La alarma sonó primero en Amberes, cuyo gigantesco puerto hace tiempo que se convirtió en una de las principales entradas de cocaína en Europa. Luego se extendió a Bruselas, donde desde hace más de un año, las noticias de tiroteos en plena calle por presuntos ajustes de cuentas entre bandas de droga se han convertido en casi una rutina más de la capital belga. Los jueces del país constatan ahora lo que diversas voces llevan tiempo advirtiendo: las redes del narcotráfico están tan extendidas en Bélgica ―y ejercen tal poder en la sombra― que el país está en vías de convertirse en un narcoestado. Solo una estrategia “estructural” logrará evitar que se caiga en lo peor, advierten.
“Afrontamos una amenaza organizada que mina nuestras instituciones”, alerta una juez de instrucción de Amberes en una carta abierta publicada este lunes bajo condición de anonimato en el portal oficial de los tribunales belgas. En el país “se han afianzado amplias estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no solo a la policía, sino también al poder judicial”, subraya la magistrada, que revela que tuvo que pasar cuatro meses escondida bajo vigilancia policial por amenazas e intimidaciones por sus investigaciones sobre casos de narcotráfico. Algo que, acota, le ha pasado también a varios de sus colegas, muchos de los cuales viven bajo protección policial.
En 2022, el entonces ministro de Justicia belga, Vincent van Quickenborne, también tuvo que mudarse a una dirección secreta junto con su familia y bajo redoblada protección policial debido a amenazas del narcotráfico. Una situación que se replicó en el vecino Países Bajos, donde tanto la princesa Amalia de Orange, como en la época primer ministro y hoy secretario general de la OTAN, Mark Rutte, también recibieron una protección reforzada tras ser amenazados por bandas criminales.
La carta de la magistrada publicada ahora forma parte de una campaña del sistema judicial belga para denunciar la falta de recursos y seguridad que los aqueja en el marco de una lucha contra el narcotráfico que requiere más recursos estatales. “Si el poder judicial comienza a funcionar mal, se trata de un peligroso ataque a nuestra democracia”, señala la juez en este sentido, recordando que “cada vez es más difícil encontrar a jueces dispuestos a realizar su trabajo” en este tipo de casos.
“¿Estamos evolucionando hacia un narcoestado?”, abunda la juez, para a continuación pasar a enumerar las características que marcan este concepto y que considera se están cumpliendo en Bélgica: una multimillonaria economía ilegal “paralela”, corrupción que “está permeando las instituciones” y violencia e “intimidación” de la justicia.
“¿Estamos exagerando? Según nuestra comisionada de drogas, esta evolución ya ha comenzado. Mis colegas y yo compartimos esa opinión”, agrega en referencia a las reiteradas advertencias de la comisionada federal antidroga, Ine Van Wymersch, sobre la peligrosa senda hacia un narcoestado en la que se encuentra imbuido el país. Van Wymersch, una antigua fiscal, estrenó el puesto de comisionada antidrogas en febrero de 2023. Un cargo con el que el antiguo gobierno del liberal Alexander De Croo buscaba coordinar la lucha contra el creciente problema de la criminalidad ligada al narcotráfico, cuestión sin resolver hasta hoy.
El pasado septiembre, el actual ministro del Interior, Bernard Quintin, llegó a plantear la posibilidad de que soldados patrullen junto con la policía algunos de los puntos más conflictivos de la droga. En Bruselas y, especialmente, alrededor de las estaciones de tren, en el marco de una intensificada vigilancia que por el momento no parece haber reportado grandes resultados: solo en lo que va de año, se han reportado más de medio centenar de tiroteos en la capital belga relacionados con ajustes de cuentas entre bandas. Una veintena de ellos, durante el verano.
El caso más espectacular se produjo en febrero, cuando un grupo de jóvenes encapuchados la emprendió a tiros en una estación de metro capitalina con fusiles kalashnikov y huyó después por los túneles del metro. Aún no han sido detenidos.
En su misiva, que ha sido publicada después de una reunión de la judicatura con la Comisión de Justicia federal para debatir los problemas “estructurales” ante la amenaza criminal, la juez plantea varias medidas de corto plazo para permitir que los magistrados puedan seguir haciendo su trabajo sin miedo ni amenazas: una legislación que les permita trabajar “anónimamente”, un “punto de contacto permanente” con el Ministerio de Interior y Justicia y un protocolo para jueces amenazados; un seguro ante “daños materiales y personales” de jueces y familiares en caso de ataque y la “protección” de las direcciones de los magistrados en registros nacionales. Pero las reformas deben tener un carácter “estructural prioritario” y afrontar diversos desafíos profundos del país, agrega la magistrada, que pide una “estrategia sostenible” que tenga especialmente en vista el problema de las “cárceles superpobladas” y el constante uso de teléfonos celulares —pese a estar prohibidos— por parte de los presos, entre otros.
“La cuestión no es si el Estado de derecho está amenazado, porque ya lo está. La cuestión es cómo se defenderá nuestro Estado”, zanja.
