A juzgar por las habituales visitas de Giorgia Meloni a Túnez —hasta cuatro en menos de un año—, el país magrebí podría parecer la sexta región autónoma de Italia. La primera ministra italiana ha hecho de su fluida cooperación con el presidente tunecino, Kais Said, una de las principales bases de su política para contener la inmigración irregular que se dirige hacia Italia. Y, de acuerdo con los datos de este año, su apuesta parece haber funcionado.
Según cifras de ACNUR, entre enero y agosto la llegada de personas migrantes procedentes de Túnez a las costas italianas ha caído más de un 70%, pasando de más de 14.000 a cerca de 3.300. Si la comparación se hace con el mismo periodo de 2023, el descenso es aún mayor, pues la cifra entonces ascendió a 74.413.
“La reducción se debe a que las autoridades tunecinas han acentuado el control y la represión de los flujos migratorios. Y lo han hecho con un elevado coste en término de violaciones de los derechos humanos”, denuncia Romdhane Ben Amur, del Foro Tunecino para los Derechos Económicos y Sociales (FTDES). El investigador especializado en migraciones destaca que, además de más voluntad política, Túnez ahora cuenta con mayores medios para sellar sus fronteras gracias a las ayudas y donaciones de los países europeos.
En buena medida, la estrategia de Said se ha basado en convertir Túnez en un país peligroso, si no inhabitable, para los migrantes subsaharianos llegados de distintas partes de África, que antes solían trabajar y residir en el país algunos meses antes de partir hacia Europa.
Tras una intensa campaña xenófoba —iniciada por el propio presidente Said y amplificada por los medios progubernamentales— en la primavera de 2023, que se tradujo en episodios de linchamientos a migrantes subsaharianos por parte de turbas, las autoridades deportaron ilegalmente a centenares de personas a las desérticas zonas fronterizas con Libia y Argelia. Al menos una treintena de migrantes murieron de hambre y de sed, según las autoridades libias.
Además, se cortó casi cualquier asistencia humanitaria para aquellos que escaparon a las redadas. En el último año, las autoridades tunecinas han clausurado todas las ONG locales que desempeñaban esta labor, y han encarcelado a varios de sus dirigentes. Entre estas organizaciones está el Consejo Tunecino para los Refugiados, una entidad que trabajaba con ACNUR, la agencia de la ONU.
Este giro represivo del Gobierno de Túnez ha coincidido con la firma de un amplio acuerdo con la Unión Europea en julio de 2023 por el que el país norteafricano recibió 105 millones de euros para reforzar el control de sus fronteras, y otros 150 millones de apoyo directo a su presupuesto; se abría, además, la puerta al desembolso condicionado de otros 900 millones en los años siguientes.
“Más que una simple imposición de la política migratoria por parte de la UE a Túnez, creo que ha habido una convergencia de visiones. En general, en todos los temas, Said mantiene posiciones conservadoras”, sostiene Ben Amur, que reconoce que una mayoría de la población apoya estas políticas, pero lo atribuye a una campaña mediática del Gobierno. Desde que Said diera un autogolpe en 2021 —cuando disolvió el Parlamento y empezó a gobernar por decreto—, el pluralismo político y mediático se ha reducido a la mínima expresión, con decenas de políticos opositores entre rejas.
Otras vías para llegar a Europa
Aunque no existen estimaciones oficiales sobre el número de migrantes irregulares en Túnez, todo apunta a que se han reducido de forma drástica en el último año. Muchos partieron hacia Europa en 2023 y 2024, lo que ayuda también a explicar el descenso de las salidas este año. Otros se han acogido al programa de “retorno voluntario” de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
Según esta agencia de la ONU, este año han hecho uso del programa 5.336 personas de 25 nacionalidades diferentes. “El aumento constante de retornos voluntarios (…) muestra la confianza de los migrantes en la OIM”, apunta Nawal Barakat, responsable de la agencia en Túnez. Su visión contrasta con las de las ONG de derechos humanos, que critican este plan porque incide en la llamada externalización de las fronteras europeas (la delegación del control migratorio en los países africanos para que frenen la salida de personas hacia Europa).
Ben Amur cuestiona que la reducción de llegadas a Italia desde Túnez signifique que las políticas europeas hayan logrado su objetivo: “Ahora hay menos migrantes subsaharianos que vienen a Túnez. [Pero] buscan otras vías, como la de Canarias o de Libia”. De hecho, este año el aumento de las llegadas a Italia desde Libia prácticamente ha compensado el descenso de Túnez, y las cifras globales son parecidas a las de 2024.
“La represión policial ha hecho que también caigan los migrantes tunecinos que cruzan el Mediterráneo. Pero es una pausa temporal. Cuando el Estado pase por algún tipo de crisis, se volverá a disparar”, augura Ben Amur. Según una encuesta del Arab Barometer, un 46% de los tunecinos considera emigrar, ya sea de forma legal o irregular, la cifra más alta de los países árabes consultados.
Un lugar donde recientemente se han incrementado de forma notable las salidas de embarcaciones es Argelia. En lo que va de año, el número de migrantes llegados a las Islas Baleares ha aumentado un 70% respecto a 2024 —más de 5.000—, y muchos son jóvenes argelinos.
Entre ellos se encontraban siete adolescentes que, gracias a sus vídeos colgados en las redes sociales, convirtieron su viaje a Ibiza con una lancha robada en un fenómeno mediático en Argelia, desencadenando un amplio debate público. Una de las razones del impacto es que es la primera vez que un grupo de menores logra una empresa así sin la participación de ningún adulto.
“Su viralidad se explica también porque se trata de un grupo de jóvenes de familias de clase media, y esto contrasta con la imagen que proyecta el Gobierno de nuestra sociedad como próspera y satisfecha”, comenta el analista argelino Othman Lahiani, que considera que, en función de cómo acabe la aventura de estos chicos, su ejemplo podría ejercer un “efecto llamada”.
“Si logran quedarse en España, el mensaje que eso enviará a otros jóvenes será: ‘Venid, que aquí podréis obtener vuestros derechos”, señala Lahiani. Según un abogado consultado, en caso de acuerdo entre los dos países y las familias, el retorno es el escenario más probable, pero la decisión final dependerá de la justicia española.
