unos 70 millones de euros. Una cifra ridícula frente al Himalaya, como llamaba a la deuda francesa el ex primer ministro, Michel Barnier.
