Casi 50 días después del descarrilamiento del funicular de la Glória, en Lisboa, que le costó la vida a 16 personas, el presidente de la empresa pública Carris, que gestionaba el transporte, ha presentado su dimisión, junto al resto del consejo de administración. La renuncia de Pedro de Brito Bogas se produjo tras la publicación del primer informe oficial sobre el suceso que desveló la existencia de fallos múltiples que podrían haber contribuido al accidente.
Aunque las conclusiones presentadas este lunes por el Gabinete de Prevención e Investigación de Accidentes con Aeronaves y Accidentes Ferroviarios (GPIAAF), que investigó lo ocurrido, son todavía preliminares, desvelaron decisiones negligentes y anomalías en el mantenimiento del elevador de la Glória. El más grave y que más impacto ha podido tener sobre el suceso es la utilización de un cable de tracción, que conecta las dos cabinas del sistema de forma subterránea, porque no estaba habilitado para ser usado “en instalaciones de transporte de personas”. Este fue el cable que se rompió la tarde del 3 de septiembre, cuando se encontraban a bordo el guardafrenos André Marques y 26 pasajeros, entre ellos un bebé.
Pedro de Brito Bogas presentó su dimisión este miércoles a Carlos Moedas, presidente de la Cámara Municipal de Lisboa, que gestiona el transporte urbano. La empresa Carris se encarga tanto de la movilidad más convencional de autobuses y tranvías como de las infraestructuras históricas que aún perduran en la capital portuguesa y que se han convertido en una de las señas de identidad. Es el caso de los funiculares de la Glória y Lavra o el ascensor de Santa Justa. Los directivos seguirán de forma interina al frente de la empresa mientras no se renueva la dirección.
Además de la compra de un cable inapropiado, los peritos del GPIAAF también encontraron deficiencias en las labores de mantenimiento, que desde hace dos décadas han sido privatizadas y adjudicadas a empresas externas. Las tareas de supervisión que se registraban no se correspondían a menudo con las realmente realizadas. El informe señala que estas irregularidades se dieron también el día del siniestro: “Las inspecciones previstas para el día del accidente están registradas como ejecutadas, aunque la investigación tenga evidencias de que no fueron realizadas en el periodo horario indicado en la correspondiente hora de registro”.
El tercer aspecto que contribuyó al descarrilamiento fueron los fallos en los sistemas de frenado. Según el informe preliminar, el sistema de emergencia cortó el suministro eléctrico tras la rotura del cable de tracción sin lograr que eso detuviese el avance de la cabina que se encontraba en la parte superior de la empinada calzada de la Glória. Tampoco los dos sistemas de frenado a los que recurrió de inmediato el guardafrenos André Marques funcionaron como deberían para inmovilizar el funicular. “Se constató que incluso entre los técnicos más antiguos en el servicio no hay recuerdo en la empresa de haberse testado el freno de emergencia en caso de fallo en el cable”, señalaron los especialistas del GPIAAF.
Los partidos de la oposición a Carlos Moedas, que acaba de ser reelegido en las elecciones municipales, han exigido que se asuman responsabilidades políticas tras la divulgación del informe sobre el accidente. Moedas, por el contrario, considera que el informe apunta hacia fallos técnicos y no aprecia responsabilidades políticas.
