Óscar Naranjo, exjefe de la Policía de Colombia y vicepresidente de ese país durante el Gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), ha aprovechado este lunes su intervención en el foro World in Progress (WIP) para alertar del auge de la “gobernanza criminal” en América Latina. Un concepto con el que busca definir la acción paragubernamental que algunas poderosas bandas criminales han establecido en amplias zonas de territorio, llenando vacíos de poder histórico y hasta supliendo necesidades básicas de la población, lo que les permite ganarse su colaboración. Una situación derivada, además, de la pérdida de confianza en las instituciones y la relativización de los derechos humanos en pos de la seguridad. También ha abogado por abrir el debate sobre la legalización de parte de las drogas o, al menos, aceptar el fracaso de la política prohibicionista.
“En Latinoamérica hay una creciente pérdida de los monopolios que permiten el Estado de derecho: control de armas, impartición de justicia y administración de impuestos”, ha explicado Naranjo en una conversación con el exdirector de EL PAÍS Javier Moreno, en el marco del foro organizado por el Grupo PRISA, editor de EL PAÍS. La pérdida de esos tres monopolios en zonas de México o Colombia, por ejemplo, ha derivado en una “gobernanza criminal”, ha dicho. A diferencia de las históricas guerrillas de izquierdas, ha proseguido Naranjo, las bandas criminales reinvierten parte de las ganancias de sus actividades ilícitas en obras de infraestructura o ayudas sociales a esas comunidades, consiguiendo así su apoyo y dándose un manto de protección.
Naranjo ha mencionado varios ejemplos de esa suplantación del Estado, que implica entre otros cobro de paraimpuestos: las primeras vacunas contra el covid en la zona de Urabá (Colombia) llegaron de mano del Clan del Golfo, una banda criminal; el entorno del Chapo Guzmán, ahora en prisión en EE UU, llegó a repartir en dos semanas 150.000 cestas de comida a familias que estaban confinadas y sin ayuda.
“En Colombia, en los últimos dos años, hemos inventariado 56 inauguraciones de puentes, escuelas y centros de salud que estos grupos han inaugurado con el beneplácito de las comunidades. Ya no estamos ante una organización basada en la codicia, sino una organización que quiere lograr aceptación social para recibir impunidad”, ha lamentado.
El problema, ha explicado el exvicepresidente colombiano, es que la mayoría de Estados latinoamericanos son refractarios a aceptar que se está produciendo esa pérdida de control, y eso paraliza la necesaria reacción. “Pese a que ha aumentado el número de imputaciones judiciales, la población carcelaria ha subido y también se han incrementado los presupuestos en Justicia y en cuerpos de seguridad, el delito crece”, ha remarcado. América Latina representa el 8% de la población mundial y, sin embargo, concentra el 36% de las muertes violentas del planeta, ha especificado.
Esa impotencia y desatención por parte de los Estados ha derivado en un caldo de cultivo para el miedo y para que se abra el cuestionamiento a pilares como la defensa de los derechos humanos. “Hay quien predica que la seguridad debe ser la primera parte, con un Estado democrático restringido, y que hasta que no esté asegurada la seguridad no se puede entrar en la fase del disfrute de libertad. Eso es un error”, ha defendido. “Hay que predicar lo contrario: que hay necesidad de tener una democracia fuerte, liberal, con muchos derechos, y que a partir de ahí se construirá la seguridad”.
A juicio de Naranjo, “lo que está probado es que es posible tener un estado eficaz, transparente, en función de la protección de los ciudadanos y, al mismo tiempo, abrir todas las posibilidades para que haya una situación democrática en el disfrute de derechos y libertades”.
“Cuando hablas con los ciudadanos de El Salvador, dicen que prefieren no tener una democracia, sacrificar derechos y libertades, pero estar seguros. Me pareced e una gravedad extrema: se vende la idea de que el fin justifica los medios. Que para tener seguridad hay que sacrificar la democracia”, ha alertado respecto al modelo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
En el triunfo de opciones como la de Bukele, ha opinado Naranjo, hay un “facilismo de liderazgo político, que está degradado, que tiende a herramientas efectistas, de coyuntura para obtener votos pero que no está pensando en dejar soluciones a mediano y largo plazo”. Y ha criticado que, además, se haga uso del miedo como gran movilizador del sentimiento electoral.
Una de las claves en la lucha para poner fin a la “gobernanza criminal” pasa, ha defendido, por un viraje en la política antidrogas. “El primer fracaso que deberíamos conocer es el de 50 años de política prohibicionista”, ha asegurado. “No se ha logrado reducir la oferta, se ha incrementado la violencia, se ha incrementado la corrupción y se ha incrementado el número exponencial de organizaciones dedicadas, por ejemplo, al narcotráfico. Llegó la hora de llevar esto a un debate global que no significa la legalización total pero sí llevarlo a un tema regulatorio para el consumo medicinal o recreativo de algunas drogas”, ha afirmado el exvicepresidente colombiano.
