“Ahí cayó muerto mi hijo”. Lo dice Eva María Vázquez, sentada sobre su cama, mientras señala la banqueta desde donde le están haciendo esta entrevista. Jaime González fue asesinado dentro de una casa todavía en construcción, en un barrio humilde de Irapuato, en el Estado de Guanajuato, en el centro de México. Era el tercer hijo que le arrebataban. Lo mataron mientras su madre y el esposo de ella, Francisco Arias, estaban en la planta de abajo, con la cara contra el piso, las manos enredadas en la espalda, amenazados con una pistola. Antes de abandonar la vivienda, el comando armado se llevó también a Arias, al que todo el mundo conoce como Panchito. Lo hicieron por si acaso. No estaban seguros de haber matado a quien les habían encargado.
—¿Qué hacemos con este pinche viejo?, preguntó uno de ellos.
—Llévatelo, llévatelo, que al cabo traemos la foto, contestó otro.
Panchito, de 54 años, buscador del colectivo Hasta Encontrarte, desapareció el 9 de junio de 2025. Todavía no se sabe nada de él. Es una de las 14.790 personas que han desaparecido en el primer año de Gobierno de Claudia Sheinbaum. En comparación con año de estreno del sexenio de su predecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador, las desapariciones han aumentado un 72% en el país. En algunos Estados, como Baja California, Campeche o Chiapas, el incremento roza el 1.000%. La tendencia todavía se supera en Aguascalientes, donde se pasó de nueve a 129 desaparecidos, o en el Estado de México, donde se registraron 83 desapariciones de diciembre de 2018 al año siguiente, y ahora, entre el 1 de octubre del 2024 y el de 2025, se han reconocido 2.135 casos. Mientras el Gobierno celebra el éxito de su estrategia de seguridad, todos ellos son la crisis que la presidenta mexicana no logra atender.
El inicio de la batalla se llevó a Gerardo
Eva María Vázquez coloca en el 24 de octubre de 2017 el comienzo de su “calvario”. Ese día mataron en una calle de Irapuato a su hijo Gerardo Leiva, que iba a cumplir 25 años. Empezaba entonces la guerra en Guanajuato. El Estado se había mantenido al margen de las brutales dinámicas criminales de vecinos como Jalisco. Pero en esos momentos terminaba de fortalecerse un grupo de origen local, el Cartel Santa Rosa de Lima, que pasó de dedicarse a la extracción de hidrocarburos a disputar al Cartel Jalisco Nueva Generación todos los negocios: querían la extorsión, la trata, el narcomenudeo. La pelea se sintió como una oleada en todo el Estado, pero arañó sobre todo al boyante corredor industrial, formado por León, Irapuato, Celaya y Salamanca.
Esta batalla —que todavía sigue— dio vía libre a las atrocidades. Desde 2018, Guanajuato es el Estado más letal de México, el 11,6% de todos los asesinatos del país se cometen en este territorio de poco más de seis millones de personas. También ocupa los primeros lugares en el hallazgo de fosas clandestinas, con más de 700. El latigazo de los desaparecidos fue vertiginoso. En siete años, se ha pasado de 640 desaparecidos a más de 5.300; solo en este primer aniversario de Sheinbaum —y del nuevo Gobierno estatal— se han registrado casi 1.000 casos nuevos.
“Todavía no había asumido lo de Gerardo, cuando pasó lo de Miguel”, dice Eva Vázquez, arreglada con un conjunto rojo y unos pendientes brillantes. Habían pasado algo más de cuatro años. Un grupo vestido de policía entró en la casa en la que dormía Miguel González el 20 de enero de 2022 y se lo llevó en la madrugada. Su madre estaba recuperándose de un ataque que había ocurrido en el mercado donde vendía tamales: “Llegaron a matar a un chamaco, las balas alcanzaron la olla de los tamales y me brincaron las famosas esquirlas. Estuve en terapia intensiva a punto de morir”.
El cráneo de Miguel
Cuando Eva se recuperó, se integró en el colectivo de búsqueda Hasta Encontrarte. No solo ella, también Panchito, su pareja desde hacía 10 años. Desde ese día, juntos peinaron cerros, escarbaron en fosas, acompañaron a otras familias. En febrero de 2023, la Fiscalía de Guanajuato la llamó para entregarle el cráneo de Miguel. Lo tenían desde el 25 de enero del año anterior, es decir, cinco días después de que se lo llevaron. Los agentes ministeriales encontraron la cabeza de Miguel en Silao, dentro de una bolsa negra. Dicen que no hallaron el resto del cuerpo. Tardaron más de un año en avisar a su madre.
“Ellos me enseñaron fotos de un cráneo ya óseo. Yo lo miraba y lo miraba, porque de niño él tuvo un accidente en la escuela, cuando se brincó de un techo y se pegó en sus dientes y se le habían quedado chuequitos. Y cuando me enseñaron la foto, yo le miraba sus dientes y para mí era como que no lo quería aceptar y todavía hasta la fecha no lo acepto, porque una se rehúsa aceptar la realidad, ¿verdad? Si a mí me hubieran enseñado una foto al momento de que encuentran su cabecita, pues lógico todavía tenía carnita mi hijo. Es lo que una dice: ¿por qué no enseñan nada más que una cabeza disecada? Lógico que existe la prueba del ADN, que es algo que no se puede equivocar, pero para una madre no es suficiente eso”.
