La renta ciudadana, una de las banderas progresistas del excanciller socialdemócrata Olaf Scholz en Alemania, tiene los días contados. La medida se ideó bajo el anterior Gobierno como una red de seguridad existencial mínima para las personas sin seguro de desempleo. Pronto se convirtió en símbolo de las supuestas disfunciones del robusto Estado del bienestar alemán y de su viabilidad. El sucesor de Scholz, el democristiano Friedrich Merz, prometió en campaña electoral el pasado invierno acabar con el Bürgergeld (literalmente, el dinero ciudadano). Criticado por incumplir promesas desde que hace cinco meses llegó al poder y por alejarse de su original credo conservador, Merz puede decir que, en este caso, ha cumplido. Al menos, en parte, porque desde la derecha ya surgen críticas por la modestia de la reforma.
Merz arrancó en la noche del miércoles al jueves un acuerdo con los socialdemócratas, sus socios de coalición, para rebautizar el Bürgergeld. A partir de ahora, se llamará Grundsicherung: seguro básico. El cambio de nombre es la anécdota, si bien permite a los democristianos celebrar que este subsidio, que habían convertido en objeto de todos los ataques y causa de todos males, quedaba enterrado. La categoría es otra: el endurecimiento de las sanciones para los receptores que eludan cualquier esfuerzo para buscar un empleo o una formación. Quien falte a tres citas seguidas en la Oficina de Empleo sin justificarlo perderá la totalidad del dinero. Tras una cuarta falta, el beneficiario puede perder, además, la ayuda a la vivienda.
“Quien no coopere, lo tendrá difícil”, avisó en una rueda de prensa Bärbel Bas, copresidenta del SPD y ministra de Trabajo en el Gobierno de coalición. Para Bas y su partido, se trataba de una reforma inevitable. Por la correlación de fuerzas en la coalición. Y porque, en su forma actual, este era un subsidio impopular que se prestaba fácilmente a la caricatura y la demagogia: dinero, según estas críticas, para “holgazanes” sin ganas de trabajar y para “extranjeros” que vienen a Alemania a abusar del sistema de protección social. Para Merz, acabar con el Bürgergeld era una prioridad. “La renta ciudadana ya es historia”, se felicitó Markus Söder, presidente de Baviera y jefe de la CSU, partido hermano de la CDU del canciller.
Una crítica habitual a la renta ciudadana es que desincentivaba la búsqueda de trabajo. El instituto económico WSI, ligado a los sindicatos alemanes, comparó en un estudio los ingresos de quienes viven de subsidios y quienes trabajan con el salario mínimo y concluyó: “Incluso quien trabaja cobrando el salario dispone de un ingreso claramente mayor que una persona comparable con la renta ciudadana”. Citaba, entre otros, el ejemplo hipotético de una familia con dos hijos de 5 y 14 años receptora del Bürgergeld. Esta familia puede percibir como media, incluyendo la ayuda a la vivienda y otros complementos, 2.754 euros mensuales. Otra familia, también con dos hijos, pero en la que uno de los dos progenitores trabaja a tiempo completo por el salario mínimo, percibiría 3.414 euros netos, incluyendo las ayudas a los hijos y a la vivienda. Una diferencia de 660 euros. ¿Mucha? ¿Poca? Ahí está la discusión.
La sustitución de la renta ciudadana por el seguro básico y el endurecimiento de las condiciones para recibir el subsidio envía un mensaje a los receptores y a la ciudadanía en general. Se trata, para Merz, de proclamar varias cosas a la vez. Que sigue siendo un liberal-conservador pese a haber adoptado el mayor plan de endeudamiento en décadas. Que el “otoño de reformas” que, tras años de estancamiento económico en Alemania, lleva semanas prometiendo y que no se acaba de concretar, va en serio. Que el Estado del bienestar —sometido a la presión demográfica por el envejecimiento de la población y a prioridades de gasto dirigidas a la defensa o las infraestructuras— no es intocable, aunque solo sea en sus flecos. La medida, según critica el diario conservador Bild, “apenas” servirá para ahorrar 1.000 millones de euros.
Cuando en Alemania se habla de Bürgergeld, se está hablando en realidad de los límites de un sistema de protección social que representa en torno al tercio del presupuesto y que es indisociable de la historia y la identidad del país. Lo creó, para contrarrestar el ascenso del movimiento obrero y el marxismo, el canciller Otto von Bismarck a finales del siglo XIX tras la unificación de Alemania. Los nazis lo usaron para tener contenta a la población que no sufría su persecución y sus crímenes. Fue una parte fundamental en el milagro económico (y social) de la posguerra. El último recorte sustancial lo impuso hace 20 años un socialdemócrata, el canciller Gerhard Schröder. Le costó una escisión en su partido y abandonar el cargo antes de tiempo. Nadie ha vuelto a atreverse a una reforma semejante.
Y no es probable que Merz quiera imitarlo. Sus planes —tanto respecto a la renta mínima como a las pensiones— son menos ambiciosos que los de Schröder. Más bien son ajustes. Tampoco los socialdemócratas, escaldados de aquellos años en el poder, querrán retomar aquellas políticas. Este verano, el futuro del Estado del bienestar provocó una de las mayores trifulcas en la coalición. Merz declaró en un discurso ante sus correligionarios democristianos: “El sistema actual, simplemente, ya no podemos permitírselo. Esto significará decisiones dolorosas, recortes. Llevamos años viviendo por encima de nuestras posibilidades”. La respuesta de Bas, su ministra de Trabajo y jefa socialdemócrata, fue contundente: “Este debate, y perdonen por la expresión, es una chorrada”.
El reciente acuerdo sobre la nueva renta ciudadana es una manera de enterrar el hacha entre los socios. También es un intento de desactivar uno de los puntos de ataque de Alternativa para Alemania (AfD), que ya lidera algunas encuestas nacionales. El Bürgergeld lo utiliza este partido de extrema derecha para atacar a los inmigrantes, pues casi la mitad de sus receptores lo son. Aunque los demandantes de asilo están excluidos de este subsidio, los ucranios pueden recibirlo, lo que nutre las críticas contra la ayuda alemana a los refugiados de este país. “¡El seguro básico solo para los ciudadanos alemanes!”, reclamó Alice Weidel, líder de AfD. Según Merz, reformas como la de la renta ciudadana sirven también para frenar a la extrema derecha, objetivo por el que medirá el éxito o fracaso de su paso por el poder.
