En Italia, como periodista, hay que enfrentarse a la paradoja de que lo increíble a menudo no es noticia, porque sucede con cierta regularidad. Hay pequeñas historias cotidianas que ni siquiera traspasan fronteras porque no son como para hacer un reportaje, pero que soltadas en una cena causan honda impresión. La perplejidad se debe a que en muchos casos revelan tanto la grandeza del ingenio humano como el desprecio más absoluto por el resto de los mortales. Uno no sabe si admirarse o salir corriendo. Estamos hablando de amplias variedades de picaresca con titulares que abren abismos sobre la naturaleza humana. Por ejemplo, uno de esta semana: “Florencia: 10 médicos inflaban las citas con pacientes ficticios para trabajar menos”.
Evidentemente, las listas de espera aumentaban (metieron al menos 290 citas falsas), pero qué se le va a hacer. Fue en verano de 2023, lo que ha abierto el debate de si era para poder irse a la piscina o, en su disculpa, que estaban en cuadro y era para no ser sepultados por la mole de trabajo. La dirección, en todo caso, ha aclarado que es “un fenómeno tan grave éticamente como limitado en consecuencias para los pacientes”. Justo eso, las consecuencias, es lo que también brilla a veces por su ausencia. De hecho, esos médicos siguen en su puesto, al menos hasta que se confirmen responsabilidades. Y entonces emerge otro elemento crucial: la primera vista del juicio se ha fijado, atención, para el 19 de febrero de 2027. Aunque aquí lo mejor es dejarlo, la lentitud de la justicia italiana es un asunto inconmensurable.
Por aportar un poco de contexto: el último informe del ISTAT, instituto nacional de estadística del país, señala que en 2024 uno de cada diez italianos renunció a curarse por la gran demora de las listas de espera o porque no podía pagarse el tratamiento, y casi un cuarto de la población (el 23,9%) ya recurre a la sanidad privada.
Lo cierto es que en este tema la capacidad de asombro está muy tocada. Hay auténticas proezas. Siguiendo en el ámbito de la sanidad, una noticia de septiembre: “Condenada a pagar 129.000 euros por trabajar solo seis días en nueve años con enfermedades y embarazos ficticios”. Esta vez fue en el hospital Sant’Orsola de Bolonia. O esta otra (13 de octubre) en uno de Chivasso, Turín, en una investigación por estafa a 39 médicos y empleados: “El jefe del servicio hacía que ficharan por él y se iba a jugar al golf”. Naturalmente, también en la picaresca hay quien va por lo privado, y a veces de forma casi épica: “Finge ser ciego durante 50 años, estafa un millón de euros al Estado en subsidios”.
Por supuesto, al lado de estos individuos hay muchos más italianos honestos que con cada noticia de este tipo se preguntan si están haciendo el tonto, porque parece que solo una mitad de Italia saca el país adelante. Es una sensación sorprendentemente cercana a la realidad: uno de cada dos italianos no paga ni un euro en la declaración de la renta, según un informe recién presentado en el Parlamento. “No es creíble que casi la mitad de los italianos viva con 10.000 euros al año”, lamentaba su responsable, Alberto Brambilla. Solo el 13% de los contribuyentes aportan el 60% de los ingresos, y la mayor parte recae en la clase media.
Quizá todo esto ayude a hacer comprender que cambiar este país es como intervenir en Vietnam, y el fatalismo con que afrontan su deber tanto los ciudadanos como sus políticos. En 2013, el Gobierno de Enrico Letta llamó a Roma a Carlo Cottarelli, alto cargo del FMI en Washington, para ser comisario especial de revisión de gastos, detectar gastos absurdos y cortar derroches. No duró ni un año. Como anécdota de su desigual batalla, contó que en su cruzada por reducir los coches oficiales en Defensa topó con una férrea regla que, en la práctica, impedía prescindir de ellos a los oficiales de alto grado de Ejército y Marina (no Aviación): tenían prohibido ir por ahí de uniforme con un paraguas, cuestión de imagen. Ante el peligro de mojarse, no les quedaba más remedio que coger el coche. O eso le explicaron.
