La amenaza se cumplió por esta vez. A las 00:01 de este miércoles (6:01 en la España peninsular) y en vista de la falta de acuerdo en el Senado para adoptar una prórroga de la financiación de los fondos federales, llegó el —siempre temido en Washington— cierre parcial del Gobierno, el primero en casi siete años. Fue después de que los demócratas de la Cámara alta se negaran a transigir con la aprobación de un parche que habría permitido que el grifo de la Administración permaneciera abierto durante siete semanas hasta el siguiente examen presupuestario del 21 de noviembre.
¿El motivo? Buscaban un compromiso por parte de los republicanos de que no desaparecerá al final de año una parte de los subsidios aprobados durante la pandemia correspondientes a la ley conocida como Obamacare, que extendió la protección médica a millones de estadounidenses no cubiertos por los seguros privados. También pedían la reversión de los recortes a Medicaid y otros programas de salud contenidos en la “ley grande y hermosa”, la gran reforma fiscal de Donald Trump. Esas exigencias obedecían tanto a la necesidad urgente de enviar a su base una señal de que, casi un año después de la derrota en las urnas, están listos para la pelea con Trump, como a la confianza en que enarbolar la bandera del gasto en sanidad les traerá réditos en las elecciones de 2026.
Los republicanos, por su parte, empujaron hasta el final por la aprobación de la prórroga, durante la que, con el Gobierno abierto, prometían discutir sobre esas exigencias.
Las últimas horas antes del shutdown, que es como se conoce en la jerga de Washington a un fenómeno recurrente (el Gobierno ha cerrado 21 veces en los últimos 50 años), se fueron, más que en una vertiginosa negociación a contrarreloj, en una perezosa asunción de que la cosa no tenía marcha atrás, así como en un cruce de acusaciones entre ambos partidos.
También en un par de votaciones de aire sonámbulo en el Senado, donde los republicanos tienen 53 escaños (frente a los 47 de sus rivales) y necesitaban 60 síes para obtener la mayoría cualificada. En la Cámara de Representantes, los conservadores cuentan con una mayoría simple, suficiente en este caso, y ya habían solventado el trámite antes, por lo que su líder, el speaker Mike Johnson, dio vacaciones a sus congresistas, que se fueron a casa a esperar lo inevitable.
A eso de las 19:00 del martes estuvo claro que no habría pacto in extremis, cuando la última votación de la propuesta republicana se saldó con 55 votos a favor y 45, en contra. Cuatro senadores se pasaron de bando. Fueron los demócratas John Fetterman (Pensilvania), Catherine Cortez Masto (Nevada) y el independiente Angus King (Maine), así como Rand Paul, republicano disidente de Kentucky, que votó con los demócratas.
Trump había recibido el lunes a los cuatro líderes de ambos partidos en el Capitolio para discutir cómo sortear el shutdown. No sirvió de mucho, salvo para que el presidente de Estados Unidos no dejara pasar la oportunidad para empañar el debate que habían mantenido a puerta cerrada con la publicación, unas horas después, de un ofensivo mensaje en su red social, Truth. Se trató de un clip para el que alteró con intención racista y con la ayuda de la inteligencia artificial el vídeo de las declaraciones de ambos líderes demócratas, Hakeem Jeffries (líder de la minoría en la Cámara de Representantes) y Chuck Schumer (Senado).
A Jeffries le añadió un sombrero mexicano y un bigotón de dibujos animados e hizo a Schumer decir que lo que pretendían con sus exigencias era dar “atención médica gratuita a los inmigrantes ilegales” para hacer que voten demócrata, pese a que la ley no lo permite. “Ni siquiera hablan inglés, así que no se darán cuenta de que solo somos un montón de progresistas de mierda”, añadía el mensaje del presidente de Estados Unidos.
En 2018, Trump se convirtió en el primer mandatario de la historia en ver cómo se cerraba su Administración pese a tener el control del Congreso. No solo: se enfrentó a otro shutdown a los pocos meses. Este martes, cuando estaba a punto de pasar por ese mismo trámite por tercera vez, dijo que había “mucho positivo” en una crisis que pone en entredicho el sostén de decenas de miles de personas e interrumpe servicios públicos. Añadió que esta le permitirá “tomar decisiones irreversibles” que lamentarán los demócratas, ante la ausencia del control del Capitolio, un control que en los primeros meses de su segunda presidencia ha sido, por otra parte, escaso.
