¿Cuánta protesta es demasiada protesta? El Gobierno británico del laborista Keir Starmer ha anunciado su intención de recurrir a un cuestionable argumento jurídico —el llamado “impacto acumulado” (cumulative impact, en su acepción inglesa)— para intentar poner freno a las constantes manifestaciones de apoyo al grupo Acción Palestina (AP), que fue declarado organización terrorista por el Reino Unido a finales de junio.
Desde entonces, la asociación Defend Our Juries se ha encargado de convocar protestas de desafío contra esa decisión (Acción Palestina no puede hacerlo, bajo su nueva condición ilegal). Y ahora anuncian otra catarata de manifestaciones para noviembre, en respuesta a la nueva vuelta de tuerca del Gobierno.
Más de 2.000 manifestantes han sido detenidos desde junio por la policía, acusados de expresar su apoyo público a AP. La escena es siempre la misma: centenares de personas acuden a un lugar concertado (en Londres suele ser Parliament Square o Trafalgar Square) y, a la hora acordada, escriben todos la misma consigna en pancartas blancas que ellos mimos han llevado a la cita: Me Opongo al Genocidio. Apoyo a Acción Palestina.
El pasado sábado, agentes de la policía desplegados en Trafalgar Square detuvieron, lenta, metódicamente y sin encontrarse con resistencia alguna, a más de 500 activistas. Muchos de ellos superaban los 70 años. El resto de manifestantes los aplaudían y gritaban “¡avergüénzate!” a los agentes que llevaban en volandas a los detenidos.
Todo eso ocurría 48 horas después del atentado terrorista contra la sinagoga de Mánchester, que acabó con dos muertos, tres heridos y el perpetrador de la tragedia abatido a tiros por la policía.
La Policía Metropolitana de Londres pidió a los organizadores de la manifestación del sábado que la cancelaran, para no añadir una carga extra a un cuerpo que debía redoblar su vigilancia en las sinagogas, centros cívicos y barrios con comunidad judía, por orden expresa del Gobierno. Keir Starmer reclamó a los manifestantes que respetaran “el duelo de los judíos británicos”, y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, calificó de “muy poco británica” la actitud de los impulsores de las protestas.
Defend Our Juries, la organización convocante, decidió ignorar las peticiones y seguir adelante.
La respuesta de la ministra, un día después, fue anunciar su intención de otorgar mayores poderes de control a la policía sobre unas manifestaciones que, según el Gobierno, transmiten un sentimiento de malestar e inseguridad a la comunidad judía británica. “El derecho de protesta es una libertad fundamental de nuestro país, pero debe ser equilibrada con la libertad de otros ciudadanos de vivir sus vidas sin miedo”, dijo Mahmood.
Con los nuevos poderes que el Gobierno de Stamer quiere dar a la policía —un cambio legal que requerirá el refrendo parlamentario—, las fuerzas de seguridad podrían imponer condiciones más estrictas de cumplimiento a manifestaciones que tengan un “impacto acumulado”. Es decir, que se hayan repetido en ocasiones anteriores en el mismo lugar, con el mismo objetivo o con un número similar de participantes.
Si protestas como la del sábado en Trafalgar Square en apoyo de Acción Palestina acaban siendo una constante de la que deriven desórdenes públicos, la policía podría ordenar que se realicen en otro lugar, con menos gente o por un tiempo más limitado. E incluso prohibirlas.
El Gobierno pretende introducir cambios en el el articulado de la Ley de Orden Público de 1986, que ya impone multas y penas de prisión de hasta seis meses a todo aquel que contravenga las instrucciones policiales respecto de una manifestación concreta.
“Quiero hacer explícito algo como la ‘alteración acumulada’, es decir, la frecuencia de determinadas manifestaciones en lugares concretos. Para que sea en sí misma razón para que la policía pueda imponer condiciones y restringir la protesta”, ha defendido la ministra durante una entrevista en Sky News.
El desafío al Gobierno de los activistas
La respuesta de Defend Our Juries a la escalada anunciada por el Gobierno ha sido la de convocar una ronda continuada de diez días de protesta y de respaldo a Acción Palestina durante el mes de noviembre. “La extraordinaria afrenta de la ministra del Interior a nuestra democracia solo alimentará aún más la creciente reacción de protesta por la ilegalización de AP”, ha dicho un portavoz de los convocantes.
Un intento anterior de restringir la capacidad de convocatoria de las manifestaciones propalestinas en el Reino Unido, llevado a cabo hace casi tres años por la entonces ministra conservadora del Interior, Suella Braveman, acabó tumbado por el Tribunal Supremo.
Dentro del grupo parlamentario laborista han surgido ya voces, la mayoría aún de manera anónima, que expresan su malestar e inquietud ante el endurecimiento de la respuesta del Gobierno de Starmer. “Las protestas callejeras que no comportan algo de molestia no suelen ser eficaces. Ningún Gobierno debería ampliar poderes restrictivos que un día quizá acaben en manos de un futuro primer ministro como Nigel Farage”, ha remarcado Shami Chakrabarti, miembro laborista de la Cámara de los Lores y ex abogada general del Estado.
