Un tribunal de apelaciones estadounidense dictaminó el lunes que Donald Trump puede enviar tropas de la Guardia Nacional a Portland, Oregón, a pesar de las objeciones de los gobernantes de la ciudad y del Estado. El fallo supone una importante victoria legal para el presidente republicano, que está enviando fuerzas militares a cada vez más localidades administradas por los demócratas.
Una corte de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos aceptó la solicitud del Departamento de Justicia de suspender la orden de un juez que había bloqueado el despliegue mientras se resuelve una impugnación legal a la medida de Trump.
El tribunal concluyó que enviar a la Guardia Nacional es una respuesta adecuada para contener a los manifestantes, que habían dañado un edificio federal y amenazado a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Votaron a favor de la resolución la jueza de circuito Bridget Bade y el juez de circuito Ryan Nelson, ambos nombrados por Trump en su primer mandato. Nelson también emitió un voto particular en el que afirma que los tribunales no tienen capacidad siquiera para revisar la decisión del presidente de enviar tropas.
La jueza de circuito Susan Graber, nombrada por el presidente demócrata Bill Clinton, se pronunció en contra. Afirmó que permitir el despliegue de tropas en respuesta a protestas “meramente inconvenientes” no solo era “absurdo”, sino también peligroso, y añadió que el pleno del Noveno Circuito debería revocar la sentencia antes de que Trump tuviera la oportunidad de enviar tropas.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, también pidió que el Noveno Circuito reconsiderara la decisión, afirmando que la sentencia sitúa a Estados Unidos en una “senda peligrosa”. “Si se permite que la sentencia de hoy se mantenga, el presidente tendría poder unilateral para enviar soldados de Oregón a nuestras calles sin apenas justificación”, afirmó Rayfield.
La portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson acogió con satisfacción la sentencia y afirmó que Trump había ejercido su autoridad legítima para proteger los bienes y el personal federales de los manifestantes.
El magnate ha pedido al Tribunal Supremo de Estados Unidos que evalúe su autoridad para enviar tropas a ciudades gobernadas por los demócratas, después de que otro tribunal de apelación estadounidense fallara en contra de su decisión de enviar tropas a Chicago.
El 4 de octubre, la jueza federal de distrito Karin Immergut, con sede en Portland, quien también fue nombrada por Trump, dictaminó que Trump probablemente actuó de manera ilegal cuando ordenó el envío de tropas a Portland. Ella había impedido que Trump enviara tropas de la Guardia Nacional a Portland al menos hasta finales de octubre, y ha programado un juicio sin jurado que comenzará el 29 de octubre para determinar si se impone una prohibición a más largo plazo.
El 27 de septiembre, Trump ordenó el envío de 200 soldados de la Guardia Nacional a Portland, continuando con el uso sin precedentes por parte de su administración de personal militar en ciudades estadounidenses para reprimir las protestas y reforzar la aplicación de las leyes de inmigración en el país. Trump calificó la ciudad de “devastada por la guerra” y dijo: “También autorizo el uso de toda la fuerza, si es necesario”.
Las autoridades municipales y estatales demandaron al Gobierno en un intento por detener el despliegue en Portland, argumentando que la acción de Trump viola varias leyes federales que regulan el uso de las fuerzas militares, así como los derechos de los estados en virtud de la Décima Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
La demanda acusaba a Trump de exagerar la gravedad de las protestas contra sus políticas de inmigración para justificar la toma ilegal del control de las unidades de la Guardia Nacional estatal.
Los registros policiales proporcionados por el estado mostraban que las protestas en Portland eran “pequeñas y tranquilas”, lo que se tradujo en solo 25 detenciones a mediados de junio y ninguna detención en los tres meses y medio transcurridos desde el 19 de junio.
La Guardia Nacional actúa como fuerza militar estatal que responde ante los gobernadores estatales, excepto cuando el presidente la llama al servicio federal.
Al ordenar el envío de tropas a California, Oregón e Illinois, Trump se ha basado en una ley —la sección 12.406 del título 10 del Código de los Estados Unidos— que permite al presidente desplegar la Guardia Nacional estatal para repeler una invasión, sofocar una rebelión o permitir al presidente ejecutar la ley.
Al evaluar la determinación de Trump en septiembre de que las protestas habían creado una “incapacidad” para hacer cumplir la ley federal en Portland, los jueces del Noveno Circuito se mostraron divididos sobre qué pruebas debían tenerse en cuenta.
La mayoría examinó las pruebas de junio, cuando las protestas más activas provocaron el cierre de la sede del ICE en Portland durante tres semanas, así como otros acontecimientos no relacionados, como un tiroteo en unas instalaciones del ICE en Dallas.
Graber afirmó que no había ninguna situación de emergencia en la ciudad, ya que las protestas habían sido tranquilas durante varias semanas antes de que Trump enviara a las tropas, y en ellas participaban principalmente personas “vestidas con trajes de pollo o disfraces de rana hinchables”, en lugar de los peligrosos alborotadores descritos por los funcionarios de la administración Trump.
Immergut dictó sentencias contra la Administración el 4 y el 5 de octubre, primero dictaminando que Trump no podía tomar el control de la Guardia Nacional de Oregón y luego dictaminando que no podía eludir esa decisión llamando a las tropas de la Guardia Nacional de otros estados.
Afirmó que no había pruebas de que las recientes protestas en Portland hubieran alcanzado el nivel de rebelión o interfirieran gravemente con las fuerzas del orden, y dijo que la descripción de Trump de la ciudad como devastada por la guerra era “simplemente ajena a los hechos”.
Immergut es uno de los tres jueces de tribunales de distrito que se han pronunciado en contra del uso de la Guardia Nacional por parte de Trump, y ningún juez de tribunal de distrito se ha pronunciado aún a favor de Trump en los casos relacionados con la Guardia Nacional.
