
Bruselas es una ciudad plagada de espías. Rusos, iraníes, israelíes, chinos… Todos se mueven para buscar información dentro de las instituciones europeas y la OTAN o para conseguir información de los cientos de organizaciones que tienen su sede en la capital belga. Ahora, un escándalo de espionaje europeo ha sacudido a la UE y a los círculos diplomáticos de la capital comunitaria. La Comisión Europea investiga si el servicio de espionaje húngaro trabajó para reclutar a una red de espías entre los funcionarios europeos. Y, sobre todo, si su hoy comisario de Salud y Consumo, el húngaro Olivér Várhelyi, conocía las actividades de esa telaraña.
Los investigadores deberán dilucidar si esta red usó a agentes de inteligencia bajo cobertura diplomática como empleados de la representación permanente húngara cuando Várhelyi era embajador. El objetivo sería conseguir documentos clasificados e información sensible que interesaba al Gobierno del primer ministro nacionalpopulista Viktor Orbán, que vive un contencioso eterno con la UE.
Las acusaciones, que ha destapado el medio de investigación húngaro Direkt36, en colaboración con medios belgas y alemanes, abarcan desde los años 2012 a, al menos, 2018. Y ponen el foco en la representación de Hungría ante la UE, que encabezó Várhelyi de 2015 a 2019, cuando pasó a ser comisario europeo (primero de Ampliación y Vecindad) y a tener así un importante hueco ya dentro de las instituciones comunitarias.
El Gobierno húngaro ha negado todas las acusaciones y las ha definido como parte de una “campaña de desprestigio”. Pero lo cierto es que un equipo interno de seguridad de la Comisión Europea investiga el caso, que la presidenta, Ursula von der Leyen, se ha tomado muy en serio. La conservadora alemana ha llamado a capítulo al húngaro, que durante años ha sido, además, como buen representante de Hungría, el comisario más incómodo. “La presidenta preguntó al comisario si estaba al tanto de los intentos de reclutamiento de los servicios de inteligencia húngaros dirigidos al personal del Ejecutivo comunitario mientras estaba en la representación permanente de Hungría. El comisario dijo que no estaba al tanto”, ha informado un portavoz comunitario.
El caso ha desvelado el funcionamiento de la maquinaria de espionaje húngara en la UE, en ocasiones bastante torpe. Direkt36 y sus socios de investigación cuentan cómo el agente V., hoy un teniente coronel que trabaja en Budapest y que en 2015 operaba bajo cobertura diplomática en Bruselas, contactaba a funcionarios europeos húngaros para reclutarles como informadores.
A V., que reportaba directamente a Várhelyi, según sus atribuciones en la legación diplomática, le gustaba quedar con sus potenciales agentes en un parque de Bruselas. “Era un hombre muy simpático e inteligente. Yo ya sabía entonces que era un oficial de inteligencia húngaro y que su cargo diplomático era solo una tapadera”, relata a Direkt36 uno de los empleados comunitarios afectados.
Lo que no sabía es que V. quería reclutarlo. Pero lo intentó. Y como el espía sabía que al funcionario no le interesaba demasiado el dinero, le ofreció favorecer y apoyar a una de las organizaciones con las que colaboraba, y le presentó un contrato para que lo firmase. El funcionario, incomodo, rechazó la oferta.
O el caso de E., que sí llegó como enlace de los servicios de inteligencia húngaros en Bruselas, y a quien le gustaba convocar a los funcionarios europeos a Budapest. “Ambos somos húngaros, trabajamos por el mismo objetivo”, le llegó a decir a un empleado comunitario. Este funcionario lo llegó a comentar con otro húngaro al servicio de la Comisión Europea, y supo que E. también le había tanteado. Poco después, ambos se sorprendieron al saber que el espía húngaro había pasado a trabajar también dentro de las instituciones comunitarias como uno de los expertos nacionales en comisión de servicios. Los funcionarios escribieron una carta al departamento de seguridad de la Comisión, pero no se hizo nada.
Obtener información mediante una charla es legal. Pero si un diplomático paga por ella o consigue que le firmen un documento (como pretendían hacer E. y V.) vulneran la Convención de Ginebra, que rige las relaciones diplomáticas. “Todos asumimos que los países tienen una red de espías, pero que lo haga un país amigo, aliado, es como poco feo. Y, en función de los casos, puede llegar a ser grave”, dice una fuente de inteligencia de un país europeo. “Espiar entre amigos es inaceptable”, llegó a decir en 2013 Angela Merkel, entonces canciller de Alemania, al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, después de que trascendieran esas prácticas por parte de Washington.
Pero desde hace años, Hungría no es un país amigo de Bruselas. El Gobierno del nacionalpopulista Orbán, considerado el país más próximo al Kremlin en la UE, ha tenido serios conflictos por su deriva autoritaria, control de los medios de comunicación y de la justicia y por las vulneraciones de los derechos de las personas LGTBI. Estas políticas, contrarias al cumplimiento del Estado de derecho comunitario, han hecho además que le congelen los fondos europeos.
La posición de Hungría en la UE hace también que ocupe pocas posiciones influyentes en las instituciones comunitarias. Por eso, los agentes de Budapest recibieron el encargo de recopilar información para paliar esa carencia, según relatan Direkt36 y sus socios. Se les encargó que obtuvieran y transmitieran información confidencial —como actas de reuniones y datos sobre presupuestos y los expedientes que tenía abiertos— y también que intervinieran en documentos y análisis en favor del Ejecutivo de Orbán.
Hay informes de que los agentes húngaros no solo espiaron a la UE en Bruselas. También pusieron bajo vigilancia a los trabajadores de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que investigaba las acusaciones de corrupción en Hungría contra una empresa propiedad de Orbán, que recibió fondos públicos.
El caso del espionaje húngaro no para de crecer. Ahora, un grupo de al menos 60 académicos de más de 30 países han exigido respuestas a la Comisión Europea. Y piden a Von der Leyen que exija la dimisión del comisario Várhelyi para salvaguardar “la integridad de la Comisión y mantener la confianza pública en las instituciones de la UE”, y que envíen al húngaro al Tribunal de Justicia para solicitar su renuncia obligatoria y las sanciones correspondientes.
