El Gobierno de Marruecos ha tirado de cartera para responder a la ola de protestas de la generación Z con un aumento del gasto en sanidad y educación de hasta 140.000 millones de dirhams (cerca de 13.000 millones de euros, un 16% más que este año), en los presupuestos para 2026. Tres semanas después del inicio de las mayores movilizaciones populares en el país magrebí en dos décadas, el rey Mohamed VI presidió el domingo el Consejo de Ministros que envía al Parlamento las cuentas del Estado, en las que las partidas para hospitales y centros escolares —la principal reivindicación del movimiento juvenil— equivalen a un 10% del producto interior bruto marroquí. Este paquete de gasto social irá acompañado de la creación de 27.000 puestos de trabajo en ambos sectores públicos.
El movimiento juvenil parece haber plegado velas tras el discurso del rey en el Parlamento del pasado día 10, en el que instó a los poderes públicos a acelerar las reformas sociales. El colectivo GenZ 212, convocante de las movilizaciones desde las redes sociales, dejó en suspenso desde entonces las protestas. Solo se reanudaron el pasado sábado con concentraciones pacíficas de unos pocos centenares de personas en ciudades como Rabat, Casablanca o Tánger. Más de 400 manifestantes han sido detenidos, según el Ministerio del Interior, desde el inicio de la revuelta juvenil, el pasado 27 de septiembre.
La Asociación Marroquí de Derechos Humanos eleva la cifra de arrestados —entre los cuales, según afirma, hay menores de edad— hasta las 600 personas. La justicia marroquí, mientras tanto, no se ha tomado ningún receso. El Tribunal de Apelaciones de Agadir (550 kilómetros al sur de Rabat) condenó el pasado miércoles a 17 jóvenes a penas de hasta 15 años de prisión, tras ser acusados de participar en violentos altercados. En esa región del sur del país se registraron los disturbios más graves, que causaron tres muertos por disparos policiales y decenas de heridos.
La ministra de Economía y Hacienda, Nadia Fetah, cuenta ahora con una previsión de crecimiento del 4,8% para este año (frente al 3,8% de 2024), para hacer frente al incremento del gasto social. Mientras, la inflación se ha contenido en el 1,1% anual. En los presupuestos para 2026, el Gobierno de Rabat también pretende hacer frente a los desequilibrios territoriales que amenazan con abrir la brecha de “un Marruecos de dos velocidades”, según advirtió el propio Mohamed VI en julio al cumplir 26 años en el trono, en alusión al atraso económico en zonas rurales, montañosas y desérticas del país norteafricano.
Una de las partidas recogidas en los presupuestos está dedicada a la entrada en servicio de un nuevo hospital en Agadir. La muerte el pasado septiembre de ocho mujeres sometidas a operaciones de cesárea en el viejo centro hospitalario de esa ciudad fue una de las causas del estallido de la generación Z marroquí. El Gobierno también se ha comprometido a impulsar nuevos hospitales en grandes ciudades y modernizar otros 90 centros sanitarios regionales.
En el campo de la educación, los nuevos presupuestos incluyen la implantación generalizada de la enseñanza preescolar y de las clases de apoyo y refuerzo en los centros públicos. Los informes del Ministerio de Educación indican que el déficit de los servicios de educación está detrás del 47,5% de los casos de pobreza. Un millón y medio de jóvenes, uno de cada cuatro con edades comprendidas entre los 15 y los 24 años, ni estudian ni trabajan, de acuerdo con el Consejo Económico, Social y Medioambiental de Marruecos.
Freno a la corrupción en las campañas
El Ejecutivo presidido por Aziz Ajanuch, cuya destitución siguen reclamando los jóvenes de la generación Z, ha respondido además a las demandas de los manifestantes con un paquete legal “para moralizar las campañas” en el que se excluye de los procesos electorales a los condenados por casos de corrupción, otra de las reivindicaciones centrales de GenZ 212. También prevé medidas para incentivar la participación política de los menores de 35 años, mediante la simplificación de la presentación de candidaturas y la subvención pública del 75% de sus gastos de campaña.
Poco después del inicio de las movilizaciones juveniles, el ministro del Interior, Abdeluafi Laftit —que depende directamente del Palacio Real— envió una circular a los gobernadores regionales para que las administraciones locales den también prioridad al gasto social en los presupuestos para 2026. De acuerdo con una información del semanario Jeune Afrique, Laftit reclamó a los responsables regionales la presentación de proyectos con “impacto concreto” en empleo, sanidad y educación.