El caso de Miguel no es extraño. En el panteón forense de la Fiscalía de Guanajuato había hasta agosto del año pasado 929 cuerpos, casi todos sin identificar todavía. Eso se traduce en casos como el de Isaac Aarón, a quien su familia buscó durante cuatro años y todo ese tiempo lo había tenido la Fiscalía. La situación se repite por todo el país, donde la crisis forense alcanza los 72.100 cuerpos. Un lastre que fue agravado por el desmantelamiento de las instancias de identificación que consolidó López Obrador y para el que Claudia Sheinbaum no ha iniciado ninguna acción en su primer año.
Panchito y las buscadoras
Una buscadora nunca deja de buscar. Incluso las veces —no tantas— que consigue encontrar completo a su hijo, a su esposo o a su hermana, sigue rastreando. Son muchos los que faltan. Así, Eva y Pancho continuaron todos los años siguientes al hallazgo de Miguel en la búsqueda. Su colectivo, Hasta Encontrarte, logró recuperar en dos años más de 230 cuerpos en Guanajuato. A cada rastreo llegaba Francisco Arias, servicial y parlanchín. El buscador iba hasta cuando Eva —aquejada todavía por las lesiones— ya no podía acompañarlo. “Un día se llevó el susto de su vida porque le salió una víbora en una búsqueda. Y ahí andaba él, corre y corre como chapulín y la víbora detrás de él”, se ríe Eva Vázquez por primera vez: “Enseguida vinieron los de la patrulla a entregármelo porque se puso mal del susto”.
Es el colectivo con el que buscaba el que ahora lo busca a él. “Yo tenía la esperanza que me lo soltaran porque Pancho no debía nada. Pero no sabemos nada de lo que pasó, si lo tendrán vivo, si no lo tendrán vivo. Yo solamente le llamo a las autoridades, le llamo a las personas que me lo tienen, que tengan piedad y misericordia”, relata rota la buscadora. La ONU ha activado una acción urgente para presionar al Gobierno mexicano, pero Hasta Encontrarte afirma que lo único que ha hecho la Fiscalía del Estado es dificultar la búsqueda, tratando de evitar incluso dar una copia de la carpeta de investigación a la familia.
Con Pancho son ya cuatro los buscadores que permanecen desaparecidos en Guanajuato. Otros seis han sido asesinados en los últimos años en el Estado. Una cifra trágica que tampoco deja de crecer en el país, con 26 buscadores asesinados desde 2010. En el Gobierno de Claudia Sheinbaum, además de la desaparición de Pancho, se ha identificado la del padre buscador Héctor Aparicio en febrero en Veracruz, y la de Luz Lara y Óscar Iván Jiménez, en noviembre también en Guanajuato. “Panchito era mi brazo derecho, ahora me dejaron desprotegida”, llora Eva Vázquez, que teme por su vida y también por la de Luis, el último hijo que le queda.
El gran pendiente de Sheinbaum
La presidenta mexicana celebra en cada acto de su primer aniversario la reducción de homicidios en el país. Fue en agosto del 30%, si se compara con la cifra que dejó López Obrador. Además se han arrestado a más de 30.000 personas y decomisado miles de armas y de toneladas de drogas. Sheinbaum insiste en que la estrategia funciona. Pero hay una cifra que se le resiste: la de los 133.000 desaparecidos en el país. Un número que crece sin freno en el registro oficial de la Secretaría de Gobernación.
Este dato ha llevado al Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU a afirmar que en México la desaparición es “generalizada y sistemática”. El delito tiene, además, una impunidad del 99%. Esas dos cifras juntas —apuntan los expertos de Naciones Unidas— impiden, por ejemplo, saber si han participado agentes del Estado en las desapariciones o si han permitido a grupos criminales llevarlas a cabo. Todo esto llevó al CED a aplicar este abril, por primera vez en su historia, el artículo 34, que está pensado para escalar el caso de un país hasta la Asamblea General de la ONU.
El Gobierno de Sheinbaum reaccionó con furia. Tanto organismos públicos, como secretarios, legisladoras y hasta la propia presidenta desdeñaron el aviso de Naciones Unidas. “En México no hay desaparición forzada desde el Estado”, afirmó Sheinbaum, pese a los cientos de casos en los que está comprobada la participación de agentes públicos. Algunos de ellos claves para el país, como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que llegan a su onceavo aniversario sin apenas respuestas del Gobierno.
Raymundo Sandoval, fundador de la Plataforma por la Justicia y la Democracia de Guanajuato, considera que el abordaje de la presidenta de esta crisis ha sido “desastroso”. “No solo porque se ha confrontado con Naciones Unidas, sino porque ha ignorado las recomendaciones establecidas desde 2021 por el CED, especialmente la relativa a establecer una estrategia nacional de prevención y erradicación de las desapariciones”, valora el activista.
Entre las peticiones que la ONU lleva años haciendo a México está “la urgencia de detener el aumento de las desapariciones, buscar a las personas que actualmente se encuentran desaparecidas y establecer una estrategia integral”. “Si bien esto suena sencillo, la administración de Sheinbam no lo ha hecho. Al contrario ha tratado igual que el gobierno de Andrés Manuel de luchar sobre el tema del discurso sobre las desapariciones”, apunta Sandoval, en referencia a los intentos de reducir el número de desaparecidos interviniendo en el registro oficial o la apuesta por implementar una CURP biométrica para buscar a personas sin localizar, ambas medidas muy rechazadas por los colectivos.
Cuando desaparecieron a Miguel, Eva y su familia se convirtieron en la “comidilla” del barrio. “Era un bicho raro”, dice la mujer antes de despedirse, “ahora, aquí en la colonia, ya son cinco desaparecidos recientemente además de Pancho. Ya se ha vuelto rutinario”.
