Portugal pasará de ser un país de brazos abiertos para los extranjeros a uno de los más restrictivos de Europa para acceder a la nacionalidad. La reforma legal pactada entre el Gobierno conservador y la ultraderecha, que amplía los plazos de espera para optar a la ciudadanía (entre siete y diez años) e impone exámenes de lengua y cultura, introduce también como requisito que los solicitantes no reciban subsidios ni ayudas públicas en el momento de la petición y que demuestren que disponen de medios económicos propios para vivir. También se podrá retirar la ciudadanía a quienes la hayan obtenido de forma fraudulenta, que estarán vetados para tramitarla en el futuro, y se reforma el Código Penal para permitir la retirada de la nacionalidad como pena accesoria a extranjeros con ciudadanía portuguesa que cometan delitos, bajo la decisión de un juez.
La nueva norma, que se suma a los recortes de derechos en la ley de extranjería que acaba de entrar en vigor, evidencia el ímpetu de las políticas de rechazo a los extranjeros pobres, que prenden incluso en sociedades marcadas por la emigración como el caso de Portugal, que tiene más emigrantes (2,1 millones en el exterior, el 21% de su población, según el Atlas de la Emigración Portuguesa) que inmigrantes (1,5 millones, alrededor del 15%). La reforma también entierra el régimen especial para sefardíes que permitió a Roman Abramóvich y otros oligarcas rusos obtener la ciudadanía portuguesa. Las irregularidades cometidas bajo el amparo de este régimen que pretendía compensar a los descendientes de sefardíes expulsados de la Península Ibérica en el siglo XV están aún en investigación judicial.
Es un triunfo político para Chega, el partido de ultraderecha y principal fuerza de la oposición en el Parlamento, que ha logrado incorporar a la ley una de sus obsesiones políticas, la cultura de la subsidiodependencia que le achacan a minorías y extranjeros. No han logrado, sin embargo, introducir la retirada de la nacionalidad a delincuentes condenados por delitos graves, que muchos juristas consideraban excesiva y que podría haber tumbado la norma en poco tiempo en el Tribunal Constitucional.
Y es también una victoria que llega en pleno escándalo por los primeros carteles de André Ventura, líder de la formación ultra, como candidato a las elecciones para la presidencia de la República que se celebrarán en enero. En localidades de la margen sur del Tajo, como Moita o Montijo, han aparecido carteles con su foto junto a estas frases: “Esto no es Bangladés” y “Los gitanos tienen que cumplir la ley”. Tanto asociaciones romaníes como varias organizaciones que luchan contra el racismo han anunciado que presentarán quejas ante la Fiscalía y la Comisión Nacional de Elecciones por considerar que incitan al odio y son discriminatorios, delitos contemplados en el Código Penal.
En respuesta, André Ventura afirmó este martes que no piensa retirarlos y se amparó en la libertad. De paso le dio un zarpazo a la Revolución de los Claveles, que derribó 48 años de dictadura: “Finalmente, los amigos de abril, los que llevan el clavel en la mano y dicen ‘libertad hasta el fin’, recurren a la prisión, la retirada de carteles o providencias cautelares cuando no les gustan las palabras o las expresiones”, criticó en la Asamblea de la República durante el debate sobre los Presupuestos del Estado para 2026.
Lo cierto es que Ventura está acaparando el escaparate mediático con sus carteles, sus frases altisonantes (“han convertido a este país en una favela”) y sus guiños al antiguo dictador António de Oliveira Salazar. En apenas tres días y tres escenarios distintos ha repetido que se necesitaban “tres Salazares” para “poner orden” en un país “podrido de corrupción, impunidad y delincuencia”. Primero fue en una entrevista televisiva, luego en un acto en Madeira y, este lunes, de nuevo en el Parlamento. “Yo no tengo saudades [nostalgia] del Portugal de hace 51 años”, le soltó el primer ministro, Luís Montenegro. “La dictadura no combate la corrupción. La dictadura es, en sí misma, corrupción”, agregó.
Montenegro, que está al frente de un Gobierno de coalición desde 2024, no comparte la retórica incendiaria de Chega, pero se ha acercado a ellos en su gestión del fenómeno migratorio. “Esta ley es fruto del oportunismo político y de una disputa electoral entre Partido Social Demócrata y Chega”, criticó la coordinadora del Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Primero pactaron la reforma de la ley de extranjería para endurecer los requisitos para la reagrupación familiar de cierto tipo de inmigrantes (los de profesiones cualificadas y los que obtengan visas doradas disponen de una vía más rápida) y ahora han negociado los cambios en la ley de la nacionalidad. En la Asamblea de la República Montenegro avisó este lunes a los inmigrantes indocumentados: “Tienen que regresar a sus países”.
La reforma de la ley de la nacionalidad fue aprobada con los votos de los cuatro grupos de derechas, que rozan el 70% de escaños. La geometría parlamentaria cambió radicalmente en la votación de los Presupuestos del Estado para 2026, que se realizó a última hora del martes tras un bronco rifirrafe entre las bancadas de la ultraderecha y los socialistas a propósito de la corrupción. Ventura llegó a arrojar varios documentos al suelo del hemiciclo, que acabaría recogiendo poco después.
Ni Chega ni Iniciativa Liberal (ni tres pequeñas formaciones de izquierdas) apoyaron los presupuestos, que salieron adelante gracias a la abstención del Partido Socialista, tercera fuerza política desde las elecciones de mayo. Es el segundo año que los socialistas auxilian al Gobierno, que carece de mayoría parlamentaria, para aprobar los presupuestos. Y es un balón de oxígeno entregado a pesar de que el líder socialista, José Luís Carneiro, no ha logrado arrancarle a Montenegro el compromiso para aumentar las pensiones más bajas el próximo año. “El PS va a honrar la palabra dada a los portugueses, optando por la estabilidad del país”, justificó.
Montenegro aseguró que el margen presupuestario es “estrecho” y no permite subidas adicionales. Además, reclamó a los socialistas que no repitan la maniobra del año pasado, cuando se aliaron con Chega en las votaciones sectoriales en comisión para aprobar un aumento extraordinario de las pensiones. El nuevo presupuesto, que prevé un crecimiento del PIB del 2,3% en 2026, inicia ahora la tramitación en comisiones antes de volver finalmente a votación en la Asamblea el 27 de noviembre.
Para 2026, el país consolida su control presupuestario, con una previsión de excedente del 0,1% (0,3% este año) y una deuda pública del 87,8% del PIB, la tasa más baja de los últimos 17 años. Un porcentaje que le aleja del club de países más endeudados de la Unión Europea (Grecia, Italia, Francia, Bélgica y España) y le acerca al valor medio de la zona euro (87,4% en 2024).
