El sombrío centro de procesamiento de detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) a la entrada de Broadview, un pequeño pueblo de mayoría afroamericana a casi 25 kilómetros al suroeste de Chicago, tiene sus accesos bloqueados por bloques de cemento y vallas de metal. Decenas de vehículos de policía lo rodean. Este inmenso bloque de ladrillo oscuro, donde los retenidos denuncian condiciones deplorables y donde el jueves quedaron desplegados soldados de la Guardia Nacional, es el foco de las protestas de la metrópolis contra la política de deportaciones masivas de Donald Trump. Unas protestas que lo han convertido en el símbolo de la resistencia de las ciudades demócratas contra los intentos del presidente de controlarlas con tropas.
Olegario Gómez, sostiene su esposa, es uno de los inmigrantes irregulares que se encuentran dentro, detenido el jueves cuando salía de su casa durante una de las redadas masivas que el ICE lleva a cabo en Chicago y sus alrededores en la llamada Operación Midway Blitz desde que el presidente estadounidense dio luz verde hace un mes al despliegue de agentes de ese organismo en la ciudad autoproclamada santuario. Gómez, según reclama su esposa, que ha acudido a Broadview a verle este viernes, tiene un brazo roto en el forcejeo, pero no ha recibido tratamiento.
Gómez y otros detenidos a la espera de ser transferidos a otros centros denuncian malas condiciones higiénicas, hacinamiento, temperaturas gélidas y un acceso mínimo a servicios médicos. “Tienen que dormir en el suelo porque no tienen camas, y no les dan mantas para el frío. Mi marido no es un criminal, es un trabajador que lleva aquí doce años, que paga impuestos y que nunca ha tenido ningún problema con la ley”, sostiene ella.
Desde el comienzo de la operación Midway Blitz, en la que han quedado detenidas más de un millar de personas, cada día se han celebrado protestas frente al centro de Broadview. Los agentes del ICE las reprimieron con métodos cada vez más drásticos, incluido el uso de gas pimienta y lacrimógeno, hasta llegar a disparar a la cabeza a un pastor protestante que participaba en las manifestaciones para denunciar los excesos del organismo. Entre esos excesos figuran la muerte por disparos de un inmigrante y una redada en helicóptero contra un edificio de viviendas familiares en mitad de la noche.
Chicago es una de las ciudades demócratas, junto con Portland, Washington, Memphis y Los Ángeles, contra las que Trump ha dado órdenes de desplegar a la Guardia Nacional en un pulso por el control de sus calles. La Guardia Nacional es un cuerpo militar de reserva, habitualmente bajo mando de los Estados, pero que el presidente puede movilizar para casos de urgencia —un desastre natural, por ejemplo—, con el permiso del gobernador del Estado afectado. En las cinco —Trump amenaza con que puedan ser más en el futuro y ha mencionado a Baltimore, Nueva Orleans o Saint Louis— alega falsamente que la violencia, generada sea por una ola de delincuencia común o por las protestas contra su política migratoria, es tal que hace imprescindible el despliegue de esa fuerza, incluso aunque los gobernadores se opongan.
Trump describe Chicago como una zona de guerra, una ciudad sin ley, en decadencia, comida por los problemas. Su animadversión es personal: el condado de Cook, donde se encuentra la urbe, votó en 2024 en un 70% por Kamala Harris, su rival demócrata. En sus calles multiculturales se formó como organizador comunitario y después político su gran enemigo político, su predecesor Barack Obama.
Una y otra vez, Trump ha arremetido contra Chicago. “Tienen más delincuencia que en ningún otro lugar del mundo”, sostiene. Tras haber amenazado desde agosto con ello, hace una semana ordenó finalmente el despliegue de la Guardia Nacional en ella. Cerca de 500 soldados de esta fuerza local, de la de Texas y la de California quedaron activados el jueves.
Pero Chicago y su Estado, Illinois, han replicado con fuerza. Sus autoridades, y las de Portland y Oregón, han llevado los despliegues a los tribunales y conseguido un bloqueo temporal de las movilizaciones. Este jueves, y mientras esos soldados comenzaban a operar en el centro de ICE en Broadview, la jueza de distrito April Perry imponía una prohibición del despliegue durante un mínimo de catorce días.
La senadora Tammy Duckworth, que el viernes intentaba sin éxito acceder a las instalaciones de ICE en Broadview, denuncia que la Administración republicana “quiere normalizar la presencia de tropas en nuestras calles, a lo largo de la nación”. “Quieren normalizar una ampliación de los poderes presidenciales que no es apropiada bajo la Constitución… pero no es algo normal, no es constitucional, y no vamos a dejar que ocurra”, insiste.
Para Zuli, de 25 años y trabajadora en el sector de las telecomunicaciones, nacida en Estados Unidos, pero también de orígenes mexicanos, la orden de Trump de despliegue primero de los agentes de ICE y de la Guardia Nacional después no es más que “puro racismo”. “Nos paran y nos interrogan simplemente por hablar español, por el aspecto que tenemos”, denuncia vehemente esta participante en las manifestaciones de Broadview, “Donald Trump dijo que detendrían y deportarían a lo peor de lo peor, a los criminales, a los depredadores sexuales, pero a quienes se están llevando es a trabajadores, a vendedores de tamales, de elotes, gente sin ningún tipo de historial delictivo, gente como mi amiga, que vino acá de chiquita, sin papeles, pero que tiene aquí toda su vida y ahora se la han llevado”.
En zonas de gran población hispana, como La Villita, un barrio trabajador inicialmente de inmigrantes polacos y ucranianos y donde ahora un gran arco mexicano da la bienvenida a los visitantes, ese nerviosismo es palpable. Grupos de ciudadanos se han organizado para informar en redes de la presencia de vehículos de ICE y documentar las detenciones. Restaurantes que prometen “pescaditos como en DF” y negocios con carteles en español hablan de un bajón en una clientela inquieta por la posibilidad de verse en una redada.
Uno de los temores en estas áreas es que, tras los reveses en los juzgados contra las órdenes de Trump, ICE intensifique sus redadas. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaraba el jueves que su departamento comprará más edificios en Chicago y sus alrededores para utilizarlos en sus operaciones. “No vamos a echarnos atrás. De hecho, vamos a redoblar el esfuerzo y vamos a ir a más partes de Chicago”, advirtió.