El presidente de Estados Unidos amenazó la semana pasada con que aprovechará este impasse en la financiación federal para despedir indefinidamente a miles de funcionarios (tantos como hasta 200.000). Eso le permitiría continuar con las tareas de demolición de la Administración pública que comenzaron con su regreso al poder y con la creación de esa motosierra del gasto federal llamada Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), al frente de la cual puso a Elon Musk.
Amenazas de la Casa Blanca
Cualquier cierre de Gobierno supone la suspensión temporal de empleo y de sueldo de muchos de esos funcionarios (por ejemplo, del 89% de la fuerza laboral de la agencia de protección del medioambiente y del 87% en el Departamento de Educación). La diferencia es que este puede significar que esos empleados nunca vuelvan al trabajo si la Casa Blanca cumple con sus amenazas. Se da además la circunstancia de que este 1 de octubre expiraba el plazo para los trabajadores públicos que siguieron cobrando antes de que sus despidos, ordenados por el DOGE entre el final del invierno y la primavera, se hicieran efectivos. Se calcula que desde la llegada de Trump al poder, más de 200.000 personas han sido despedidas o se han acogido a bajas incentivadas.
Otra diferencia entre este y otros cierres de Gobierno, en los que la Administración centralizó la información sobre lo que seguirá funcionando y lo que no, es que en esta ocasión abundan las incógnitas sobre qué parte del aparato federal quedará paralizado hasta nuevo aviso, lo cual, si se atiende a los precedentes, puede ser un lapso de varias semanas. El shutdown más largo de la historia fue con Trump en la Casa Blanca. Empezó a finales de 2018 y terminó a principios de 2019, y duró 34 días.
Sí se da por hecha la parte en la que unos 750.000 empleados federales se quedarán en casa, lo cual añadirá un toque aún más fantasmagórico a la ciudad de Washington, ya maltrecha por los despidos del DOGE y aún tomada por la Guardia Nacional por orden de Trump en agosto para acabar con el crimen.
Además, es de esperar que los museos, parques nacionales y monumentos cierren, y eso incluye desde los centros Smithsonian de la capital hasta, por ejemplo, la estatua de la Libertad. O el Joshua Tree, donde en 2019 unos turistas aprovecharon la falta de vigilancia para talar árboles que tardan 50 años en volver a crecer. También se verán afectados los trámites de visados o de expedición de pasaportes, así como las tareas de control e inspección alimentaria.
Muchos servicios “esenciales” seguirán su curso habitual: la seguridad social, las ayudas médicas incluidas en Medicare, los subsidios al desempleo, el apoyo a los veteranos, los agentes migratorios, la patrulla fronteriza o la previsión oficial del tiempo. El tráfico aéreo también se considera parte de esos asuntos prioritarios, pero en shutdowns pasados muchos controladores, que pueden trabajar, pero sin cobrar hasta que pase el cierre, optaron por no hacerlo, y eso provocó retrasos y cancelaciones de vuelos.
Hasta saber el alcance real de la interrupción de la Administración federal, que para millones de ciudadanos que no vivan en Washington puede pasar desapercibida en su vida cotidiana, tampoco está claro de momento cuánto puede durar el cierre. Ni cómo piensan ponerse de acuerdo ambos partidos, teniendo en cuenta la temperatura que registra el debate.
Entretanto, la pugna será por ver quién domina el relato político y logra colgar la culpa del cierre al rival, de sus consecuencias económicas y del trauma para decenas de miles de personas que se verán afectadas. En otras palabras: ¿Pasará este a la historia como el shutdown de Trump? ¿O el de los demócratas?
Los republicanos insisten en que estaba en la mano de sus rivales evitarlo. Estos arguyen que un partido que controla los tres poderes —Ejecutivo, Legislativo y Judicial (seis de los nueve jueces del Supremo son conservadores)— siempre está en condiciones de evitar un shutdown. Ya saben, esa amenaza recurrente en Washington que esta vez sí, esta vez llegó.
